El Gobierno de Mendoza sorprendió al compartir un comunicado en el que asegura que la Provincia fue demandada por $150 millones por los daños y perjuicios sufridos por un menor que presenció el violento asalto ocurrido el 1 de septiembre de 2024 en Guaymallén, en el que fue asesinado el policía retirado Héctor Pelayes.
“La acción judicial fue iniciada por los padres del niño contra el Estado provincial y quedó radicada ante el Tribunal de Gestión Asociada Primero. La demanda fue presentada en junio y ahora el Gobierno provincial fue formalmente notificado y cuenta con 20 días para responderla”, reza el comunicado.
“El planteo tiene un antecedente central: Roberto Pereyra Cruz, uno de los delincuentes que ingresó armado a la vivienda de Pelayes, se encontraba en libertad condicional por una decisión del juez de Ejecución Penal Sebastián Sarmiento“, dice el escrito con una indirecta dirigida al magistrado que fue suspendido temporalmente, aunque ahora se desempeña con normalidad en su puesto.
“Pereyra Cruz había sido condenado a 11 años y seis meses de prisión por homicidio en ocasión de robo, una pena cuyo vencimiento estaba previsto para 2027. Sin embargo, en abril de 2023 Sarmiento le concedió la libertad condicional luego de declarar la inconstitucionalidad del artículo 15 del Código Penal. La demanda sostiene que el beneficio fue otorgado pese a la prohibición legal existente para ese tipo de delito”, concluyeron desde el Ejecutivo.
El juez de Ejecución Penal Sebastián Sarmiento cumplió con su suspensión y en junio retomó su actividad judicial luego de meses.
El proceso de juicio político contra Sarmiento tuvo un desenlace que fue sorpresivo el martes 21 de abril. Lo que se perfilaba como un debate de cuatro jornadas intensas para definir su destitución terminó resolviéndose en cuestión de horas mediante una salida alternativa que le permitió al magistrado conservar su cargo, aunque con una suspensión.
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Sarmiento aceptó su culpabilidad en los hechos que se le imputaban y alcanzó un acuerdo de juicio abreviado, reconociendo el mal desempeño en sus funciones a cambio de una sanción disciplinaria menor a la remoción. El procurador general de la Corte, Alejandro Gullé, dio el visto bueno.
El magistrado se encontraba suspendido desde el pasado 11 de diciembre, percibiendo apenas el 50% de sus haberes mientras se sustanciaba la causa. Sin embargo, apenas horas antes de que comenzara formalmente el proceso oral, elevó una propuesta de suspensión de seis meses que fue aceptada por Gullé, quien comunicó la novedad ante los integrantes del Jury.
Tras un cuarto intermedio para analizar los términos, finalmente se dictó sentencia y se estableció una suspensión de seis meses sin goce de haberes (teniendo en cuenta el tiempo ya transcurrido desde el 11 de diciembre), lo que implicaba que Sarmiento retomaría su actividad en los tribunales mendocinos en junio de 2026. El fallo dispuso, además, que Sarmiento debía reintegrar los salarios percibidos desde diciembre del año pasado, cuando había sido suspendido de manera preventiva y comenzó a cobrar el 50% de su sueldo.
En aquel entonces, los 21 votos -por unanimidad- que evitaron la destitución y confirmaron la suspensión de 180 días correspondieron a los ministros de la Suprema Corte Dalmiro Garay, Julio Gómez, Omar Palermo, José Valerio, Teresa Day, Norma Llatser y Mario Adaro. Por el lado del Poder Legislativo, acompañaron los senadores Martín Kerchner, Natacha Eisenchlas, David Sáez, Mauricio Sat, Helio Perviú, Ariel Pringles y Alejandro Diumenjo, junto a los diputados Germán Gómez, José Tribiño, Beatriz Martínez, Gustavo Cairo, Mauricio Torres, Jorge López y Érica Pulido.
El expediente contra el juez reunía cinco hechos de suma gravedad que habían generado una fuerte presión política. El caso de mayor impacto fue impulsado por el diputado provincial Franco Ambrosini, representante de la familia del comisario retirado Héctor Pelayes, quien fue asesinado por un delincuente que se encontraba en libertad anticipada por una decisión de Sarmiento.
Este fallo colocó al juez en el centro de las críticas del gobernador Alfredo Cornejo, quien lo señaló reiteradamente por sus criterios considerados garantistas.
Además de la tragedia de Pelayes, la acusación incluía el homicidio de Héctor Quiroga en 2017 a manos de un condenado en libertad condicional y la polémica liberación de Fabián Olguín, quien luego fue acusado de abusos contra una menor en San Rafael, sumado a cuestionamientos por su oposición al retiro de celulares en las cárceles.
