Tres proyectos de ley relacionados con las tarifas al transporte son analizados por la Comisión de Transporte, del Senado de la Nación.
Uno de ellos fue presentado por los senadores nacionales Alfredo Cornejo (Mendoza) y Alejandra Vigo (Córdoba). Esta iniciativa propone la creación, en todo el territorio nacional del Programa Nacional de Reparto Equitativo y Federal de Subsidios Nacionales al Trasporte Público de Pasajeros, tanto para líneas urbanas como suburbanas del país.
Mariana Juri, en su carácter de vicepresidenta de la Comisión, sostuvo que “este es uno de los temas que mayor impacto tendrá en las políticas públicas directas de cada uno de los argentinos. Son diez millones de personas, o de viajes, los que se realizan en el país por día”. De esta manera, dejó en claro la magnitud del debate al que se comienza a dar tratamiento por estos días.
“A todos nos queda claro que los tres proyectos tienen un altísimo consenso y hay diferencias menores, con lo cual, me gustaría apuntar a que esto no debería tener grandes dilaciones”, sostuvo Alfredo Cornejo. En ese sentido, la senadora nacional del Bloque Federal por Córdoba, Alejandra María Vigo consideró que una de las diferencias es que “el nuestro incluye el sistema integrado del transporte automotor”.
Estos proyectos básicamente proponen “un reparto justo, equitativo y eficiente, pero con una fórmula de distribución concreta; kilómetros recorridos, cantidad de choferes con tope por unidad, unidades que se subsidian, pasajeros. Objetivos firmes, no en el lugar donde hay más votos, más subsidios; en el lugar donde hay menos votos, menos subsidios”, destacó Cornejo.
El senador mendocino agregó que “sin duda alguna, nuestro desorden económico y macro económico ha creado distorsiones para el sistema en particular”. Así recordó que uno de los actores que ha logrado resumir estas distorsiones es el Consejo Federal de Transporte.
Mariana Juri sumó que “ocuparnos de distribuir en forma más eficiente los recursos públicos destinados al transporte es sin dudas prioritario en nuestro trabajo. Se trata ni más ni menos de un servicio público que abarca 10 millones de viajes diarios. Un servicio utilizado por millones de argentinos para estudiar, trabajar, atender su salud o encontrarse con sus afectos”.
La presidenta de la Comisión de Transporte hizo hincapié en el hecho de que “el Gobierno nacional destina el 78, 98% del total de sus recursos a subsidios al transporte del AMBA y el resto entre todas las otras jurisdicciones del país. Pese a esto, Mendoza viene haciendo un gran esfuerzo con fondos propios para sostener el boleto más barato del interior del interior del país. Pero esta distribución no es justa, ni eficiente, por eso debemos avanzar en la creación de un sistema más equilibrado”.
“El promedio de participación de la tarifa en el interior es del 32%, Córdoba, por ejemplo, costea el boleto con el 35%, en Mendoza el porcentaje es menor porque la provincia pone subsidios. Hay ejemplos sobrados como Tucumán y Rosario; con tarifas que van desde $100. En AMBA la comparación es del 19%, que lo costea el usuario, sacando el subte y el metro de la Ciudad que lo subsidia CABA; La tarifa es de 25 pesos, es decir, 100 a 25”, detalló Cornejo.
El senador nacional agregó que “en AMBA el 80% del sistema es subsidiado por sistemas nacionales en cambio el promedio de participación de los subsidios nacionales en el interior es del 28%. En Mendoza es menor. Los subsidios provinciales y municipales en el interior son del 40% en promedio”.
Cornejo citó que “por cada peso que se destinó al interior en términos de subsidios en transporte en el 2021, según datos de ejecución presupuestaria oficiales que están en el Ministerio de Economía, el AMBA recibió $3.37 y por cada peso que se destinó al interior, un habitante del AMBA recibió $6.26, el doble. Por cada coche del AMBA, por mes $1.425.000, una unidad del interior recibió $272.000. El ratio da 5.23, es abrumador”.
Además, el legislador recordó que todos estos datos a los que hizo alusión no pertenecen a ninguno de los equipos técnicos ni a los asesores que han trabajado en el proyecto. “Son datos oficiales tomados del Consejo Federal de Transporte”, indicó.
Para mostrar la mala distribución de los subsidios al transporte en el país, Vigo comparó el precio de los boletos en Córdoba y CABA, diciendo que mientras en la capital de su provincia, con 4 millones de personas, se abona un boleto de $85, en CABA se paga $25,20. Incluso, para ilustrar el desface que existe en los valores, comentó que desde CABA a otra área metropolitana como La Matanza, cuesta $32,20, y por ese mismo tramo en su provincia se está pagando $120.
“Estos números arrojan una conclusión y es que debe haber una distribución equitativa y federal en todo el país, porque también hay que decir que el gobierno provincial aporta para el boleto educativo, social, obrero, etc”, dijo la legisladora Vigo e hizo hincapié en que las provincias son quienes están subsidiando también el boleto para que no se dispare más su valor.
