Bolivia no encuentra la salida. Este viernes se vivió una nueva jornada de alta conflictividad en La Paz y El Alto, con enfrentamientos entre manifestantes y policías, lanzamientos de gases lacrimógenos, piedras, petardos y cartuchos de dinamita en las calles del centro histórico paceño. El país acumula 22 días consecutivos de bloqueos que mantienen paralizada gran parte del territorio y profundizan la crisis del presidente Rodrigo Paz Pereira.
El epicentro de la tensión volvió a ser la plaza Murillo, donde funcionan la sede presidencial y el Poder Legislativo. Miles de personas provenientes de sindicatos, organizaciones campesinas, juntas vecinales, mineros, maestros y sectores fabriles nucleados en la Central Obrera Boliviana intentaron romper los anillos de seguridad policiales. Los agentes respondieron con gases y balines. Los comercios cerraron apresuradamente y varios establecimientos reportaron daños.
En paralelo, el Ministerio de Defensa emitió un comunicado que elevó la preocupación: advirtió sobre la presencia de “grupos irregulares con armamento bélico de alto calibre” en distintas regiones del país, tras la circulación de videos con civiles armados exigiendo la renuncia presidencial. “Las Fuerzas Armadas actuarán en el marco de la ley para garantizar la seguridad de la población”, señaló el comunicado.
En El Alto, organizaciones vecinales y transportistas bloquearon los accesos al aeropuerto internacional mediante la quema de llantas, mientras funcionarios resguardados por policías instalaban mallas de seguridad para impedir el ingreso a la terminal aérea.
La Administradora Estatal de Carreteras reportó 51 puntos de interrupción vial en siete de los nueve departamentos del país. La Paz es la región más afectada, con cortes en rutas hacia Oruro, Cochabamba y Santa Cruz. El desabastecimiento de alimentos, combustibles y mercancías se agrava con cada jornada que pasa, y las exigencias de los manifestantes siguen siendo las mismas: la renuncia de Paz Pereira y el adelanto de las elecciones.
