Siete ejercieron como interinos hasta el final del mandato 2019-2023, mientras el titular original pedía licencia para asumir otro cargo, o por salud, y no volvía a reasumir: Fernando Moreira, en General San Martín, en lugar de Gabriel Katopodis; Soledad Martínez, en Vicente López, en lugar de Jorge Macri; Miguel Gesualdi, en San Andrés de Giles, en lugar de Carlos Puglelli; Facundo Diz, en Navarro, en lugar de Santiago Maggiotti; David Angueira, en Punta Indio, en lugar de Hernán Yzurieta; Nahuel Mittelbach, en Florentino Ameghino, en lugar de Calixto Tellechea; y Sebastián Walker Esponda, en Pila, en lugar de Gustavo Walker.
Los dos casos restantes ejercieron como interinos, pero el titular original regresó para completar el período, lo que los deja en la posición más sólida frente a la restricción: Damián Selci, en Hurlingham, donde Juanchi Zabaleta reasumió en octubre de 2022; y Gastón Granados, en Ezeiza, donde Alejandro Granados volvió en enero de 2023.
La legislación prevé la sustitución interina o permanente de un intendente a través de los artículos 15 y 16 de la Ley Orgánica de las Municipalidades y del artículo 123 de la Ley 5.109, pero no establece cómo computar, a los fines reelectivos, el tiempo que cada reemplazante ejerció la intendencia. Ese vacío es el que generó la zona amarilla y el que, según remarca el informe que releva los 135 municipios, seguirá generando “zona gris nueva cada vez que se aplica”: un ejemplo es el de Berazategui, donde la muerte del intendente Juan José Mussi el 24 de noviembre de 2025 llevó a la titularidad del mandato a Carlos Balor, primer concejal de la lista de 2023, que en caso de ganar en 2027 quedaría en la misma situación ambigua que hoy tienen los once casos amarillos.
Además, hubo tres municipios que en un primer momento generaron dudas similares pero terminaron descartados de la zona gris, porque si bien sus actuales titulares figuraban en la lista de concejales de 2019 del espacio ganador, la documentación mostró que ninguno llegó a ejercer la intendencia: en General Lavalle Nahuel Guardia presidió el Concejo Deliberante hasta noviembre de 2023; en Magdalena, Lisandro Hourcade cubrió licencias breves y el titular regresó en cada caso; y en Capitán Sarmiento, Fernanda Astorino se desempeñaba como secretaria de Gobierno. No alcanza con haber estado en la lista: hace falta haber ejercido el cargo.
Un mapa con 80 intendentes fuera de carrera
Más allá de los once casos en discusión, el 59,3% de los municipios bonaerenses, es decir 80 de los 135, tiene a su titular de mandato impedido de competir nuevamente en 2027. Esos distritos concentran 9.160.989 electores, el 65,2% del padrón provincial. En el otro extremo, 44 municipios, el 32,6% del total, tienen a su titular habilitado para buscar un nuevo mandato, y agrupan 3.823.011 electores, el 27,2% del padrón.
Si los once casos amarillos terminan siendo resueltos de manera restrictiva, el número de municipios sin posibilidad de reelección podría ascender a 91 sobre el total de 135.
El límite surge del artículo 3° de la Ley Orgánica de las Municipalidades (Decreto-Ley 6769/1958), que no contenía originalmente un tope a la reelección. Se lo incorporaron dos leyes posteriores: la Ley 14.836, sancionada en 2016 durante la gobernación de María Eugenia Vidal con el impulso del Frente Renovador de Sergio Massa, que limitó a intendentes, concejales y consejeros escolares a una sola reelección consecutiva; y la Ley 15.315, de 2021, que corrió el punto de partida del cómputo y agregó una cláusula sobre el ejercicio parcial del mandato.