“Los argentinos no debemos renunciar al subsidio al transporte público porque es un derecho básico y no puede ser costeado solamente con los precios de mercado. La distorsión de estos subsidios en nada contribuye a una mejor movilidad urbana. De hecho, ya hay varias provincias que no tienen transporte urbano porque no lo han querido sostener o no han podido. Si vamos a ciudades más chicas, lo veremos en mayor medida”, añadió Alfredo Cornejo.
Además, aseguró que “esta distorsión no es del 2019, se agravó en los últimos años, pero viene desde hace muchísimo tiempo. Quiero agregar que, si la Argentina no va a una baja de impuesto, no va a generar las condiciones de inversión y de crecimiento”.
Para finalizar, Mariana Juri destacó que “este es el momento, ya que además la previsión en el presupuesto nacional para los subsidios al transporte es absolutamente insuficiente. Hoy en la Comisión de Transporte hemos dado un gran paso”.
Los detalles del proyecto
En su articulado, la iniciativa regula todo lo relativo al programa y la forma de financiamiento. La finalidad de la propuesta es la distribución de los subsidios al transporte público de pasajeros bajo criterios equitativos, para líneas urbanas y suburbanas de jurisdicción provincial, nacional y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El programa se financia mediante la creación del Fondo Único de Asistencia al Transporte Público de Pasajeros por Automotor Urbano y Suburbano de la República Argentina. El origen de su composición primigenia se conforma con los aportes totales realizados por el Estado nacional al Fondo de Compensación al Transporte Público de pasajeros por automotor urbano y suburbano del interior del país, más los aportes totales realizados a las líneas de jurisdicción nacional, ajustado por la inflación incluida en el Presupuesto.
En cuanto a los criterios de Reparto del Fondo Único que la Ley crea, son tres:
- Unidades Computables: Unidades habilitadas, vigentes y declaradas a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) por todas las jurisdicciones provinciales del país y CABA; y unidades afectadas a los servicios de jurisdicción nacional.
- Agentes Computables: Cantidad de empleados activos declarados al Ministerio de Transporte de la Nación mediante el Sistema Informático de Liquidación y Administración de Subsidios (SILAS), con un máximo de 3 agentes por unidad computable.
- Kilómetros Recorridos: Cantidad de kilómetros promedio mensuales recorridos por las unidades computables en el semestre inmediato anterior.
El mismo artículo que regula sobre los criterios contiene un importante tope a la distribución al prever que en ningún caso podrá destinarse más del 30% de la totalidad de fondos existentes en el fondo a una misma provincia y/o jurisdicción.
Los beneficiarios del programa tienen la obligación de informar los criterios establecidos a la autoridad de aplicación -Ministerio de Transporte de la Nación- de manera semestral para mantener actualizada la información de la realidad local y, en base a ellos, realizar la distribución y asignación de subsidios.
Asimismo, el Ministerio de Transporte tiene la función de realizar la redistribución sobre la base de los recursos del Sistema Integrado de Transporte Automotor (SISTAU), de los impuestos sobre los combustibles líquidos y al dióxido de carbono conforme lo estipulado en el artículo 19 de la Ley 23966 (TO 1998), con las modificaciones introducidas por el artículo 143 de la Ley 27431, y sus normas reglamentarias; y con recursos del Presupuesto General que se transfieran al Fideicomiso creado en virtud del artículo 12 del Decreto 976 de fecha 31 de julio de 2001.
Se obliga a las provincias y a la CABA a implementar mecanismos de asistencias complementarias a las otorgadas en el marco del programa nacional, para brindar sustentabilidad a sus respectivos sistemas de transporte público de pasajeros. En cuanto a la actualización de la partida presupuestaria, resultará de tener en cuenta el mayor valor que surja de la comparación entre el índice inflacionario proyectado para cada ejercicio en la Ley de Presupuesto Anual y la tasa de crecimiento anual del Régimen de Compensaciones Complementarias (RCC) reguladas por el Decreto 678/06, para los grupos tarifarios correspondientes a la Jurisdicción Nacional.
Se crea el Consejo Federal del Transporte (Cofetra), integrado por representantes del Ministerio de Transporte de la Nación, las Autoridades de Aplicación en materia de transporte de cada provincia y de CABA y determina sus funciones entre las que se enuncian: impulsar las políticas generales en materia de transporte público, formular propuestas ante los cuerpos legislativos y organismos administrativos, nacionales o provinciales, en materia de su competencia o interés, entre otras.
Se establece el acceso equitativo de todas las provincias y/o jurisdicciones al esquema de compensación de precio diferencial del gasoil para las empresas de transporte público de pasajeros por automotor Urbano y Suburbano; y se regula el acceso equitativo, al esquema de atributos sociales y/o tarifas diferenciales vigentes en el AMBA y a los sistemas de boleto integrado, para aquellas jurisdicciones que cuenten con sistemas de transporte multimodal, inclusive a aquellas que aún no han adoptado la SUBE.
Al respecto, se trabajará en coordinación con el resto de los senadores que han presentado proyectos, para perseguir el mismo objetivo de dejar de lado la inequidad en el reparto de fondos para el transporte público automotor, con el fin de acordar un texto ordenado y consensuado para poder ser tratado en la Cámara.
