La compañía francesa Saur International volvió a presentar un reclamo ante el CIADI, el tribunal de arbitraje del Banco Mundial, con el objetivo de percibir una indemnización que supera los 40 millones de dólares. El conflicto legal tiene como eje central al Gobierno de Mendoza y se remonta a la decisión política de intervenir y posteriormente reestatizar Obras Sanitarias Mendoza (OSM), proceso que comenzó a gestarse hace más de quince años en el ámbito provincial.
El quiebre de la relación entre la firma europea y la gestión mendocina se profundizó en 2009, cuando el gobierno provincial decretó la intervención de OSM argumentando una crisis terminal en la prestación del servicio. Un año más tarde, en 2010, se formalizó la estatización de la empresa, revirtiendo la privatización que se había llevado a cabo una década antes. No obstante, las tensiones habían iniciado mucho antes, específicamente en 2001, a raíz del congelamiento de tarifas dispuesto por el gobierno provincial.
En septiembre de 2014, el tribunal internacional emitió una sentencia condenatoria contra el Estado por considerar que la gestión pública violó los estándares del acuerdo de protección de inversiones entre Argentina y Francia. El fallo del CIADI determinó que Mendoza, a través de sus decisiones administrativas, ejerció un “trato injusto e inequitativo” hacia los inversores extranjeros, fijando una compensación de casi 40 millones de dólares más gastos legales y costas.
Pese a que han transcurrido más de diez años desde aquel fallo, la empresa francesa todavía no logró cobrar la suma adeudada, la cual corresponde a su participación del 32,09% en el paquete accionario de la antigua prestadora mendocina. Ante esta demora, los demandantes acudieron nuevamente a la Corte de Washington para exigir el cumplimiento de la sentencia, calificando el monto como “razonable” en función de las inversiones que realizaron originalmente en la infraestructura hídrica de la provincia.
La situación de Mendoza se inscribe en un contexto nacional complejo, ya que Argentina es el segundo país con mayor cantidad de litigios ante el CIADI, solo superado por Venezuela. Las estadísticas del organismo revelan una performance desfavorable para el sector público: en el 86% de los casos, los fallos resultaron contrarios a los intereses estatales, siendo las empresas prestadoras de servicios de agua uno de los sectores con mayor conflictividad judicial acumulada.
Finalmente, el desenlace de este reclamo representa un desafío financiero significativo para las cuentas públicas, en un momento donde las estrategias legales de los demandantes internacionales se han vuelto más agresivas. Mientras el caso YPF sigue un curso similar en otros tribunales, Mendoza permanece bajo la lupa del Banco Mundial por una expropiación que, según los árbitros internacionales, no cumplió con los estándares de seguridad jurídica para la inversión extranjera.
