En momentos en los que se vive un verdadero revuelo por la tensión internacional que repercuten en los distintos mercados, el senador Alfredo Cornejo y otros colegas de Juntos por el Cambio (JxC) solicitaron que el titular del Banco Central, Miguel Ángel Pesce informe en el Congreso “de manera detallada, verbal y documentalmente” la última normativa que busca asegurar la liquidez al sector financiero a expensas de las reservas de la autoridad finaciera.
Los opositores lo solicitaron por medio de un proyecto de resolución que tiene las firmas del mendocino, y de los titulares de los bloques del PRO; Humberto Schiavoni; y de la UCR, Luis Naidenoff. Desde la coalición opositora pidieron precisiones sobre cuáles son las competencias que tiene el BCRA para ofrecer a las instituciones financieras opciones de liquidez sobre títulos adjudicados por el Estado Nacional a partir del 7 de marzo con vencimiento entre el 1 de enero de 2024 y el 31 de diciembre de 2025, especialmente las competencias de la Gerencia de Análisis de Operaciones y de la Gerencia Principal de Operaciones de Mercado para emitir la Circular “A” 7716 y el motivo por el que no está refrendada por el Directorio de la entidad.
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En los fundamentos del proyecto, destacaron que corresponde al Congreso “arreglar el pago de la deuda interior y exterior de la Nación” y que “es el responsable último y el facultado constitucional porque en él están representados el pueblo de la Nación argentina y las Provincias que la componen”.
“Las Comunicaciones “A” 7716, “B” 12491 y “B” 12494 del Banco Central son medidas que exigen ser tratadas en el Congreso y exponerse al debate público. A pesar del impacto que su aplicación podría generar, fueron dictadas por autoridades de segunda línea de la entidad y en un marco de transparencia incompatible con los principios republicanos más elementales”, expresaron los senadores.
Y siguieron: “La opinión pública requiere entender el impacto de las Comunicaciones y su vinculación con el megacanje de títulos públicos anunciado recientemente por el Ministerio de Economía, así como las circunstancias que rodearon su dictado. Dichas comunicaciones ponen en marcha la licitación de opciones de liquidez sobre los títulos que se adjudiquen en dicha medida”.
“Esas comunicaciones comprometen al BCRA ante las entidades financieras a adquirir los Títulos en cualquier fecha anterior al vencimiento estipulado por el Estado Nacional como emisor, y al sólo requerimiento de su tenedor. Estamos hablando de un compromiso asumido por billones de pesos, que operará a merced de las entidades financieras: con el ejercicio de la opción, operará el cambio de acreedor de los Títulos, que pasará de manos de bancos a favor de la autoridad monetaria”, advirtieron.
“Lo que las autoridades hacen aparecer ante la sociedad y la opinión pública como un canje de deuda de corto plazo por uno de mediano plazo, en los hechos significa para el Estado Argentino la conversión de una deuda de corto plazo, por una deuda de vencimiento diario y permanente”, señala la fundamentación de la iniciativa y subraya que “no están explicitadas las fuentes de financiamiento ni los recursos con los que el BCRA honrará las compras compulsivas a las que puede verse obligado”, manifestaron por otra parte.
“La deuda pública, adquirida por las entidades financieras con los depósitos privados de los ahorristas, pasaría a ser tomada con fondos públicos y, en los hechos, se produciría la “estatización” de las acreencias del sistema financiero contra el Estado Nacional”, resaltaron en la iniciativa y enfatizaron que “las comunicaciones no prevén ningún mecanismo para esterilizar el volumen de pesos que se inyectaría anticipadamente al sistema financiero y que actualmente están comprometidos al Estado en sus títulos de deuda, ni se contempla integralmente la posición de los ahorristas, ya que sus depósitos que dejan de estar respaldados por títulos de corto plazo, no terminan de estar protegidos por una opción de venta anticipada que se concreta a valores de mercado”.
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Además, señalaron que tampoco se brinda ninguna explicación sobre la presumible “brecha” que podría darse entre la liquidez que podrían obtener las entidades por esta vía y el valor de los ahorros que deben honrar y atender con su producido, ni se tiene en cuenta ninguna restricción a la capacidad de la autoridad monetaria de licitar estas opciones, que aparecen como un cheque en blanco que admite cualquier nivel de discrecionalidad en cuanto a su volumen, y se convierte así en un seguro de liquidez para las entidades financieras”, denunciaron los legisladores en de la cámara Alta.
“El generoso ofrecimiento del BCRA se proyecta en el tiempo mucho más allá del mandato democrático de las autoridades gubernamentales, generando compromisos que deberán ser atendidos por la próxima gestión que resulte electa”, resaltaron y subrayaron que la materialidad económica de la medida excede por mucho las potestades reglamentarias de la autoridad monetaria, siendo de suma importancia la participación del Congreso de la Nación Argentina.
