Al momento de jubilarse, lejos de acceder a los haberes que les corresponden, los integrantes de las fuerzas de seguridad comienzan a transitar un camino arduo y, como si ello fuera poco, son muy pocos los oficiales retirados que logran acceder a cualquier aumento o bonos no remunerativos.
Es en ese contexto que empezaron a manifestarse oficiales retirados con el fin que tanto desde el Ejecutivo como desde el Legislativo los atiendan y entiendan sus necesidades. De no ser oídos aseguran que avanzaran por la vía judicial.
Allí el Gobierno tiene todas las de perder, ya que existe el precedente de un efectivo que luego de litigar por 14 años, primero desde la provincia hasta llegar a la Corte Suprema de la Nación, donde se le tuvo que abonar el retroactivo de todos esos años.
Ya llevan dos movilizaciones y en la última entregaron documentación tanto a la Comisión Bicameral de Seguridad como a la Comisión de Derechos y Garantías, indicando que esos mismos documentos ya habían sido enviados al Poder Ejecutivo y señalando que este era el paso previo para llevar el caso al Poder Judicial.
En ese momento, se mostró presente El Ciudadano, quien dialogó con el suboficial retirado Héctor Pelayes: “Nosotros tuvimos una primera reunión el pasado 3 de febrero, ahora, volvemos insistir con el reclamo a este bono, el negro que el Ejecutivo provincial dio a toda la administración pública, incluidos los policías”, comenzó mencionando.
“Consideramos que debería ser trasladado a los retirados porque tenemos ley de movilidad jubilatoria. Sin embargo, el Gobierno cometió la torpeza emitir dos decretos: el primero que nos correspondía e inmediatamente otro que anulaba al anterior, argumentando que no nos correspondía. Por eso nos movilizamos hasta la Legislatura presentando el reclamo por escrito ante autoridades legislativas, en la Comisión de Derechos y Garantías y en la Bicameral de Seguridad. Similar documento también fue remitido a Casa de Gobierno”, explicitó Pelayes.
Preguntado respecto de una probable demanda en la Justicia, respondió que “si no tenemos respuesta de ninguno de los organismos a los que acercamos el reclamo de todos los retirados de la Policía, tomaremos un precedente muy importante que existe en el país. Se trata de un funcionario que demandó a la Provincia y a la ANSES, y logró una sentencia para que se haga efectivo el pago retroactivo tras 14 años de litigar”.
“Gracias al logro de este hombre, transitando los pasillos del Poder Judicial provincial y luego hacerlo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, nos da la posibilidad de suscribirnos a ese precedente e iniciar la demanda judicial”, agregó.
“Le aclaro que no queremos judicializar el tema porque en algún momento el Gobernador (Rodolfo Suarez) dijo que este bono podría blanquearse en abril venidero. Por eso no entendemos que nos nieguen este bono si después lo van a blanquear y obligados nos tendrán que pagar”, analizó.
Asimismo opinó que “los jubilados de la provincia somos como ciudadanos de segunda y en consecuencia así somos tratados. El Gobierno creó el organismo OTP (Oficina Técnica Previsional) para trámites jubilatorios a los retirados de la Policía, trámites que demoran mucho tiempo, a lo que debemos agregar que la ANSES se toma también su tiempo”.
“Otro problema que nos afecta mucho es que, al no ser jubilados, cuando hay un aumento salarial a los activos que nos traslada a los retirados por este problema del ANSES y de la OTP, nosotros venimos a cobrar seis meses después de que lo cobran los activos. El ejemplo de cláusula gatillo es lapidario de lo que le expreso, (porque) la misma se dispuso en cuatro cuotas: la primera la cobramos seis meses después que la percibieran los activos, es decir, al próximo año después de las paritarias. Entonces, ahí empiezan los problemas de sacar los cálculos si somos beneficiados o no, porque si la última cláusula gatillo la cobramos después de marzo del año posterior, en las paritarias ya no entran esos reclamos, y por ende, somos perjudicados más de una vez”. Ultimó el ex policía.