Con esas modificaciones, quedan comprendidos todos los que hayan asumido su cargo por un segundo período, sin importar si lo ejercieron total o parcialmente, y el punto de partida de ese cómputo quedó fijado en 2019 para los intendentes. Los mandatos anteriores a esa fecha no se computan, de modo que un titular con seis períodos consecutivos desde 2003 queda en la misma situación que uno que asumió por primera vez en 2019.
Tampoco existe ningún umbral de “mitad de mandato” para determinar si un intendente queda alcanzado por la prohibición: la referencia a los dos años que todavía circula corresponde a un régimen anterior a la reforma de 2021.
Un proyecto en el Senado que borraría todo el mapa
Mientras ese esquema empieza a regir por primera vez, en el Senado bonaerense hay presentado un proyecto de la senadora kicillofista Ayelén Durán, bajo el expediente E 136 2025-2026, que no busca resolver la ambigüedad entre los artículos de la ley sino eliminar directamente el límite a la reelección. La iniciativa apunta, otra vez, contra la Ley Orgánica de las Municipalidades: reescribe el artículo 3° de la Ley Orgánica para que intendentes y concejales puedan ser reelectos sin tope y sin la cláusula de ejercicio total o parcial del mandato.
Sobre las leyes modificatorias, deroga los artículos 1° y 6° de la Ley 14.836 y anula por completo la Ley 15.315, donde está la regla de cómputo vigente. El alcance del proyecto no se limita a los intendentes: también incluye a concejales, consejeros escolares y legisladores provinciales, y no fija ningún límite temporal de aplicación. La iniciativa no tiene dictamen y, de aprobarse, dejaría sin efecto las tres categorías que hoy ordenan el mapa electoral de 2027.
De los 80 intendentes inhabilitados, 51 pertenecen a Fuerza Patria, y una veintena de esos casos gobierna distritos del Gran Buenos Aires, la zona de mayor peso electoral del país. El ejemplo más contundente es La Matanza, donde Fernando Espinoza gobierna con el 53,38% de los votos sobre un padrón de 1.057.458 electores, más grande que el de provincias enteras como Entre Ríos. Le siguen Almirante Brown (Mariano Cascallares, 460.982 electores, más que todo Chubut) y Merlo (Gustavo Menéndez, 434.550 electores, más que San Luis).
En el entorno de Kicillof circula el diagnóstico de que habilitar esas reelecciones es clave para la propia proyección presidencial del gobernador rumbo a 2027, ya que esos intendentes son vistos como “locomotoras electorales” capaces de traccionar votos en una boleta nacional: la Provincia concentra el 39% del padrón del país, y dentro de ella la Primera y la Tercera sección reúnen más del 70% del electorado bonaerense.
El proyecto de Durán fue presentado el 19 de mayo de 2025 y, un año después, sigue sin dictamen en la Comisión de Legislación General del Senado bonaerense, que preside el senador Germán Lago, alineado con Kicillof y con la vicegobernadora Verónica Magario. La primera vez que se intentó votarlo, en junio de 2025, no consiguió los votos: la senadora massista Sofía Vannelli se pronunció en contra y forzó un empate de 22 a 22 en el recinto.
Ese mismo día sí avanzó otra iniciativa, del senador Vivona, que alcanza únicamente a legisladores, concejales y consejeros escolares -no a intendentes- y que obtuvo media sanción con el voto de desempate de Magario, aunque después quedó trabado en Diputados por falta de acuerdos.
El rechazo del massismo se mantiene firme: el Frente Renovador de Sergio Massa defiende públicamente la ley de 2016 como una de sus banderas históricas y sostiene que ese límite no se puede modificar. La senadora Malena Galmarini, que preside la comisión de Reforma Política y Régimen Electoral, reclamó además que cualquier proyecto sobre reelecciones pase primero por su comisión y no por la de Legislación General, un pedido que hasta ahora no tuvo respuesta. Sin embargo, en el entorno de Kicillof relativizan ese rechazo: sostienen extraoficialmente que Massa está en contra, pero que si se consiguiera el acuerdo político entre los demás espacios del peronismo, el massismo “no sería un obstáculo” para destrabar la reforma.
