El titular del Interbloque de Juntos por el Cambio en el Senado de la Nación, Alfredo Cornejo, junto a la diputada Jimena Latorre, presentaron un proyecto en ambas cámaras para impulsar un “Nuevo Régimen de Registración de Automotores y Prendas”, buscando así mayor eficiencia, transparencia y un costo menor para los usuarios.
Cornejo, acompañado por la senadora alvearense Mariana Juri, y los diputados Pamela Verasay, Lisandro Nieri y Alejandro Cacace, sostuvo que “el negocio de unos pocos se transformará en un verdadero servicio público para los usuarios”.
El objetivo de la iniciativa es la reestructuración del régimen actual, por medio de la modernización del sistema añadiendo tecnologías que posibiliten simplificar, unificar, acelerar y coordinar los trámites.
Cornejo, y el resto de los radicales, pretenden que se brinde un servicio eficaz a los contribuyentes, y de esa manera se otorgue un mayor control y transparencia sobre los procesos que forman parte de la actividad de los registros de la propiedad del automotor.
“Cuando los servicios públicos dejan de ser eficientes y se convierten en cajas de unos pocos, la forma más efectiva para transformarlos en negocios poco atractivos es llevando transparencia y control al funcionamiento del sistema”, explicó Cornejo y añadió: “Si los Encargados de Registro tienen vocación pública continuarán en sus funciones como calificadores virtuales a cambio de un sueldo; sino dejarán los registros”.
“Proponemos modificar un sistema complejo y enmarañado para que sea ágil y transparente”, dijo por su parte Latorre, y detalló: “En nuestro país el servicio registral es un servicio público de gestión privada; una gestión privada que ha invertido poco en modernización y eficiencia y ha recaudado muchísimo, a lo largo de décadas ha generado una serie de negocios paralelos que sólo incrementaron los costos de los trámites en beneficio de algunos sectores sin brindarle mejores servicios a los usuarios. Debe ser política de Estado incorporar todas las herramientas que posibilita la tecnología para que la gestión esté al servicio de la ciudadanía y no al revés; terminar de una vez por todas con las ‘cajas’ que reparte la política”.
La digitalización y virtualización completa del proceso de registración abarataría los costos operativos y ello significará menores tasas para los usuarios. Los legisladores apuntan a que se implemente una Plataforma Única Registral del Automotor- PURA- donde se generarían los documentos y expedientes electrónicos. La virtualización facilitaría la gestión de documentos, el acceso y la perdurabilidad de la información, y se acortarían los plazos en las tramitaciones, mejorando así el seguimiento público de cada expediente.
Existen en el país más de 1500 Registros Seccionales de la Propiedad Automotor dependientes de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad Automotor y de Créditos Prendarios (DNRPA) del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, por lo que se trata de un servicio territorialmente desconcentrado cuya dependencia administrativa se inscribe en la órbita del Gobierno Nacional.
La propuesta de Cornejo y compañía es la de cambiar ese esquema transfiriendo a las jurisdicciones provinciales, las estructuras organizativas necesarias para poner en marcha la digitalización de los registros a través de la Plataforma PURA, que funcionarían en forma conjunta con los Registros de la Propiedad Inmueble. Esto se enmarca en un régimen de transición hacia la virtualidad completa, con la transferencia de recursos a esas jurisdicciones para hacer frente a la tarea encomendada.
Indicaron que no debe afectarse la continuidad del servicio registral, ya que también implicaría una afectación al tráfico mercantil y la seguridad jurídica, por lo tanto, el esquema propuesto prevé un régimen que garantice el funcionamiento actual mientras se trabaja en la transformación hacia un sistema más eficiente.
La figura de los encargados de registro tiene especial previsión en este cambio de sistema, ya que estos agentes perciben un porcentaje de los aranceles cobrados a los usuarios por los servicios prestados para financiar las actividades que llevan a cabo (contratación de personal, infraestructura y bienes materiales, etc.). Se trata de un sistema atípico que ha generado una larga controversia sobre el estatus jurídico de esos encargados, sus funciones y los aranceles que reciben.
Este proyecto, según Cornejo, viene a traer claridad y seguridad jurídica sobre un servicio del Estado que se encuentra delegado.
