El senador nacional se refirió al proyecto que presentó en el año 2022, el cual busca modificar la Ley 26.879. De esta forma, se crearía el Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a todos los delitos. Lo hizo en una disertación en la apertura de las jornadas internacionales “Base de datos de perfiles genéticos” que se realiza en el Polo Judicial.
La normativa fue sancionada por unanimidad en 2013 y terminó siendo reglamentada en el 2017. Actualmente cuenta con 400 muestras a nivel nacional. Además, funciona solo para las causas de delitos contra la integridad sexual que tengan condena firme.
“Esta característica dificultó que el actual registro cumpliera con su fin al estar limitado solamente a aquellas personas con condena firme, reduciendo el margen de acción del registro”, afirmó Cornejo.
La base de datos del registro de huellas digitalizadas de Mendoza es la más grande de Latinoamérica. Cuenta con un total de registros de 72.748 individuos que responden a datos de imputados, condenados, personal de fuerzas de seguridad, personal de seguridad privada, miembros del ministerio público fiscal y voluntarios.
De dicha base se han producido 624 impactos identificatorios que han sido útiles para resolver más de 1500 causas.
Sobre el proyecto
“Es necesario reformar el registro nacional para que tenga un ámbito amplio de aplicación y sirva realmente para las investigaciones criminales”, sostuvo Alfredo Cornejo.
Durante la disertación aclaró que estos registros funcionan no sólo en Mendoza sino en otros países como Uruguay, Brasil, España, Alemania, Reino Unido, Estados Unidos, entre otros.
Y explicó que en Mendoza “sufrimos algunos delitos que la inteligencia criminal ha demostrado que son con conexión local pero que vienen de afuera, de otra provincia”. Quienes utilizan este modus operandi, alquilan una casa o un departamento a través de una aplicación por tres o cuatro días, estudian el caso, hacen una entradera, salen, dejan huellas genéticas, pero no hay contra qué validarlas.
Para cerrar, el senador nacional destacó los aportes realizados al proyecto de ley por el doctor Miguel Marino, director del Registro de Huellas Genéticas de Mendoza y su equipo y también por la asociación civil “Madres del Dolor” y “Usina de Justicia”, especialmente a Isabel Yaconis y Guillermo Bargna.
