El Gobierno nacional envió este sábado al Senado dos proyectos de reforma vinculados a las leyes de Discapacidad y Salud Mental, en una jugada destinada a reactivar la actividad legislativa tras semanas de baja intensidad.
La definición se tomó luego de una reunión de la mesa política en Casa Rosada, encabezada por figuras clave del oficialismo como Karina Milei, el titular de Diputados Martín Menem y el secretario de Asuntos Estratégicos Ignacio Devitt.
Desde internaciones involuntarias hasta auditorías a pensiones por invalidez
En materia de salud mental, el proyecto apunta a acelerar la capacidad de respuesta ante situaciones críticas. Propone facilitar las internaciones involuntarias cuando exista “riesgo grave de daño”, en lugar del criterio actual más restrictivo, y otorga mayor peso a la decisión de médicos y familiares por sobre la instancia judicial.
Además, habilita el fortalecimiento de hospitales especializados, frenando el esquema de cierre progresivo previsto en la normativa vigente, y plantea un cambio conceptual al reemplazar el término “padecimiento mental” por “trastorno de salud mental”, con una mirada más clínica.
Por otro lado, la reforma en discapacidad se centra en la sostenibilidad fiscal y el control de irregularidades. Incluye la creación de herramientas para auditar pensiones no contributivas por invalidez y detectar casos que no cumplan con los requisitos legales.
También prevé criterios más estrictos para acceder al Certificado Único de Discapacidad (CUD), con el objetivo de limitar el acceso a beneficios sociales y al transporte gratuito a quienes realmente lo necesiten.
En paralelo, el oficialismo busca modificar o dejar sin efecto la Ley de Emergencia en Discapacidad sancionada en 2025, al considerar que implica un gasto público ineficiente.
El Senado y una estrategia parlamentaria
El Gobierno decidió que el Senado sea la Cámara de origen para el tratamiento de los proyectos, en una jugada que apunta a asegurar un arranque más favorable para las iniciativas.
La elección no es casual, en la Cámara alta, el Gobierno entiende que cuenta con una mayoría más sólida, o al menos aliados suficientes, para garantizar la aprobación inicial antes de que el debate pase a Diputados, donde el escenario es más incierto.
Si la Cámara baja introduce modificaciones, el Senado conserva la posibilidad de insistir con el texto original, lo que amplía el margen de maniobra del oficialismo para sostener su versión de las reformas.
El envío de los proyectos también funciona como respaldo para la próxima presentación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien deberá exponer su informe de gestión ante el Congreso el 29 de abril.
Otras prioridades en debate
Además de las reformas en Discapacidad y Salud Mental, el Ejecutivo analiza acelerar el tratamiento de otros proyectos considerados prioritarios, como la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y la famosa Ley “Hojarasca”.
En este último caso, la intención es avanzar con su tratamiento en comisión el próximo martes y, si no surgen obstáculos, llevar la iniciativa al recinto al día siguiente.
Por su parte, el proyecto sobre propiedad privada continúa en discusión dentro del Senado, aunque todavía sin fecha de dictamen. Desde sectores de la oposición dialoguista plantearon objeciones a cambios introducidos tras la exposición del ministro Federico Sturzenegger, lo que demora su avance.
De acuerdo a los plazos legislativos, se estima que esta iniciativa recién podría llegar al recinto en mayo, en un escenario donde el oficialismo intenta ordenar prioridades y sostener el ritmo parlamentario en un contexto político complejo.
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