Alfredo Cornejo, junto a los otro nueve gobernadores de las provincias en las que se explotan hidrocarburos mantuvieron un encuentro esta tarde, indifirentemente de su color político, para intentar consensuar los cambios y límites que pretenden aplicar en el capítulo de la ley Ómnibus sobre la regulación hidrocarburífera que pretende Javier Milei.
Mdiante un comunicado, detallaron todas las modificaciones que pretenden, a fin de que el Gobierno reconozca en el articulado del proyecto que los recursos y su explotación pertenecen a las provincias. Además, hoy harán llegar una versión reformada de la iniciativa al secretario de Energía nacional, Eduardo Rodríguez Chirillo, uno de los autores principales de la medida del gobierno libertario.
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“Está todo hablado. Acordamos con la mayor parte del proyecto, pero hay cosas importantes para revisar”, dijo a Infobae un jefe provincial tras el concalve. Igualmente, los mandatarios no se confían en el Gobierno, pese a que Chirillo se mostró con buena presiposición últimamente.
Aseguraron que no estarán tantos tranquilos hasta que se plasmen las modificaciones en el texto del proyecto que se está debatiendo en Diputados.
El encuentro se dio por más de dos horas en la sede del Centro Federal de Inversiones (CFI) de la calle San Martín y concurrieron casi todos los mandatarios que componen la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (OFEPHI).
Además del mendocino Alfredo Cornejo (participó por videoconferencia), dijeron presente Alberto Weretilneck (Río Negro), Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Rolando Figueroa (Neuquén), Ignacio Torres (Chubut), Sergio Ziliotto (La Pampa), Carlos Sadir (Jujuy), el ministro de Economía de Formosa Jorge Ibañez, Gustavo Sáenz (Salta); y Claudio Vidal (Santa Cruz).
“Ratificamos la defensa del dominio originario de las Provincias sobre los recursos hidrocarburíferos situados en nuestros territorios y las facultades de administración sobre los mismos”, se lee en el comunicado que firmaron esta tarde para “lograr un marco jurídico para la actividad que dote de mayor previsibilidad y mejorar la generación de empleo”.
En el documento no se pronunciaron sobre la privatización de YPF, una de las iniciativas más polémicas que propuso Milei durante la campaña y que no está descartada de la agenda del oficialismo a pesar de que el Presidente dijo que “por ahora” no está en sus planes. Sin embargo, en declaraciones off the record a la salida del cónclave, algunos participantes dejaron saber que la postura en común es contraria a la venta de la petrolera nacional.
En el documento hicieron mención a varios puntos técnicos pero vitales para los gobernadores, relacionadas con el sostenimiento de las prerrogativas decisorias de cada distrito y con las regalías que ingresan a cada distrito. Solicitaron que el pliego modelo del proceso de licitaciones sea “flexible” y “contemple criterios que permitan adaptarse a cada realidad”, así como flexibilizar los plazos de concesión. Además, no quieren saber nada con la derogación del artículo 32 de la ley 17.319 que les otorga a las Autoridades de Aplicación de las Provincias el control, la evaluación y la aprobación de las inversiones. Y solicitaron que no se elimine la potestad de las provincias de otorgar prórrogas al plazo de vencimiento de las concesiones vigentes
Por otra parte, pidieron que se contemplen mecanismos que aseguren el libre acceso a las instalaciones de procesamiento y transporte para defender el libre acceso a mercados por parte de los productores -más chicos- no integrados a las distintas cuencas. Y demandaron mantener en manos de los concesionarios la determinación y el pago de las regalías; y revisar los artículos que establecen los valores de los cánones de exploración, explotación y las multas, para modificarlos por esquemas y parámetros que se actualicen de manera automática.
Con tenacidad, desaprobaron el artículo que faculta al Ejecutivo para elaborar la legislación ambiental para el sector. “Si bien podemos compartir el objetivo último, entendemos que una legislación de este tipo debe surgir del consenso de las partes y no de la voluntad de un nivel de gobierno sobre el resto”, lanzaron. Y, en el mismo sentido, cuestionaron la redacción del punto que le brinda al gobierno nacional la facultad de incrementar, con el argumento de “garantizar la sostenibilidad fiscal”, las alícuotas de los derechos de exportación de las mercaderías con un tope del 15 por ciento. En cambio, pidieron que la alícuota máxima a gravar con derechos de exportación a los hidrocarburos no pueda superar el 8 por ciento actualmente vigente.
Por último, sugirieron revisar el artículo que modifica el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), porque, según detectaron en su redacción, descarta los proyectos de explotación hidrocarburífera, y cerraron con una demanda clave para sus economías: que las empresas cedan las áreas maduras de explotación convencional que no están siendo explotadas por “falta de interés estratégico” a las provincias, que se beneficiarían de trabajarlas.
