La Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud (Ampros), que tiene al frente a Claudia Iturbe, amplió horas atrás la denuncia ante el Ministerio Público de Defensa, respecto del incumplimiento del Gobierno de Mendoza frente al alarmante incremento de la mortalidad infantil y materna en provincia.
Durante 2024 la tasa de mortalidad infantil tuvo un incremento de 5,5 a 7,5, lo que reuivale un 36,36%, mientras que la mortalidad materna registró un aumento en la tasa, que permanecía en 1,5 y subió a 3.
Claudia Iturbe, secretaria general de Ampros, agregó: “Esta crítica situación no es un hecho aislado, sino consecuencia directa de la negligencia reiterada y sostenida en la gestión pública sanitaria, caracterizada por la ausencia de políticas eficaces, desidia gubernamental y persistente precarización del recurso humano esencial en el sector de la salud”.
Además, explicaron que la mortalidad se vincula estrechamente con el desmantelamiento de las maternidades de los hospitales regionales de la provincia, que disminuyeron sus prestaciones.
Por otra parte, desde el gremio indicaron que no se tomaron medidas para favorecer a las instituciones que quedaron como referentes. En el caso del Valle de Uco, a modo de ejemplo, quedó el Hospital Scaravelli de Tunuyán, “pero no se amplió la red de camas ni la Neonatología. También se complica la derivación de madres por multi factores, entre ellos, la falta de ambulancias adecuadas”, añadieron.
Otros componentes, puntualizaron, son la crisis sanitaria caracterizada por la insuficiencia crítica de profesionales médicos pediatras, neonatólogos y gineco obstetras; la migración continua de profesionales de la salud hacia el sector privado, otras provincias y el exterior, generada por condiciones laborales y salariales desfavorables; el hacinamiento y las condiciones insalubres e inadecuadas en hogares y centros de salud, que comprometen severamente la vida de niños y mujeres embarazadas.
Por todos estos motivos, es que Ampros le pidió al Gobierno adopte medidas urgentes para la protección integral del derecho a la salud y vida, producción urgente de informes técnicos, estadísticos y el inicio de investigaciones para determinar responsabilidades.
