Prohibido despedir en la Argentina

Funcionarios del Gobierno se lo habían mencionado a la Confederación General de Trabajo.

El Gobierno nacional resolvió volver a extender la prohibición de despedir empleados como así también prorrogó la doble indemnización que rige desde el comienzo del mandato de Alberto Fernández.

Funcionarios del Gobierno se lo habían mencionado a la Confederación General de Trabajo (CGT) el viernes por la tarde, por lo que los decretos serían publicados entre el lunes y el martes.

Según publicó Ámbito, la prohibición de desvincular empleados regirá, por lo menos, hasta enero del 2021 y la duplicación del valor indemnizatorio sería hasta mediados del año que viene aunque se estarían analizando medidas para realizar una implementación distinta de cara a proteger a los trabajadores más desprotegidos.

Es dable rememorar que la doble indemnización se había puesto en diciembre pasado, no bien asumido Alberto Fernández a la presidencia y era una medida que iba a durar 180 días, aunque con la entrada de vigencia de la cuarentena se resolvió extenderla hasta fin de año.

Respecto de la prohibición a realizar despidos, fue algo impuesto directamente por el inicio del aislamiento social preventivo y obligatorio y su duración había sido pensada por 60 días, aunque se siguió prorrogando sin solución de continuidad.

Mientras tanto, el viernes último, el Ejecutivo oficializó la puesta en marche de un segundo programa de Recuperación Productiva (REPRO) que se encuentra bajo el mando del Ministerio de Trabajo a cargo de Claudio Moroni.

Se trata de una medida pensada para abonarles a los empleados de las empresas adheridas una suma de dinero correspondiente a remuneraciones de hasta 9 mil pesos.

En caso de que el haber neto sea menor, el subsidio se mantendrá en los valores netos que percibe el trabajador, ello según se desprende del decreto 938/2020.

Aunque el beneficio tendrá una duración de dos meses, la actualización será mensual y en las empresas beneficiadas se considerará “la cantidad de empleadoras y empleadores postulantes, la situación económica, patrimonial y financiera de los mismos, las condiciones imperantes de la economía nacional y el presupuesto asignado al Programa”, según indica la misma resolución.

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