Los últimos días de julio del año pasado, el ex despachante de aduanas Diego Alfredo Aliaga de 51 años de edad, fue el hombre más buscado de la provincia. Es que denunciaron que fue víctima de un secuestro extorsivo, pero luego fue hallado muerto en un descampado de la localidad de Costa de Araujo, departamento de Lavalle.
Ahora vuelve a ser ubicado en el centro de la escena judicial en el marco de la causa por coimas en el Juzgado Federal Nº 1 a cargo del juez Walter Bento, ya que sería el nexo entre los delincuentes y sus abogados, quienes pactaban algún beneficio procesal a cambio de una suma de dinero, y el propio magistrado.
Tras casi un año de radicada la denuncia por el secuestro extorsivo de Aliaga, realizada en la Oficina Fiscal Nº19 de Rodeo de la Cruz, la causa terminó con 5 personas procesadas y en la cárcel.
En las últimas horas, según pudo saber diario El Sol de fuentes judiciales, el fiscal Fernando Alcaraz dio por finalizada la instrucción que investiga el asesinato del ex despachante de aduanas.
Alcaraz entiende que no hay más prueba para producir, de hecho, con lo incorporado durante la instrucción al expediente, cree que los imputados serán condenados a penas muy duras.
En tal sentido, el fiscal no duda de la responsabilidad del socio de Aliaga, Diego Barrera, y de la familia de este, su mujer, Bibiana Sacolle, los hijos de ella, Lucas y Gastón Curi y uno de los empleados de su empresa, Yamil Rosales.
Los 5 acusados se encuentran pasando sus días en distintas cárceles del Gran Mendoza y todos ellos han cuestionado, por separado, los elementos que se hallan en el expediente. El punto en el que más posaron la lupa tiene que ver con la competencia federal.
Es dable recordar que a fines de septiembre del 2020, el juez Marcelo Garnica se declaró incompetente con el fin de hacerse a un lado de esta causa al entender que no se trató de un secuestro extorsivo. Al cabo de un mes, la Cámara de Apelaciones resolvió devolverle la causa.
Como este, hay una serie de nulidades que, a pesar de haberse finalizado la instrucción, demorarán la elevación a juicio o la confirmación de la acusación. Son más de 40 los planteos realizados por la defensa que deberán ser analizados por el Tribunal de Alzada.
Los 5 puntos más importantes:
-En una de las primeras intervenciones en la causa, la defensa señala que al no estar frente a un secuestro extorsivo el caso debió ser investigado por la Justicia ordinaria como homicidio simple.
-Otro de los fundamentos sostiene que el principal imputado, diego Barrera, aseguró haber estado 48 horas detenido sin una orden.
-La defensa también cuestiona el primer allanamiento en la propiedad del Barrio Dalvian, en Ciudad. En tal sentido, pidió la incorporación de las desgrabaciones del CEO de las comunicaciones que realizaron los policías que participaron en el procedimiento ya que, según sostiene, ese día se llevaron documentos de la propiedad que fueron manipulados para complicar a Diego Barrera.
-También se puso bajo la mira el procesamiento, es que la defensa insiste en que no se está frente a un secuestro extorsivo y que pidió que le dejen declarar testigos “calificados”, como policías especializados que trabajan estos casos.
-Además se avanza contra el peritaje caligráfico que confirmaron que Aliaga fue asesinado en el marco de presiones para firmar documentos.
Es por ello que a pesar de ya no incorporarse más elementos al expediente, la Cámara de Apelaciones deberá expedirse sobre cada uno de estos y otros puntos, por lo que un juicio contra los acusados está lejos y podría llegar recién en 2022.
Fue Yamil Rosales quien, al paso de los días, se quebró y marcó el lugar donde se había descartado el cadáver.
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