La traba más fuerte, sin embargo, aparece puertas adentro del peronismo. La Cámpora, el sector que conduce Máximo Kirchner, no ve con urgencia destrabar la reforma: al tener pocos intendentes propios alcanzados por la restricción, plantea condiciones para acompañar y sostiene que quienes no logren la reelección municipal tienen otros caminos dentro de la estructura, como una banca en la Cámara de Diputados de la Nación.
Puntualmente, el kirchnerismo condiciona avanzar a que antes se resuelvan otros dos temas: la definición sobre una eventual candidatura de Cristina Fernández, y que sea el propio Kicillof quien convoque a una mesa de negociación con el paquete electoral completo, que incluye el desdoblamiento o la concurrencia con los comicios nacionales, el régimen de PASO y la cobertura de las vacantes pendientes en la Suprema Corte bonaerense, la Subprocuración y las dos Defensorías. El escenario genera una grieta entre los propios intendentes bonaerenses: mientras un sector confía en que un acuerdo peronista amplio puede destrabar el proyecto, otros creen que hoy no están los votos ni en el Senado ni en Diputados.
A la resistencia interna se sumó el rechazo público del PRO bonaerense, que conduce el diputado nacional Cristian Ritondo, que calificó la iniciativa de “retroceso para la democracia bonaerense” y acusó al gobernador de buscar blindar a su tropa de intendentes con vistas a su propia proyección presidencial. La Libertad Avanza también rechaza de plano la extensión de los mandatos, mientras que la UCR bonaerense exhibe posiciones divididas.
El calendario legislativo juega en contra de una definición rápida. Según el artículo 138 del Reglamento Interno del Senado bonaerense, los proyectos que no son votados de manera definitiva durante el período legislativo en que fueron presentados, o durante el siguiente, caducan y pasan al archivo. Como el expediente de Durán ingresó en 2025, este 2026 es el segundo y último período que tiene por delante antes de esa caducidad, lo que convierte al cierre del año en una instancia decisiva tanto para el futuro de la ley como para saber quiénes estarán finalmente habilitados a competir por las 135 intendencias bonaerenses en 2027.
Un bloqueo desparejo entre las secciones electorales
El bloqueo para ejercer un nuevo mandato no está repartido de manera pareja entre las ocho secciones electorales de la provincia. La Quinta Sección es la más afectada: 20 de sus 27 municipios están en rojo, uno en amarillo y seis en verde, con un 84,6% de su padrón alcanzado por la restricción. En el extremo opuesto aparece la Sexta Sección, con nueve municipios en rojo y 13 habilitados, por lo que apenas el 25,5% de su padrón queda bloqueado. La Primera tiene 17 municipios inhabilitados sobre 24 y un 74,1% del padrón bloqueado; la Tercera, 12 sobre 19 y un 70,4%; la Cuarta, 11 sobre 19 y un 56,3%; la Segunda, siete sobre 15 y un 43,2%; y la Séptima, cuatro sobre ocho y un 28,1%. La Octava sección, que corresponde a La Plata como distrito único, no registra ningún bloqueo.
La diferencia entre secciones no responde tanto a la región o al color político como a si el municipio de mayor peso electoral de cada zona mantuvo o cambió a su intendente en 2023. El caso más claro es la Quinta, donde General Pueyrredón concentra casi la mitad del padrón seccional y mantuvo al mismo titular, lo que eleva el bloqueo al 84,6%; en la Sexta ocurrió lo contrario, Bahía Blanca cambió de conducción y el porcentaje cae al 25,5%.
