El Gobierno nacional, por estas horas, se encuentra estudiando la posible modificación de la ley de movilidad jubilatoria, que actualmente ajusta los haberes de forma trimestral. Mientras esto ocurre, las autoridades definirán aumentos por decreto.
Cabe destacar que esta propuesta deberá ser enviada al Congreso, ya que la fórmula de movilidad se rige por ley.
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La explicación para impulsar este cambio es que “el mecanismo de actualización vigente no permite alcanzar la estabilidad de las cuentas públicas y por tal motivo debe modificarse por incrementos aleatorios, dictados por el Poder Ejecutivo en base a su propio criterio y no a una fórmula prevista por ley”, según informó Infobae.
Más allá de que el pago de las jubilaciones repercute en las arcas del Tesoro, esta iniciativa no habría caído bien en otros sectores del oficialismo.
La Ley de Movilidad Previsional que determina los ajustes de los haberes, establece un porcentaje de incremento trimestral, determinado por la variación de un índice que surge de sumar 50% del aumento trimestral de la recaudación de la Anses por beneficiario y 50% de la variación de los salarios. Para este último ítem, se toma el mayor valor entre el Ripte (Remuneración Imponible para el Trabajador Estable) y el índice general de salarios del Indec.
En la actualidad, la fórmula se aplica para el ajuste de jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares y otros beneficios sociales gestionados a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), tales como la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo.
