El Juzgado Federal Nº3 de Morón hizo lugar a la petición del Ministerio Público Fiscal y ordenó la subasta de 15 autos, camionetas y utilitarios que habían sido embargados a la presunta secta religiosa conocida como Templo Filadelfia, y que el producido de las ventas se destine a la reparación económica de las víctimas, que se calculan en alrededor de un centenar.
La decisión se adoptó mientras el proceso penal continúa avanzando con la recepción de las declaraciones indagatorias, que se produjo esta semana, y su ampliación en relación a los delitos contra la libertad sexual atribuidos a la organización con centro en San Justo.
Tras el embargo de los vehículos dictado en marzo de este año, la Fiscalía Federal Nº1 de Morón, junto con la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX) y la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes de la Procuración General de la Nación solicitaron la venta en mayo para evitar su deterioro y depreciación, y que su producido sea depositado en un plazo fijo renovable para asegurar la reparación económica de las personas damnificadas.
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La presentación fue firmada por el fiscal Santiago Marquevich, la fiscal Alejandra Mángano -cotitular de la PROTEX- y María del Carmen Chena -a cargo de la Dirección General mencionada-, de conformidad con la normativa vigente y los argumentos doctrinarios y jurisprudenciales pertinentes.
En ese sentido, el y las representantes del MPF repararon, entre otros aspectos, en las pautas establecidas para poder realizar la venta anticipada cuando los bienes secuestrados se desvaloricen por el transcurso del tiempo, ya que se encuentran inmovilizados y expuestos a las condiciones climáticas.
El juez Néstor Barral estimó que por el tipo de delito investigado -trata de personas, entre otros- las circunstancias se encuentran contempladas en el marco del “Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata”, creado con la Ley 27.508.
Se señaló además que el decreto reglamentario pone en cabeza de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) el deber de instrumentar las medidas necesarias para lograr la enajenación y publicación de la subasta de los bienes con la mayor celeridad posible.
Además del daño material, el MPF contempló las deudas impositivas que pudieran devengarse y los costos de mantenimiento que habría que afrontar para mantenerlos a resguardo.
Frente a ese escenario, sumado a la cantidad de personas imputadas y de víctimas identificadas, estimaron necesaria la venta a los fines de conservar el valor de los vehículos, ya sea para solventar las restituciones a las víctimas o devolverlos a sus hoy propietarios, en caso de corresponder.
La presentación recordó que esta solución está contemplada en la Ley 20.785; en efecto, el funcionario y las funcionarias marcaron que el artículo 3 de la norma, en su octavo párrafo, establece un procedimiento específico para evitar la pérdida de valor del bien secuestrado, cuando dispone que para aquellos que “pudieren sufrir daño o demérito por el solo transcurso del tiempo, las instituciones a las que se hiciere entrega de los mismos podrán disponer de ellos con autorización del tribunal y previa tasación que éste ordenará. En tal supuesto, aquéllas quedarán obligadas por la suma determinada en la tasación con más los intereses al tipo bancario si, posteriormente, correspondiere la devolución de los bienes a quien acreditare derechos sobre ellos”.
La nómina de bienes -que se encontraban anotados a nombre de los imputados, utilizados para el despliegue de las conductas investigadas o son el producto del provecho del delito- se compone de utilitarios, autos y camionetas tipo furgón y SUV.
La fiscalía había estimado necesaria la venta de los bienes para conservar su valor ante la eventual restitución a las víctimas o devolución a sus hoy propietarios.
La decisión del juzgado
Al momento de resolver, Barral calificó la decisión postulada por el MPF como “una adecuada estrategia de recupero de activos en el marco del expediente principal, ello a los fines de lograr restituir y reparar a las víctimas del delito materia de pesquisa, y en este sentido, la medida se traduce en el resguardo de valor de los bienes cautelados, a través de la venta anticipada”.
Resolvió también que previamente a eso deberá ponerse en conocimiento de la AABE de “todos los pormenores, para que de esa forma, sea ese organismo quien coordine y lleve adelante la subasta de los rodados que a la fecha se encuentran secuestrados”.
En consecuencia, dispuso la subasta pública de los 15 vehículos actualmente a disposición del tribunal y el posterior depósito del valor económico producido en una cuenta de plazo fijo renovable cada 30 días.
Proceso penal en trámite
La resolución recordó que en la causa se investiga la captación y acogimiento de personas en situación de vulnerabilidad a través de una institución de culto denominada “Filadelfia”.
“En efecto, en muchos casos, las víctimas eran menores de edad, de bajos recursos económicos y educativos”, a quienes se reducía “su ámbito de libertad y autonomía, determinándolos a aportar todas sus posibilidades económicas a las arcas de esa congregación y a la explotación laboral, consistente en la producción y venta ambulante de alimentos panificados, de limpieza, cocina e incluso servir a las líderes”.
Esta semana se tomaron todas las indagatorias mediante videoconferencia por razones sanitarias y de distancia, ya que algunos imputados se encuentran en Salta
A través de la Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas (DOVIC), indicó Barral, “fueron contactadas personas que estuvieron bajo la órbita de las acciones desplegadas por los imputados desde la organización religiosa Filadelfia”, con sede central en San Justo, “estableciéndose que habrían pasado alrededor de un centenar de individuos que podrían revestir la condición de víctima del accionar ilícito”.
Como se informara a comienzos de diciembre tras una serie de allanamientos concretados en diversos puntos del país, para la fiscalía federal interviniente padecieron “serios y aberrantes ilícitos”: a la trata de personas, reducción a la servidumbre y lavado de dinero se suman delitos contra la integridad sexual, la identidad y la vida.
Mientras tanto el proceso penal sigue avanzando. Esta semana se tomaron todas las declaraciones indagatorias mediante videoconferencia por razones sanitarias y de distancia, ya que algunos imputados se encuentran en Salta.
Por otra parte, ayer también se hizo lugar a la ampliación de las indagatorias por delitos contra la libertad sexual y se le recibió declaración, como acusada, a la presunta líder de lo que se consideró una “secta religiosa”.
