La seguridad cibernética del Estado Nacional sufrió un golpe significativo tras un reciente y multitudinario hackeo sufrido por la Agencia Nacional de Seguridad Vial.
Un grupo de hackers logró violar la seguridad de la base de datos de licencias de conducir del país, comprometiendo más de 5,7 millones de registros, los cuales fueron posteriormente puestos a la venta en internet.
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El valor de esta extensa base de datos alcanza los 3.000 dólares, lo que llevó a los investigadores a plantear la hipótesis de que este incidente no es simplemente un acto delictivo convencional, sino más bien un mensaje político deliberado.
A diferencia de los típicos robos de datos, donde se busca obtener una ganancia económica y se negocia con la entidad afectada en busca de un rescate, en este caso los datos fueron directamente comercializados a un precio sorprendentemente bajo para este tipo de crímenes cibernéticos.
El mensaje político se ve reforzado por la elección específica de las tres licencias de conducir que acompañaron una declaración del grupo de hackers: las licencias del presidente Javier Milei, la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich y el Ministro de Defensa Luis Petri.
Como si esto no fuera poco, en un comunicado redactado en inglés, los hackers atribuyen la responsabilidad del robo de datos al presidente Milei, alegando que “no le interesa tener un plan de ciberseguridad, como en otros países del mundo”.