La Federación de Cooperativas Vitivinícolas Argentina (Fecovita) tomó notoriedad tiempo atrás luego de que saliera a la luz una causa judicial que la ponía contra las cuerdas.
Resulta que el titular de la Unidad Fiscal de Delitos Económicos, Flavio D´Amore, imputó a siete integrantes de la firma por balances falsos. Quienes quedaron comprometidos judicialmente fueron el ex presidente Eduardo Sancho, Marcelo Federici, Rubén Panella, Jorge David Irañeta, Eugenio Portera, Roberto Vázquez e Hilda de Vaieretti.
Por aquellos días, allá por octubre del año pasado, Fecovita cargó contra su ex socio Iberte, con quien se unió en 2021 para exportar vino y mostro a Europa.
Con el correr de las semanas, ambas firmas aseguraron haber sido estafadas por el otro. Sin embargo, la Justicia mendocina puso bajo la lupa a los directivos de Fecovita.
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Eduardo Gerome, ex juez y abogado penalista, se refirió a la posible intervención de la Federación de Cooperativas Vitivinícolas Argentina.
“Por lo que he estudiado de la causa, realmente me parece un exabrupto la opinión del fiscal haciendo la imputación, pidiendo ahora la intervención o la veeduría de la federación”, y fue por más. Inclusive, explicó que es “algo que va contra derecho, algo que viola la constitución nacional que habla de la defensa en juicio”.
“Se supone que las autoridades judiciales tienen que actuar en virtud de las pruebas que tienen, porque si no se transforman realmente en algo antojadizo, algo arbitrario, una cosa discrecional. Y precisamente creo que la Justicia está para tener actitudes justas“, añadió Gerome.
El reconocido ex magistrado explicó que “no hay ningún elemento en la causa que permita pedir la intervención judicial de la federación”.
Además, dijo que a Fecovita “la quieren los denunciantes que son dos compañías extranjeras que pretenden quedarse con una federación que es ejemplo en la provincia y en el país. Ya la fiscalía había hecho una imputación carente de todo sentido”.
“Lo que podemos analizar es que acá parece haber una persecución de la federación a capitular y vender la federación, entregársela a los denunciantes, a estas compañías extranjeras. Creo que la Justicia no puede prestarse a eso, creo que tiene que haber una gran confianza en la decisión judicial que impida esta arbitrariedad por parte de la fiscalía”, concluyó.
