El Gobierno nacional denunció penalmente a Gerardo Morales por la violencia ocurrida en Jujuy el martes pasado, cuando manifestantes intentaron tomar la Legislatura mientras se votaba la reforma de la Constitución provincial.
La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación instó a la Justicia federal a que inicie una investigación sobre el accionar de las fuerzas de seguridad durante los incidentes. Los mismos dejaron un saldo aproximado de 170 heridos y al menos 68 detenidos.
Según se indicó desde el Gobierno, incluyeron en la presentación “testimonios y pruebas sobre prácticas violatorias de los derechos humanos por parte de la Policía de Jujuy”. Todo en base a denuncias recogidas por la delegación que encabezó el secretario Horacio Pietragalla Corti.
Las víctimas relataron haber recibido golpes y malos tratos al momento de las detenciones, disparos de balas de goma en el rostro, detenciones arbitrarias. También señalaron la utilización de vehículos sin identificación, el ingreso a viviendas particulares sin orden de allanamiento y la presencia de policías infiltrados entre los manifestantes.
“Hemos constatado numerosos delitos perpetrados por personal policial que –más allá de las responsabilidades de los autores directos- dan cuenta de una actuación organizada de manera ilícita desde las más altas cúpulas del Gobierno de la Provincia”, señaló la presentación.
El escrito también menciona que el gobernador Gerardo Morales publicó en sus redes sociales los antecedentes judiciales de algunos manifestantes.
