Los alquileres que se pactaron en el último mes de común acuerdo entre propietarios e inquilinos tras la derogación de la Ley de Alquileres, se observó una mayor tendencia a realizar contratos de corto plazo con incrementos atados a la inflación, mientras que los precios de publicación siguen en alza.
La entrada en vigencia del DNU 70/2023 el pasado 29 de diciembre dejó sin efecto la controvertida ley que regulaba los contratos de locación y que se mantiene únicamente para los contratos que se firmaron con anterioridad.
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Desde julio de 2020 el mercado funcionaba bajo las condiciones de la Ley de Alquileres y desde entonces se registró una caída importante de propiedades en oferta y suba de precios, que de acuerdo con inmobiliarias y propietarios eran efecto de la regulación.
Transcurrido un mes de la derogación, Inquilinos Agrupados relevó cómo cambiaron las condiciones de los contratos y las exigencias a la hora de acceder a una vivienda en alquiler.
Según la Encuesta Nacional Inquilina realizada en enero, en todo el país, los contratos de alquiler pactados durante el último mes son en su mayoría de corta extensión, con plazos de entre uno y dos años, en su mayoría con ajustes trimestrales o en el mejor de los casos cada seis meses.
La amplia mayoría (92,9%) de los inquilinos encuestados consideró que 2024 será peor que el año pasado.
En lo que respecta a los plazos, el 87,3% de los contratos que se firmaron tras la entrada en vigencia del DNU tienen una actualización por períodos menores a 6 meses, de los cuales el 25% es cada 3 meses.
A esto se suma que el 51% de los contratos firmados en el último mes tienen menos de un año de duración.