Un bloqueo simétrico entre los dos grandes espacios
En términos de distribución política, el bloqueo es prácticamente simétrico entre los dos espacios que compitieron en 2023. Unión por la Patria tiene 51 municipios en rojo sobre 84, el 60,7% de sus distritos, mientras que Juntos por el Cambio tiene 26 municipios inhabilitados sobre 47, el 55,3%. En términos de padrón, la diferencia también es acotada: el bloqueo alcanza al 65,2% de los electores de los municipios ganados por Unión por la Patria y al 63,2% de los correspondientes a Juntos por el Cambio, una brecha de apenas 5,4 puntos porcentuales en cantidad de municipios y de 2 puntos en padrón.
En los vecinalismos y otros espacios menores, la incidencia es mayor: tres de cuatro municipios, el 75%, están en rojo, y concentran el 90,4% de su padrón. La Libertad Avanza no ganó ninguna intendencia bonaerense en 2023, por lo que no tiene municipios propios en esta comparación, que utiliza la etiqueta Juntos por el Cambio porque es la que figura en las actas oficiales de esa elección, pese a que la coalición ya no existe como tal.
Tras la disolución de Juntos por el Cambio, varios de sus intendentes modificaron su alineamiento político. Entre los casos que migraron hacia La Libertad Avanza aparecen Diego Valenzuela, de Tres de Febrero, que está inhabilitado; Fernanda Astorino, de Capitán Sarmiento, habilitada; y Ramiro Egüen, de 25 de Mayo, también habilitado, que luego rompió con ese espacio para competir con una lista propia. Otros intendentes rompieron directamente con el armado entre el PRO y La Libertad Avanza para competir con estructuras propias: Javier Martínez, en Pergamino; María José Gentile, en Nueve de Julio; y Diego Reyes, en Puán.
Los 54 que todavía pueden volver
En 54 de los 135 municipios, el titular del mandato 2019-2023 conserva la posibilidad de volver a competir en 2027 por el mismo distrito, porque el mandato anterior a 2019 no se computa. Ese grupo se divide en dos situaciones.
En un primer conjunto, la licencia no interrumpió la titularidad del mandato pese a que el dirigente no ejerció el cargo en la práctica: Martín Insaurralde, en Lomas de Zamora, dejó el ejercicio en septiembre de 2021 para asumir la Jefatura de Gabinete provincial, con licencia hasta el final del mandato y Marina Lesci a cargo del Ejecutivo; Gabriel Katopodis, en General San Martín, pidió licencia al Concejo en diciembre de 2019 para asumir en el Ministerio de Obras Públicas de Nación; Jorge Macri, en Vicente López, dejó el ejercicio en diciembre de 2021; Juanchi Zabaleta, en Hurlingham, conserva la titularidad del mandato 2019-2023 pese a la licencia que le permitió a Selci ejercer como interino; Alejandro Granados, en Ezeiza, tuvo una licencia prolongada y reasumió en enero de 2023; y Hernán Yzurieta, en Punta Indio, pidió licencia en septiembre de 2021 para la Dirección de Vialidad provincial.
En un segundo conjunto están los intendentes que ejercieron todo el período 2019-2023 pero no fueron electos para un nuevo mandato en 2023, entre los que se destacan, por peso electoral, Julio Garro en La Plata, Néstor Grindetti en Lanús, Gustavo Posse en San Isidro, Héctor Gay en Bahía Blanca, Alberto Descalzo en Ituzaingó, Manuel Passaglia en San Nicolás, Ezequiel Galli en Olavarría y Martín Yeza en Pinamar.
Por último, en los 43 municipios donde en 2023 asumió un intendente nuevo, excluyendo a Berazategui por su situación particular, el resultado fue prácticamente un empate: en 22 distritos el espacio político que gobernaba logró conservar el municipio, y en 21 lo perdió. De esos 21 cambios, 14 fueron desde Juntos por el Cambio hacia el espacio que compitió como Frente de Todos y luego como Unión por la Patria; cuatro se produjeron en sentido inverso; y tres involucraron a fuerzas vecinalistas.
