Poco había pasado desde que el presidente Javier Milei anunció que enviará la reforma electoral al Congreso, para que el bloque de diputados de la Unión Cívica Radical (UCR), encabezado por la ‘cornejista’ Pamela Verasay, hiciera lo propio.
A última hora del martes, desde dicho sector confirmaron que presentaron “un Proyecto de Ley para la modificación de la Ley Orgánica de Partidos Políticos para extender la inhabidad, tanto a candidatos a cargos electivos como a funcionarios designados, frente a condenas dictadas, aunque no se encuentren firmes”.
Destacaron que la iniciativa, principalmente, “propone incorporar ilícitos contra la administración pública y los delitos contra el orden económico y financiero directamente vinculados a la corrupción y al fraude al Estado“.
“Asimismo, hacia conductas cuya gravedad resulta incompatible con el ejercicio de la función pública: délitos contra las personas en sus formas más graves, délitos contra la integridad sexual, delitos contra el estado civil, delitos conta libertad, incluyendo la trata de personas y la reducción a servidumbre, delitos contra la propiedad en sus modalidades agravadas y, finalmente, delitos contra los poderes públicos y el orden constitucional“, ampliaron en el texto.
Al momento de la fundamentación, desde el radicalismo explicaron que “uno de los principales aportes del presente proyecto es la extensión del principio de ficha limpia a la totalidad de la función pública y no sólo a quienes accede a través de procesos electorales“.
“Resultaría paradójico exigir requisitos más estrictos a los empleados públicos de carrera – que deben acreditar la inexistencia de antecedentes penales, que a ministros, secretarios o autoridades que administran presupuestos superiores al del conjunto del Poder Legislativo”, continuaron.
Y enfatizaron en que esta propuesta “sigue el modelo consagrado por la Ley N° 9.281 de la Provincia de Mendoza“, por medio de la cual se “extiende la inhabilidad tanto a cargos electivos como a funcionarios designados frente a condenas dictadas, aunque no se encuentren firmes”.
Resaltaron también que ese mismo paradigma “fue recogido por legislaciones similares de las provincias de San Juan y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y tiene sustento en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que ha señalado que la idoneidad no excluye la imposición de requisitos éticos atinentes a la integridad de la conducta”.
A modo de síntesis, completaron: “El presente proyecto de ley se propone dotar de plena operatividad al requisito de idoneidad que el artículo 16 de la Constitución Nacional impone a toda persona que aspire a desempeñarse en la función pública, sea mediante elección popular o designación. Este principio central del modelo republicano de gobierno, dispone que todos los habitantes son admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad. Lejos de tratarse de un estándar de formación y condicionamiento puramente técnico, la idoneidad comprende también la integridad ética y el compromiso con los valores de la democracia constitucional”.
El proyecto, además de la firma de los mendocinos Verasay y Lisandro Nieri, fue respaldado por los diputados Guillermo Agüero, Gerardo Cipolini, Diógenes González y Dario Schneider.
