Los frentes judiciales contra Alberto Fernández avanzan a un ritmo que probablemente ni el propio ex presidente logró advertir. Son una serie de causas que comienzan a complicarlo de forma directa.
Una de ellas, que tuvo los avances más recientes, es la relacionada con la violencia de género hacia la ex primera dama Fabiola Yañez. Esta es, de hecho, la que mayor avance procesal presenta.
El pasado martes, el juez federal Daniel Rafecas rechazó los pedidos de nulidad de la defensa del ex mandatario validando toda la investigación previa y dejando este caso a solo un paso del juicio oral.
Es un expediente en el que Alberto Fernández ya está procesado por la Cámara Federal por los delitos de lesiones leves y graves, agravadas por el vínculo y el contexto de violencia de género sumando amenazas coactivas.
Los elementos que analiza la justicia son comprometedores, ya que cuentan con chats en los que Yañez le recrimina agresiones y fotos en las que se ven los hematomas causados por los supuestos golpes.
A ello se suma una serie de testimonios del entorno de la ex primera dama y hasta del médico presidencial Federico Saavedra, y una serie de peritajes psicológicos que acrediten el daño emocional y la relación de poder.
Pero no es el único expediente judicial que lo tiene a mal traer al ex presidente, ya que hay otra causa, la de Nación Seguros, donde se investiga una red de corrupción en la contratación de pólizas estatales a través de intermediarios allegados al poder.
En este caso también se encuentra procesado el ex presidente por negociaciones incompatibles con la función pública, hecho que hoy está revisando la Cámara de Casación Penal para su elevación a juicio.
En este proceso, Alberto Fernández enfrenta un embargo de bienes por más de 14 mil millones de pesos, que da cuenta de la magnitud del desfalco generado por esta supuesta red de corrupción.
Los elementos de prueba son contundentes y el principal refiere al documento firmado durante su presidencia en el que se obliga a los organismos a contratar exclusivamente a Nación seguros fomentando la intermediación de brokers.
Ello en sí no dice mucho, pero los peritajes revelaron chats con su secretaria privada, María Cantero, que exhiben cómo se buscaban gestionar beneficios para el brocher Héctor Martínez Sosa.
Lo que a fin de cuentas detectó la Justicia es un bloque conformado por Alberto Fernández, Cantero y Martínez Sosa con el fin de concretar lo que determinó “una unidad de negocios” detectando el cobro de comisiones millonarias para el broker amigo del presidente.
Hay una tercera causa, y quizá la más explosiva por el contexto en el que se dio, que tiene que ver con la conocida “Fiesta de Olivos”, la demostración de cómo el presidente utilizó su investidura presidencial para valerse de beneficios con los que ningún ciudadano contaba en un momento de restricciones severas por la pandemia del Coronavirus.
Si bien quedó impune tras el pago de una reparación económica aceptada por la justicia, su impacto simbólico fue el disparador que permitió, años después, el hallazgo de las pruebas para las causas actuales.
Hoy hay una investigación secundaria derivada de los chats de la ex secretaria Cantero en las que existen líneas abiertas por supuesto tráfico de influencias en contrataciones menores y el manejo de la agenda presidencial para favorecer a terceros.
La estrategia de la defensa del ex jefe de Estado es intentar postergar los plazos mediante la presentación de recursos, pero la justicia avanza en la validación de las pruebas recolectadas.
Todo indica que Alberto Fernández va camino a una primera condena por violencia de género y una posterior aún más grave en lo meramente normativo que refiere a la causa de los seguros.
La suerte se le empieza a terminar al ex presidente.
