A finales de 2021, el oficialismo tuvo intenciones de impulsar la denominada ley de envases. Sin embargo, el proyecto no prosperó, la sesión se suspendió y la iniciativa perdió estado parlamentario.
Con el paso del tiempo, surgieron posiciones muy encontradas en algunos puntos y denuncias del oficialismo respecto a la presión de lobbies interesados en frenar la norma. Inclusive, en un seminario organizado por el diputado Luciano Laspina (Pro-Santa Fe) en diciembre de ese año, referentes de varias cámaras empresarias del sector reiteraron sus críticas al proyecto de gestión de envases que acababa de recibir dictamen y rechazaron la inclusión de una tasa ambiental en el texto del Poder Ejecutivo, señalando que de sancionarse habría incremento de precios, y que el fin de la iniciativa era “recaudatorio”.
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En ese encuentro, el titular del interbloque de Juntos por el Cambio Mario Negri adelantó el rechazo de ese espacio a la creación de una tasa ambiental, al sostener que “no” van a “acompañar un impuesto más”, y enfatizó: “Que quede claro que no vamos a meter impuestos disfrazados de tasas cuando no es tasa ni se presta servicio de ninguna naturaleza”.
Especialista en temas ambientales, la entonces diputada radical cordobesa Brenda Austin dijo que “el camino más fácil es pagar la tasa, trasladar al consumidor y seguir obrando como hasta acá. En este entramado, la protección del ambiente y el fomento de la economía circular son los grandes perdedores”.
Por aquel entonces, el entonces diputado radical Gustavo Menna impulsaba un sistema de responsabilidad extendida del productor que promueva la articulación público-privada y habilite la posibilidad de proponer alternativas para contribuir al principio preventivo y generar incentivos reales de transformar las prácticas, lo que alienta la concientización sobre la producción y el consumo sostenibles.
Ya en 2023, el oficialismo volvió a impulsar el proyecto. Fue por medio de la oficialista Natalia Zaracho, que el 14 de junio recordó que en la materia se presentaron más de 48 proyectos en los últimos años, sin que ningún lograra avanzar.
La propuesta de Juntos por el Cambio
Ahora es la principal oposición la que agita el tema. La diputada de Evolución Radical por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Dolores Martínez presentó recientemente un plan legislativo que registra la importancia de la Responsabilidad Extendida del Productor (REP), uno de los puntos en común con el proyecto que fue impulsado por el oficialismo en materia de envases con inclusión social.
Entre los puntos principales está promover el compromiso de todos los actores involucrados en la gestión de los envases y de los envases post consumo; también la formalización laboral de los trabajadores recicladores que participen en la cadena de valor de recuperación y reciclado de envases post consumo. Entre otros de los ítems, la separación en origen y la disposición inicial selectiva por parte de los usuarios y consumidores de envases, como así también la recolección diferenciada de los envases post consumo, según el sistema de gestión aprobado.
En el proyecto, su autora define en los primeros artículos el rol de productor responsable como aquel que inserta por primera vez en el mercado local un producto envasado, aun cuando la venta fuere a realizarse a uno o varios intermediarios previos al consumidor final; lo que es la gestión ambiental de envases y envases post consumo, actividades interdependientes y complementarias entre sí, que conforman un proceso de acciones para el manejo de envases y de envases post consumo, con el objeto de proteger el ambiente y la calidad de vida de la población, atendiendo a los objetivos, metas y jerarquía de opciones de la presente ley.
Este proyecto de Dolores Martínez fue firmado también por los diputados Martín Berhongaray, Maximiliano Ferraro, Ximena García, Camila Crescimbeni, Mariana Zuvic, Emiliano Yacobitti, Soledad Carrizo, Marilú Quiroz, Lisandro Nieri, Jimena Latorre, Ana Clara Romero, Margarita Stolbizer, Pablo Torello y Martín Maquieyra,lo que muestra el amplio abanico de apoyo con que cuenta la iniciativa en JxC.
Comprende las etapas de producción, generación, almacenamiento transitorio, transporte, tratamiento, disposición final o utilización como insumo de otro proceso productivo.
