En medio de un contexto sumamente asfixiante debido a la crisis económica y al insoportable aumento de la inseguridad, el Gobierno provincial ahora debe lidiar con una denuncia penal impulsada por Javier Alejandro Fernández y Marcos Neirotti, dos hombres conocidos por ser defensores de los derechos humanos y supuestos activistas anticorrupción.
Fernández y Neirotti recurrieron a la Justicia, a fin de que se investigue el manejo de la pauta publicitaria durante la gestión del ex gobernador Rodolfo Suarez al frente del Ejecutivo provincial.
La presentación, según publicó el sitio Quimera Digital, incluye acusaciones por fraude contra la administración pública, cohecho y abuso de autoridad, está respaldada por los dichos que el propio “Rody” Suarez lanzó tiempo atrás en Canal Bardo.
Durante una charla con los colegas, reconoció haber sufrido presiones por parte de empresarios medios para conseguir beneficios económicos.
“Si no ponés tanta pauta, te matan”, dijo el actual senador, refiriéndose así a las presiones que le tocó lidiar durante su paso por la Casa de Gobierno.
La denuncia enfatiza que más de $12 mil millones fueron destinados de manera discrecional a publicidad durante la gestión de Suarez, una cifra sumamente elevada y que podría haber sido destinada para otro fin.
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En la presentación, los denunciantes pidieron que Suarez sea citado a declarar como testigo clave, ya que sus expresiones describen el funcionamiento de un sistema sumamente oscuro y por el que el gobierno provincial otorgó millonarias sumas de forma discrecional.
Claro que Suarez no es el único que está complicado, ya que Fernández y Neirotti piden seguir de cerca los movimientos del actual gobernador Alfredo Cornejo.
De acuerdo a lo manifestado por los denunciantes, este tipo de situaciones continúan actualmente con el ok de Cornejo.
“La pauta oficial se ha convertido en una herramienta de control político y de censura indirecta, situación que constituye una violación a la libertad de expresión, además de incurrir en delitos de corrupción”, destacaron en la denuncia.
Y si bien la presentación fue realizada hace un mes, en las últimas horas los denunciantes hicieron trascender la presentación para que no se vea afectada la investigación penal que tiene varios avances. Destacaron que no es “una simple denuncia”, sino que se presentaron como querellantes, lo que les permite impulsar la investigación pidiendo la producción de pruebas, aportar las que vienen recabando desde hace meses y evitar que sea “encajonada”.
Fernández y Neirotti subrayaron que el acceso a la información sobre estos gastos de la pauta fueron deliberadamente limitados. A pesar de la legislación provincial que exige transparencia, como la Ley N° 6496 sobre Administración de Pauta Oficial y la Ley N° 9070 de Acceso a la Información Pública, aseguran que el gobierno evitó transparentar datos claros sobre los destinatarios y criterios de asignación de la pauta publicitaria.
“Estamos ante un oscurantismo institucional que beneficia a unos pocos en detrimento del interés público. El gobierno incumple con la ley de manera abierta y flagrante. No da información de manera activa, tal como está obligado, pero tampoco lo hace a través de los pedidos de informes que les realizamos los ciudadanos y, aún, los legisladores”, sostienen los impulsores.
Los denunciantes entienden que este caso podría marcar un antes y un después no solo en Mendoza, sino en toda Argentina. Si la Justicia avanza, explicaron, podría salir a la luz un mecanismo de corrupción que condiciona tanto la administración pública como la independencia de los medios de comunicación. “La sociedad mendocina tiene derecho a saber cómo se manejan sus recursos y a exigir que quienes han abusado de su poder rindan cuentas ante la ley”, agregaron.
Con esta medida, Fernández y Neirotti no solo buscan Justicia, sino también un cambio estructural que garantice que los fondos públicos sean administrados de forma transparente y con criterios equitativos, y que se evite la censura y la imposición de un discurso oficialista.
