Según un informe publicado por el Centro de Estudios Económicos y Sociales, en la Ciudad de Buenos Aires el aumento de alquileres en abril osciló entre el 3,6% y el 5%, e interanualmente esa suba fue de entre el 38,4% y el 57,2%, ¿Pero qué es lo que pasa en Mendoza?
Para responder a esta pregunta, Christian Sanz y Claudia Durán se comunicaron con el empresario inmobiliario Santiago Debé, mediante el ciclo que conducen en Radio News.
“Esto fue provocado por la mal llamada Ley de Alquileres. ¿Por qué mal llamada Ley de Alquileres?, porque es una ley donde han tomado artículos del Código Civil y Comercial, la Nación los ha modificado y le han aplicado el nombre de Ley de Alquileres. Esto fue arrimar el fósforo a una bomba, porque ha provocado un desastre en el mercado locativo y es el causante de que los propietarios prefieran retirar sus propiedades del mercado locativo y ponerlos en venta o dejarlas desocupadas”, comenzó explicando.
Para argumentar sus dichos, resaltó que “se lleva, por ejemplo, el tiempo mínimo (de alquiler) a 3 años. En Argentina no sabemos lo que pasa hoy a la tarde, y por otro lado en el Gobierno de (el ex presidente) Raúl Alfonsín, en 1984 se dictó la ley que estaba hasta ese momento. Con 37 años de vigencia jamás causo un problema en el mercado inmobiliario”.
Por tanto, analizó que “se modificó en búsqueda de un rédito electoral, porque se pensó que algo que se presentó como beneficioso para los inquilinos le podía traer votos”, agregando que “ahora hay tres proyectos, dos para derogarla y uno para modificarla, porque ellos mismos se dieron cuenta de lo que han provocado. Han perjudicado por igual a propietarios, inquilinos y corredores inmobiliarios”.
“Realmente han cometido un error que es la intromisión del Estado en contratos donde priva la autonomía de las partes, porque son contratos privados entre el locador y el locatario”, comentó y añadió que “los políticos en general no creen en eso (de la ley de la oferta y la demanda) porque no tienen comercio, negocio y viven del Estado, entonces cuando el Estado se mete entre las dos partes sin conocer cuál es la idiosincrasia y lo mejor para las partes. Eso provoca un verdadero desastre”
En tal contexto, señaló que “la posible solución sería derogar los capítulos más conflictivos. Volver a los dos años con prorrogas hasta los 25 años, otra cuestión que hay que corregir es que se guían por un índice que tiene en cuenta el Banco Nación y la evolución de los salarios. Los propietarios no creen en eso, porque en Argentina hay una manipulación de los indicies. Con una inflación del 5% mensual la gente no lo cree. Aparte porque no sabe cuánto va a terminar pagando. Cuando se pactaba libremente un porcentaje, estaba por debajo del costo de vida, pero él (el inquilino) y el propietario sabían con cuánto iba a terminar el contrato, (ahora no) porque se desconoce mes a mes cual índice va a suministrar el Estado”.
Por tal motivo, explicitó que “el propietario que está cobrando la renta más baja de los últimos 30 años, lo que gana es un 2 a 2,5% promedio sobre el valor del inmueble anual. Con una inflación del 5% mensual el propietario dice: los DNU que me impedían aumentar el alquiler, no se podía desalojar. Entonces el propietario dice: tengo que pagar los daños de la propiedad, los impuestos y ahora encima ponen un artículo donde todos los contratos deben se registrados por la AFIP.
A partir del mes que viene, los alquileres podrían aumentar hasta un 45 % en Mendoza
