En medio de la investigación judicial que involucra a Manuel Adorni, el Gobierno resolvió postergar la fecha límite para la presentación de las declaraciones juradas patrimoniales de los funcionarios públicos.
La medida, oficializada por la Oficina Anticorrupción, lleva el vencimiento hasta el 31 de julio y se fundamenta en la necesidad de compatibilizar los plazos con las presentaciones impositivas, en un contexto político particularmente sensible.
Una prórroga con argumentos técnicos
La decisión fue formalizada a través de la Resolución 3/2026, firmada por la titular de la OA, Gabriela Carmen Zangaro, quien asumió recientemente en el cargo. Desde el organismo explicaron que la extensión responde a la superposición con los vencimientos de los impuestos a las Ganancias y Bienes Personales, establecidos por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) para la primera quincena de junio.
Según detallaron, la Declaración Jurada Patrimonial Integral (DJPI), que se presenta mediante el formulario F-1245, requiere de esa información fiscal para su correcta elaboración, por lo que se consideró necesario otorgar más tiempo a los funcionarios.
Cómo y cuándo se presentan las DDJJ
La normativa vigente establece que las declaraciones juradas deben presentarse en tres momentos: al inicio de la función pública, de manera anual y al finalizar el cargo. En los casos en que los funcionarios no cuenten con sus declaraciones impositivas al momento de completar la DJPI, deberán cargar los datos de forma manual.
La Oficina Anticorrupción remarcó que la prórroga busca “brindar un plazo factible” para cumplir con esta obligación, que alcanza a todos los funcionarios comprendidos en la Ley de Ética Pública.
Una causa archivada y otras en curso
En paralelo, la Justicia archivó recientemente un expediente que involucraba a Adorni por el viaje de su esposa, Bettina Angeletti, en una comitiva oficial hacia la “Argentina Week”. La decisión fue tomada por el juez federal Daniel Rafecas, tras un dictamen de la fiscal Alejandra Mangano, al considerar que no existió delito ni gasto adicional para el Estado.
Según se determinó, había lugares disponibles en la aeronave y la presencia de la acompañante no implicó un incremento en los costos, por lo que no se configuró ninguna irregularidad.
Sin embargo, esa resolución corresponde a un expediente puntual vinculado a un hecho específico y no implica el cierre de otras investigaciones en curso sobre el patrimonio del funcionario.
Adorni y la causa que sigue bajo la lupa
El expediente más relevante continúa en manos del fiscal federal Gerardo Pollicita y apunta a presunto enriquecimiento ilícito. La investigación analiza movimientos de dinero en efectivo sin respaldo bancario, así como gastos en viajes internacionales y adquisición de bienes.
Entre los puntos bajo análisis figuran al menos 17 viajes al exterior y la compra de tres propiedades, operaciones en las que se habrían utilizado unos 80.000 dólares en efectivo. También se investigan gastos en vuelos privados y traslados a destinos como Punta del Este, Nueva York y Aruba.
En total, la Justicia busca determinar si más de 95.000 dólares movilizados en poco más de un año guardan relación con los ingresos declarados por el funcionario en su última presentación ante la Oficina Anticorrupción, correspondiente al cierre fiscal de 2024.
En este escenario, la extensión del plazo para presentar las declaraciones juradas introduce un elemento adicional en el caso, al postergar la difusión de información patrimonial clave en medio del avance de la investigación.
