En medio de la ofensiva del gobierno de Javier Milei contra las empresas vinculadas a la exploración y explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas, y tras la confirmación de que buscará sancionar a 45 empresas y personas, desde Chile afirman que una delegación empresaria de las Islas Malvinas viajará a fines de septiembre a Punta Arenas para mantener una reunión con proveedores y avanzar con el proyecto de la ruta marítima comercial entre el sur de Chile y las Islas Malvinas, cuyo primer viaje oficial está proyectado para noviembre.
La visita tendrá su instancia central durante la Expo Comercial de Punta Arenas el 28 y 29 de septiembre, donde empresarios isleños y británicos mantendrán reuniones con compañías de la región de Magallanes para definir proveedores, cargas y condiciones de una conexión que busca unir en forma regular esa ciudad con Puerto Argentino.
Como anticipó Clarín, la operación quedó en manos de la naviera chilena Easter Island Naviera (EIN), también vinculada a Easter Island Logistics, que ya trabaja en el transporte de cargas entre Chile continental y la Isla de Pascua.
La empresa Eastern Island Naviera (EIN) que negocia una nueva ruta comercial a las Malvinas desde Chile de cara al desarrollo petroleroEl acuerdo fue impulsado por la Falkland Islands Development Corporation (FIDC), la corporación encargada del desarrollo económico de las islas, y cuenta con el respaldo político del alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, que viene promoviendo la recuperación de los vínculos comerciales con el archipiélago.
La intención es que el primer barco pueda partir en noviembre con alimentos, frutas y verduras, vinos, materiales para la construcción, gas licuado, repuestos y otros productos provenientes de Chile.
Menos distancia y un negocio de US$ 20 millones
Para Punta Arenas, el atractivo es económico. Hoy en día buena parte de la conexión marítima de las islas con Sudamérica pasa por Montevideo, a unos 2.000 kilómetros. La alternativa chilena, dicen, permitiría reducir aproximadamente a la mitad esa distancia y, con ello, los costos logísticos.
El alcalde chileno calculó que las Malvinas tienen un poder de compra cercano a los US$ 20 millones anuales, un mercado que podría ser captado en parte por empresas de Magallanes.
Punta Arenas mantiene desde hace décadas una relación fluida con las islas y es la última escala continental del vuelo semanal de Latam hacia Malvinas. A ello se suma una numerosa comunidad chilena radicada en el archipiélago y una trama de relaciones comerciales y familiares que se consolidó especialmente después de la guerra de 1982. La nueva ruta permitiría ahora profundizar esa relación por mar.
La cuestión Malvinas y una señal incómoda para la Argentina
El proyecto, sin embargo, toca una de las cuestiones más sensibles de la política exterior argentina ya que vuelve a poner sobre la mesa el Decreto 256 de 2010 de la Argentina, que establece un régimen de autorización previa para determinados buques que se dirijan hacia o provengan de Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur.
Además, desde 2011, una declaración adoptada por los países del Mercosur y Estados asociados estableció que los puertos de la región no recibirían embarcaciones que navegaran con la bandera utilizada por las autoridades isleñas.
Radonich buscó quitarle sentido diplomático al acuerdo y utilizó una frase de Javier Milei para ello: “Se trata de un acuerdo entre privados”. También sostuvo que el barco encargado de realizar el trayecto no navegará con la bandera de las Islas. Según él, esa decisión tuvo un impacto económico negativo para Magallanes. El alcalde aseguró que desde entonces la región dejó de percibir alrededor de US$ 300 millones por la caída del intercambio con las islas.
La posibilidad de una reacción argentina ya comenzó a ser discutida en Chile. El ex comandante en jefe de la Armada chilena, Julio Leiva, sostuvo que la reapertura del comercio marítimo responde a una vieja demanda de Punta Arenas, pero anticipó que tendrá consecuencias en la relación bilateral. “Obviamente, va a haber problema”, afirmó en una entrevista con un medio chileno. Además, deslizó que la Cancillería chilena debe haber evaluado previamente ese escenario.
En medio de las tensiones con Chile
La decisión aparece, además, en un momento particularmente sensible entre Argentina y Chile. Los gobiernos de Javier Milei y José Antonio Kast venían de atravesar una controversia por declaraciones del jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina, Gustavo Javier Valverde. En una entrevista difundida el 23 de agosto incluyó a Magallanes al hablar de las áreas en las que la Argentina debía mantener presencia por razones de soberanía y describió a la zona como una “llave bioceánica” entre el Atlántico y el Pacífico.
Sus dichos provocaron una protesta formal de Chile, que reafirmó que la soberanía sobre el Estrecho de Magallanes está zanjada por los tratados vigentes entre ambos países.
En paralelo, Chile volvió a sostener su tradicional respaldo al reclamo argentino de soberanía sobre las Islas Malvinas. Esa posición convive ahora con el avance de los vínculos económicos entre la región de Magallanes y las autoridades y empresarios de las islas.
Y es allí donde la nueva ruta adquiere un significado político adicional: mientras los dos gobiernos intentan cerrar sus últimas diferencias territoriales y Chile mantiene formalmente su apoyo a la posición argentina sobre Malvinas, Punta Arenas se prepara para convertirse nuevamente en una de las principales puertas de abastecimiento del archipiélago.
