Lo que empezó como un desafío de TikTok y otras redes sociales en escuelas terminó encendiendo todas las alarmas en la provincia de Mendoza.
Ante una ola de amenazas sobre presuntos tiroteos en colegios, el gobierno de Alfredo Cornejo decidió cortar por lo sano y apuntar directamente al castigo: habrá consecuencias penales y contravencionales tanto para los alumnos involucrados como para sus padres.
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El titular de la Dirección General de Escuelas (DGE), Tadeo García Zalazar, fue el encargado de marcar la postura oficial en la mañana de este viernes. Desde la Legislatura provincial, confirmó que ya hay tres estudiantes bajo la lupa de la Justicia por su presunta participación en la difusión de los mensajes intimidatorios.
Según detalló el funcionario, uno de los adolescentes, de 17 años, fue formalmente imputado, mientras que los otros dos menores quedaron bajo el abordaje de la Dirección General de Protección.
El peso de la ley sobre las familias
“Esto no es una broma, es un delito”, sentenció García Zalazar en rueda de prensa. La premisa del Ejecutivo mendocino busca ser ejemplificadora frente a un fenómeno que en apenas 48 horas afectó al 10% de los establecimientos educativos de la provincia, replicando una tendencia que recorre Argentina y Latinoamérica.
“El que las hace, las paga en Mendoza. Esto ha derivado en procesos judiciales”, insistió el director de la DGE. Además, subrayó el punto clave de la estrategia oficial: la responsabilidad de los mayores. El Código Contravencional provincial prevé sanciones directas y severas para los padres o tutores de los menores que cometan este tipo de actos que alteren el orden público.
Aulas vacías y faltas de computadas en escuelas
El impacto de las amenazas, aunque difundidas fuera del horario escolar, golpeó de lleno en la presencialidad. El miedo de las familias provocó un pico de ausentismo significativo y obligó al Estado a movilizar recursos policiales y judiciales de forma preventiva para garantizar la seguridad en los edificios.
Sin embargo, desde el Gobierno fueron tajantes respecto a la asistencia. La DGE ratificó que el dictado de clases continúa con total normalidad y lanzaron una advertencia para desalentar el faltazo injustificado: “Las faltas se van a computar”.
El rol clave puertas adentro
Más allá de la respuesta punitiva del Estado, las autoridades exigieron mayor control en las casas. García Zalazar pidió a las familias que supervisen el uso de redes sociales y dialoguen con sus hijos para evitar que caigan en la trampa de los retos virales que terminan en la Justicia. “Nosotros podemos dar capacitaciones, pero acá el rol de los padres es fundamental”, sostuvo.
El mensaje final del Gobierno buscó poner un límite claro: “Amenazar de muerte a un compañero no es un juego, es un delito. El que lo haga tendrá todo el peso de la ley encima“.
