El Senado reactivará este martes a las 15.30 la discusión de la reforma electoral en el ámbito de la Comisión de Asuntos Constitucionales. Aunque el objetivo prioritario de La Libertad Avanza es avanzar con la eliminación o suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) de cara a las presidenciales y legislativas de 2027, el reinicio de las negociaciones políticas habilitó el tratamiento en paralelo de los proyectos de Ficha Limpia.
En ese plano, la iniciativa presentada por la senadora mendocina Mariana Juri (UCR) cobra un rol protagónico dentro del temario parlamentario.
La decisión de reabrir las comisiones respondió a la conducción del bloque oficialista encabezado por Patricia Bullrich, que cedió ante los reclamos de los espacios aliados para supeditar la reforma política general al avance de las restricciones contra candidatos con procesos penales.
Según explicaron fuentes parlamentarias a El Sol, la intención es consensuar los distintos textos presentados en la Cámara Alta: “Parte de las negociaciones implican el abordaje por separado de Ficha Limpia. Se van a poner en tratamiento distintos proyectos, aunque en esa comisión el protagonismo se lo va a llevar la reforma política”.
Las mismas fuentes precisaron que “se tratan todos los proyectos de Ficha Limpia y se espera un dictamen unificado con los distintos proyectos”.
El Senado reactivará este martes a las 15.30 la discusión de la reforma electoral en el ámbito de la Comisión de Asuntos Constitucionales. Aunque el objetivo prioritario de La Libertad Avanza es avanzar con la eliminación o suspensión de las Primarias…
El proyecto impulsado por la senadora Mariana Juri, acompañado por el exgobernador Rodolfo Suarez, propone modificar la Ley Orgánica de los Partidos Políticos para impedir que se presenten como precandidatos o candidatos a cargos electivos nacionales -así como a cargos partidarios- aquellas personas condenadas penalmente con penas privativas de la libertad, aun cuando la sentencia no se encuentre firme y la pena sea de ejecución en suspenso.
El texto mendocino abarca un amplio abanico de delitos: contra las personas, la integridad sexual, la libertad, la propiedad, los poderes públicos, el orden constitucional, la administración pública, la seguridad de la Nación y el orden económico. Asimismo, impone a los partidos la obligación de exigir el Certificado de Antecedentes Penales (CAP) al inscribir las listas, bajo apercibimiento de declarar la nómina incompleta si no se subsana la omisión en 24 horas.
Un rasgo distintivo de la propuesta de Juri radica en su tercer artículo, que extiende la inhabilitación más allá del ámbito legislativo o de cargos electivos. La norma establece que las personas alcanzadas por Ficha Limpia tampoco podrán ser designadas por el presidente de la Nación para ejercer funciones en el Poder Ejecutivo, lo que incluye los cargos de Jefe de Gabinete, ministros, secretarios, subsecretarios, autoridades de entes descentralizados, diplomáticos en actividad y directores de empresas con participación estatal.
Los contrapuntos técnicos
El debate de Ficha Limpia en la Cámara Alta gira en torno a dos controversias centrales entre las bancadas. Primero, la instancia judicial determinante: las iniciativas fluctúan entre exigir condenas en primera instancia, sentencias ratificadas en segunda instancia o el estándar de la sentencia firme (que equivale a que no haya progreso prácticamente).
Por otro lado, el universo de funcionarios comprendidos: la discusión plantea si la prohibición debe limitarse a los postulantes del Poder Legislativo o si debe abarcar los cargos de designación en el Poder Ejecutivo, tal como plantea la iniciativa mendocina.
El peregrinaje de las provincias a la Casa Rosada durante los primeros siete meses del año dejó al descubierto la intensidad del vínculo, las urgencias financieras y las estrategias políticas de los distintos ejecutivos para abordar una relación de tire y…
En el plano de la reforma electoral general, el Gobierno continúa sin reunir los apoyos indispensables del PRO y el radicalismo para alcanzar las mayorías agravadas que exige la Constitución Nacional (37 votos afirmativos en el Senado y 129 en Diputados).
Además de la suspensión de las PASO, el proyecto oficialista contempla la eliminación del financiamiento público directo para campañas -elevando el aporte privado al 35%-, el fin de la publicidad gratuita en medios, la eliminación del debate presidencial obligatorio y la modificación de la Boleta Única de Papel para incorporar el casillero de “boleta completa”.
