El Director de Salud y Medioambiente de Santa Rosa, Roberto Francisco Ortiz, fue denunciado por privación ilegítima de libertad a su hija. El hecho sucedió el 14 de marzo del año 2022, desde allí, la familia no puede ver a la niña.
Además, el funcionario y doctor enfrenta una serie de acusaciones por parte de Jeannette Molina, su ex pareja. Entre ellas, figura la de violencia de género en repetidas ocasiones, así como violencia física, psicológica y económica.
En diálogo con News Online, Jeannette Molina, relató que no puede ver a Sofía, quien nació en el 2014, hace ya 1 año y 2 meses. “El progenitor de mi hija se la llevó de la escuela sin mi permiso y desde entonces la mantiene alejada del vínculo familiar materno”.
Ortiz, a los pocos meses del nacimiento de Sofía, desapareció y evadió toda responsabilidad como padre. Por ello, la madre fue designada a cargo de su cuidado. Luego, pese a abandonar a la niña y no pagar la cuota alimentaria por 6 años, la retira del colegio donde asistía sin consentimiento.
Según contó Molina, “sólo me puedo comunicar mediante celular y siempre está supervisada por él, su actual pareja y familia”. “Él volvió a su trabajo normal, pese a todo lo sucedido. De hecho, cambió a la niña de escuela a una de Santa Rosa, sin aviso alguno”, agregó.
Y se refirió a la situación que vive actualmente Sofía, en el cual, y por influencia del entorno paterno, recibe tratamiento psicológico. De nuevo, sin permiso de la madre.
En este caso, la violencia vicaria, refiere a una forma de violencia de género por la cual los hijos e hijas de las mujeres víctimas de violencia de género son usados como objeto para maltratar y ocasionar dolor a sus madres.
Es importante resaltar que Ortiz es allegado de la intendente de dicho departamento, Flor Destéfanis.
La causa en la justicia
Cabe destacar que, en diciembre del 2020 y mediante audiencia judicial, se le ordenó a Ortiz un acuerdo de vinculación con su hija. El mismo constaba de 2 horas, los días viernes. Sin embargo, desobedeció la normativa.
Tras varias denuncias de violencia de género por parte de Ortiz hacia Molina, su madre e hijas, la Justicia no ha hecho más que ignorar los pedidos urgentes de la familia.
Por su parte, el Dr. Marcos Gerardo Crochik, a cargo del sexto Juzgado de Familia, uno de los que recibió la causa, tiene numerosas denuncias por fallos polémicos y demoras en los expedientes.
La primera denuncia penal realizada de forma online fue en la Unidad Fiscal Correccional, fue caratulada como impedimento de contacto con padre no conviviente, el cual no correspondía a la situación denunciada. Además, fue tomada por el doctor Alessandra.
El fiscal, sin fundamentar ni aviso alguno, archivó la causa, además de no haberla caratulado como debía ser.
Luego, la segunda denuncia, se tituló como privación de la libertad en la Unidad Fiscal de Delitos No Especializados. El mismo cayó en manos del fiscal Juan Manuel Sánchez, sin embargo, al poco tiempo se declaró incompetente y la remitió nuevamente a la Unidad Fiscal Correccional. Esto se debió a que lo entendió como “impedimento de contacto”.
De esta forma, y mediante un sorteo, la causa recayó en la fiscalía de la doctora García Cobos. Y el tortuoso ciclo continuó: la fiscal la volvió a archivar, solo que esta vez, lo notificó y fundamentó.
Aunque no existe razón alguna que justifique el accionar de los fiscales, sumado a las cientos de vueltas que sólo retrasan lo que debería haberse resuelto hace tiempo, a la Justicia parece no importale el bienestar de una menor. Además de la privación ilegítima de su libertad, es una niña que alejaron de su madre y desde entonces las autoridades hacen oídos sordos al pedido.
