La última semana, se vieron avances y configuraciones en puntuales temas de la política mendocina que en parte favorecen y en parte golpean al corazón del poder en la provincia.
El hecho de mayor impacto fue, sin dudas, el derrotero de Marcelo D’Agostino, quien fuera el principal nexo entre el Gobierno y la Justicia y que enfrenta hoy una situación judicial compleja tras ser imputado por coacciones en contexto de violencia de género y tenencia ilegal de arma de guerra.
Si bien su renuncia a la Subsecretaría de Justicia buscó gestionar el daño, la ratificación de la denuncia por parte de su expareja y la gravedad de las acusaciones, que incluyen menciones a abusos y lesiones, dejaron al oficialismo sin uno de sus operadores más experimentados.
En tal contexto, la imputación hacia el ahora ex funcionario marca un punto de no retorno que obliga al Gobierno a recalibrar su estrategia en el área de seguridad y justicia.
Casi en paralelo, esta semana, el Poder Judicial de Mendoza cerró un capítulo conflictivo con la resolución del Jury de Enjuiciamiento contra el cuestionado juez Sebastián Sarmiento.
A través de un juicio abreviado en el que el magistrado admitió su mal desempeño en sus funciones, se dictó apenas una suspensión de seis meses sin goce de haberes.
Aunque Sarmiento logró evitar la destitución, la sanción debería funcionar como un mensaje disciplinador hacia el interior de los tribunales, pero en los hechos fue un mimo sin un impacto real.
Para el arco político, la condena intermedia se leyó como la desactivación de un foco de tensión sin llegar al extremo de la remoción, un equilibrio delicado en un clima de creciente escrutinio sobre la conducta de los funcionarios judiciales.
En este contexto de vacantes y sanciones, la figura de Juan Carlos Jaliff logró emerger con una centralidad renovada que combinó su regreso con la celeridad de su apogeo .
Jaliff es un histórico estratega del radicalismo y su asunción al Consejo de la Magistratura llega con el poder de evaluar y ternar jueces.
En esa línea, su perfil garantiza una muñeca política que el Gobierno de Alfredo Cornejo hoy necesita más que nunca para asegurar que el proceso de selección de magistrados mantenga la sintonía con el proyecto provincial, proyectando su influencia más allá de la gestión diaria.
En otro orden de cuestiones, esta semana la Legislatura mendocina dio un paso adelante hacia uno de los reclamos más ambiciosos de los intendentes de Mendoza respecto de las autonomías municipales.
La Cámara de Diputados provincial dio media sanción al proyecto de enmienda del artículo 197 de la Constitución, permitiendo que los departamentos dicten sus propias Cartas Orgánicas.
El avance es analíticamente relevante porque representa una contraofensiva política, especialmente frente Omar Félix que buscaba la autonomía municipal de San Rafael por vías propias.
La reforma, que ahora pasa al Senado, busca descentralizar facultades administrativas y financieras, pero bajo los márgenes y regulaciones que el Gobierno provincial considera prudentes para evitar feudos municipales incontrolables.
El cornejismo tuvo otro motivo de festejo tras la victoria de la lista oficialista en las elecciones del Colegio de Abogados de Mendoza encabezada por Alejandra Lanci reteniendo de esta forma el control de la primera circunscripción por otros dos años.
Más allá de lo acontecido la semana próxima pasada, un evento de relevancia se presentará en el mes de mayo y refiere a la visita del ex presidente Mauricio Macri a la provincia de Mendoza.
Su visita, prevista para finales de mes como parte de una gira federal, llega en un momento de tensión interna en el PRO y de relaciones oscilantes con la Casa Rosada.
Para Mendoza, el arribo del expresidente medirá la posibilidad de un fortalecimiento del vínculo histórico con el radicalismo de Cornejo y servirá para medir la capacidad de supervivencia del PRO mendocino frente al avance de La Libertad Avanza.
La trastienda sugiere que Macri busca en Mendoza un puerto seguro desde donde reconstruir su armado nacional, apoyándose en un modelo de gestión que sigue funcionando como el principal gobierno no peronista del interior del país.