También describe el concepto de Mejor Práctica Gestión Disponible (MPGD): es la alternativa más eficaz y avanzada de gestión ambiental de envases y de envases post consumo frente a determinado contexto, que incluya las particularidades de la jurisdicción correspondiente, el tipo de envase y su composición, entre otros. La misma, deberá demostrar la capacidad práctica económica, social y ambiental de sus técnicas de gestión para cumplir con los objetivos y la jerarquía de opciones establecida en este proyecto legislativo.
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El deber de todo productor responsable será establecer y organizar a su costo uno o varios sistemas de gestión ambiental de envases y envases post consumo a los fines de dar cumplimiento a los objetivos y metas de esta ley y en el marco del Principio de responsabilidad extendida del productor (REP), debiendo justificar la opción elegida bajo la jerarquía de opciones establecida en el artículo 4 del plan impulsado por Juntos por el Cambio.
Los Productores Responsables implementarán y/o integrarán uno o varios de los sistemas de gestión siguientes: Sistema Integrado de Gestión Ambiental de Envases, que podrá ser público, privado o mixto, individual o colectivo. También deberán suscribir acuerdos con las autoridades competentes a fin de especificar las obligaciones de cada una de las partes; Sistema de Depósito, Devolución y Retorno (DDR) a fin de recuperar los envases post consumo puestos por ellos en el mercado.
En el primer sistema, cada Productor Responsable deberá realizar un aporte dinerario por cada envase sujeto al SIG puesto por primera vez en el mercado nacional. El SIG establecerá montos diferenciales en función de la aptitud y diseño del envase para ser reciclado y del contenido de material reciclado, de acuerdo a las normas reglamentarias. Por lo que el monto de dicho aporte dinerario será determinado por el propio SIG, debiendo acreditar a las Autoridades Competentes ser suficiente para cubrir la gestión del envase y envase post consumo.
Esta cantidad no tendrá la consideración de precio ni estará sujeta, por tanto, a tributación; así es como una vez realizado dicho aporte dinerario, se entenderá delegada la gestión del envase o envase post consumo al SIG. Éste deberá devolverlos a sus Productores Responsables miembros o, en su defecto, el valor de comercialización, a prorrata.
Tanto en el Sistema Público de Gestión Ambiental de Envases como en el Sistema de Depósito, Devolución y Retorno, los Productores Responsables deberán determinar y percibir un valor monetario en carácter de depósito por cada envase comprendido en la transacción, el que será devuelto al momento del retorno del mismo. Dicho monto debe ser fehacientemente comunicado y resultar suficiente para estimular su devolución. Esta cantidad tampoco tendrá la consideración de precio ni estará sujeta, por tanto, a tributación alguna.
Los distribuidores estarán obligados a recibir gratuitamente del consumidor una cantidad de envases post consumo al menos equivalente a aquella que hayan introducido en el mercado local. En ese sentido se tendrá en cuenta la factibilidad física y económica de las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs).
Quien se pronunció al respecto fue uno de los firmantes del proyecto, Martín Maquieyra del PRO: “Nosotros no estamos de acuerdo con crear otro impuesto, sino por supuesto incentivar a que las empresas puedan reducir la cantidad de plásticos, dándoles un beneficio fiscal, que sea un beneficio no un castigo, y esto entendiendo la situación económica de todas las PyMEs y empresas del país que como todos los ciudadanos están con la soga al cuello por la gran emisión impositiva que hay”, afirmó el diputado pampeano.
Por último, la autoridad de aplicación debe ocuparse de formular la política en materia de gestión de envases y envases post consumo, consensuada en el seno del COFEMA; también el Plan Nacional de Gestión Ambiental de Envases y Envases Post Consumo, en cumplimiento con los presupuestos mínimos establecidos en la presente. Deberá además, colaborar con las jurisdicciones en la realización de campañas de difusión y concientización de los consumidores, a fin de impulsar la separación en origen y con respecto al funcionamiento de la gestión ambiental de envases y envases post consumo promover la regulación de incentivos fiscales que contribuyan al desarrollo de los sistemas de gestión de envases.
Queda pendiente el debate y tratamiento en la comisión de primera competencia, Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano; luego enriquecer el proyecto de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental para la Gestión de Envases y Envases Post Consumo en la comisión de Presupuesto y Hacienda.
