Gloria André, interinamente a cargo de la Fiscalía General N° 1 de Mendoza, solicitó hoy seis años de prisión para una contadora acusada de liderar una asociación ilícita fiscal que operaba como una “usina” de facturas. Para la representante del Ministerio Público Fiscal, a través de su propio estudio contable Silvia Gulino Ríos utilizaba los datos fiscales de sus clientes y ofrecía la posibilidad de emitir recibos apócrifos, con lo cual se llevó a cabo un fraude de más de 161 millones de pesos en perjuicio al erario público.
En la causa también están imputadas otras siete personas en calidad de integrantes de la organización, para quienes también se reclamaron condenas al término del alegato: la fiscal general pidió cuatro años de prisión para Daniel Cacciavillani, Armando Morón Caligari, Sandra Maldonado Jofré y Carlos Aguirre Fahnoe, y tres años y seis meses para Walter Lobos Domínguez, Florencia Morichetti Carrazco y Romina Molina Gulino.
La acusación
La causa se inició a partir de una serie de medidas de urgencia realizadas por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) tras notar que un contribuyente figuraba como proveedor de una firma llamada Marea SRL, con varias irregularidades en su facturación. Para rectificar esta situación, el hombre relató haber acudido al estudio de su contadora, Gulino Ríos, quien lo “aleccionó” para que le dijera a la administradora pública que no la conocía y, en caso de que le preguntasen al respecto, dijera que había realizado algunos trabajos para Marea, una firma cuya existencia desconocía.
Una vez que el hombre tomó conocimiento de que en las bases de la AFIP figuraba que había facturado electrónicamente a terceros por un monto aproximado a 35 millones de pesos, decidió formular una denuncia ante la entidad tributaria. Al momento de hacerlo detalló que hasta 2017 su contador había sido otro, hasta que un amigo llamado Daniel Cacciavillani le solicitó sus papeles contables para otorgárselos a Gulino Ríos. El contribuyente aseguró haber asistido a su estudio no más de tres veces y desconoció las operaciones facturadas electrónicamente con la salvedad de una, y manifestó no conocer su clave fiscal, ya que era utilizada por el estudio.
En febrero de 2018, la División Investigación de la AFIP Mendoza recibió una nota relacionada con un procedimiento de auditoría llevado a cabo a la contribuyente Marea SRL por varias inconsistencias de sus proveedores en una lista en la que el hombre figuraba con otros hombres como Ricardo Ríos, Walter Lobos y Carla Saavedra, entre otros. Así, la administradora fiscal pudo comprobar que tanto los recibos electrónicos del denunciante como del resto de los contribuyentes fueron realizados desde una misma dirección IP, perteneciente al estudio contable de Gulino Ríos.
Como corolario, la AFIP-DGI presentó una denuncia ante un juzgado federal e identificó a Gulino Ríos, Cacciavillani, Saavedra y Lobos, y solicitó una serie de allanamientos con el objetivo de desbaratar una presunta organización delictiva destinada a la confección y comercialización de facturas apócrifas para generar créditos fiscales y gastos ficticios, a cambio de una comisión del 35 por ciento de la facturación “vendida”. De esta manera, sus clientes disminuían sus saldos a pagar en el Impuesto al Valor Agregado y en el Impuesto a las Ganancias, generando así un perjuicio millonario a la recaudación del fisco.
La hipótesis es que la organización lograba disminuir los saldos a pagar en el Impuesto al Valor Agregado y en el Impuesto a las Ganancias, generando así un perjuicio millonario a la recaudación del fisco.
En los allanamientos realizados en los domicilios personales y laborales de los principales acusados se consiguió una cantidad de documentación, tanto en papel como en soporte digital, que permitió confirmar que la organización facturó 276 millones de pesos a través de este sistema, causando un perjuicio tributario de más de 161 millones de pesos, de acuerdo al último informe de la AFIP.
La investigación preliminar concluyó que Gulino Ríos y Caciavillani eran los jefes de la organización investigada, unidos a su vez por una relación sentimental. La primera, por los conocimientos adquiridos por su profesión de contadora, es quien se habría encargado de lo relativo a la forma y el modo de confeccionar las facturas apócrifas, mientras que el segundo era quien ofertaba el servicio, conseguía los contribuyentes “clientes” y administraba las entregas y cobros por sus prestaciones.No obstante, la fiscal André modificó el rol atribuido a Cacciavillani -de jefe de la organización a miembro-, al considerar que no contaba con elementos que lo señalasen por encima del resto, ya que no impartía órdenes a las empleadas del estudio ni tenía un posición jerárquica por encima del resto de los integrantes. Pero además, el grupo contaba también con el aporte de otras personas, como Saavedra, Morichetti, Molina Gulino, Morón, Aguirre, Lobos y Maldonado.
Para la fiscalía general Saavedra, Morichetti y Molina, en su carácter de empleadas del estudio de Gulino, tenían una participación activa. Además de brindar y poner a disposición su perfil tributario para generar crédito fiscal espurio, las tres acusadas estaban a cargo de tareas relativas a la confección y comercialización de dicho crédito fiscal mediante la impresión de talonarios, emisión de facturas de modo manual o electrónico a través de su CUIT o de un tercero, enviar la facturación solicitada y recibir y cobrar cheques por estas tareas.
Dentro de la misma organización, Lobos, sin estar en relación de dependencia con el estudio, habría aportado su perfil fiscal y/o el de sociedades de las que formaba parte o de distintas razones sociales de su titularidad a los mismos fines de engañar al fisco. Por último, Aguirre, Morón y Maldonado, todos contadores de profesión, oficiaban de distribuidores intermediarios, propagando los alcances de la actividad ilícita y logrando el crecimiento exponencial de la organización y también encargados de “conquistar” nuevos mercados.
El Ministerio Público Fiscal solicitó la elevación a juicio de los acusados por el delito de asociación ilícita fiscal, en tanto que el debate comenzó el 28 de julio de este año. Se realiza bajo una modalidad mixta, es decir, en parte presencial y en parte remota.
