La pobreza en Argentina volvió a crecer durante el primer trimestre de 2026 y alcanzó al 30% de la población, mientras que la indigencia llegó al 6,5%. El dato marca una interrupción en la tendencia descendente que se observaba desde fines de 2024 y representa un aumento de 0,1 y 0,4 puntos porcentuales, respectivamente, en comparación con el último trimestre de 2025. Así surge de un informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la Universidad Católica Argentina (UCA), elaborado sobre la base de los microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del Indec.
Pese al deterioro trimestral, la comparación interanual continúa mostrando una mejora. En el primer trimestre de 2025 la pobreza alcanzaba el 31,4% y la indigencia el 6,9%, por lo que ambos indicadores permanecen por debajo de los niveles registrados un año atrás. Sin embargo, el estudio advierte que el proceso de reducción perdió impulso durante los primeros meses de 2026.
De acuerdo con las estimaciones de la UCA, alrededor de 1,3 millones de personas ingresaron a la pobreza entre el tercer trimestre de 2025 y el primero de 2026. El informe aclara que ambos períodos son comparables porque ninguno incorpora el impacto del pago del aguinaldo sobre los ingresos de los hogares.
Las mayores tasas de pobreza se registraron en los aglomerados urbanos de Concordia (52,5%), Gran Resistencia (49,7%), Posadas (42,6%), Gran Santa Fe (39,7%) y Corrientes (38,4%). En tanto, la indigencia presentó sus niveles más elevados en Gran Resistencia (24,3%), Concordia (11,2%), Posadas (10,7%), Gran Santa Fe (10,4%) y Corrientes (9,1%).
El director del ODSA, Agustín Salvia, identificó seis factores que explican el deterioro de los indicadores sociales. El primero fue la pérdida del poder de compra de los ingresos frente al incremento de las canastas básicas. Durante el primer trimestre, la Canasta Básica Alimentaria aumentó 11,6% y la Canasta Básica Total 9,6%, mientras que los salarios crecieron 8,6% y las remuneraciones del empleo registrado apenas 7%.
El segundo elemento fue el debilitamiento del mercado laboral. Aunque las tasas generales de empleo y desocupación prácticamente no variaron respecto del año anterior, la subocupación aumentó 1,1 puntos porcentuales y la informalidad trepó hasta el 44,2% de los trabajadores ocupados.
El informe también señala que la recuperación de los ingresos fue desigual. Si bien los ingresos nominales crecieron 35,6% interanual, el coeficiente de Gini pasó de 0,435 a 0,442, reflejando un incremento en la desigualdad. Según la UCA, la mejora promedio no alcanzó para compensar la situación de los hogares más vulnerables.
Entre las restantes causas aparecen la desaceleración de la actividad económica, que redujo la capacidad de generar empleo de calidad; la pérdida de poder adquisitivo de jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales debido al rezago en las actualizaciones; y el incremento de los gastos fijos, especialmente por el aumento de tarifas de energía, transporte y alquileres.
Como conclusión, el Observatorio sostuvo que una reducción sostenida de la pobreza dependerá de que el crecimiento económico se traduzca en más empleo formal, productivo y mejor remunerado, de manera que permita consolidar la recuperación de los ingresos de los hogares más vulnerables.
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