La comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC) -que lidera Jorge Difonso (UP-FR)-, dio despacho a una iniciativa de Álvaro Martínez (PRO), que participó del encuentro, por el que se propone la incorporación, uso y regulación de armas electrónicas no letales con el fin de adquirirse para la Policía de Mendoza.
La fundamentación de la normativa propuesta indica que “en el ámbito actual, los hechos de inseguridad nos indican que la actividad policial requiere actualizar los criterios de acción vigentes en la Policía de Mendoza, atento a la necesaria utilización de la fuerza pública en la defensa de los intereses de los ciudadanos, en consonancia con las normas Constitucionales y supra legales que rigen sus deberes y responsabilidades en el desempeño de su profesión, de acuerdo a lo normado en los Convenios Internacionales suscriptos por nuestro país, en la Constitución Nacional y en la normativa pertinente”.
A su vez resalta que “la incorporación de armas electrónicas de uso no letal permitirá abordar situaciones operacionales en las que resulte necesaria la utilización de la fuerza sin el empleo de armas de fuego, siendo un medio intermedio para ejercer un uso racional y gradual de la fuerza ante situaciones de enfrentamientos con personas violentas o amenazantes, brindando a la Policía de Mendoza una opción táctica adicional en reemplazo de las armas de fuego”.
Agregó Álvaro Martínez que la Ley plantea la obligación de realizar un entrenamiento especial para los y las miembros de la fuerza de seguridad que sean designados para usarlas. Destacó que existirá un protocolo de actuación para evitar posibles excesos que pudiesen originarse y, a su vez, subrayó que estos dispositivos electrónicos disponen de una “memoria interna” que graba y contabiliza las veces que ha sido utilizada.
“La intención es incorporar las armas electrónicas no letales, conocidas como pistolas Taser, en el equipamiento de la Policía de Mendoza, es decir, que la policía, para combatir el delito, tenga una herramienta más que no sea solo su arma de fuego”, indicó Martínez. Agregó, como argumento a favor, que “es un arma que no causa la muerte, el policía la puede utilizar para defenderse sin causar un daño mayor a su agresor (…) y que se pueden utilizar para inmovilizar y poner a los delincuentes en la Justicia. La policía va a tener una herramienta más para combatir el delito, y sobre todo porque estas armas tienen una memoria interna que graba el accionar lo cual sirve también para saber si la policía se excedió o no”.
Desde su mismo espacio político, el diputado Gustavo Cairo manifestó en la reunión que es importante el uso de armas no letales por la policía para “poder usar de manera eficiente su fuerza”. Agregó que “cuando se pueda usar el arma letal, el policía puede optar por esta arma no letal y es muy útil para nuestra fuerza de seguridad”.
Asimismo, sostuvo que la legislación que se modifica en la provincia son las normativas 6722 y 7493; y que si este expediente es aprobado, “Mendoza sería la primera provincia en usar este armamento”.
A su vez, Cairo indicó que se realizará un informe anual sobre la utilización de estos dispositivos a partir de la memoria que disponen las armas.
Dentro del articulado de la normativa, se establece que “se hará uso de las armas electrónicas no letales cuando resulten ineficaces otros medios no violentos, en los siguientes casos: a)- Para inmovilizar, proceder a la detención o para impedir la fuga de quien represente o manifieste peligro inminente de lesionar a terceras personas o de autolesionarse; b)- Cuando deba ejercerse la legítima defensa propia o de terceras personas; y c)- Para impedir la comisión de un delito de acción pública”.
Asimismo, se expresa que la utilización de este armamento no letal será puesto en manos de cuerpos especiales de la Policía de Mendoza, previa capacitación y entrenamiento especializado.
El expediente obtuvo despacho de la comisión, y el diputado Adrián Reche (UCR) indicó: “Desde el radicalismo acompañamos este proyecto del diputado (Álvaro) Martínez, porque consideramos que es fundamental y es compatible con el cuidado que tiene el Estado provincial de brindar la seguridad. Es un derecho de todo ciudadano, la seguridad, es un derecho transversal”.
Manifestó Reche también que “el uso de estas armas electrónicas no letales o menos letales va a permitir atender ciertas situaciones y evitar circunstancias más complicadas; en vez de utilizar un arma de fuego podemos utilizar estas (no letales) y cuidar la vida, no solamente del funcionario policial que es el garante de la seguridad sino también del ciudadano”.
Finalmente, en la mesa se destacó la capacitación que deben recibir los funcionarios que utilicen este armamento, los informes que se elaborarán a partir de su uso, y se ponderó la posibilidad de otorgar otra herramienta más a las fuerzas policiales.
Por su parte, el presidente de la Comisión, Jorge Difonso, sostuvo que se trata de “la incorporación de tecnología en la lucha contra el delito, y tal cual sucede en otros lugares del mundo, ha tenido muy buenos resultados”.
