A principios del corriente mes de abril, la causa conocida como Vacunatorio VIP fue elevada a juicio oral. Se trata de una investigación que densnudo el manejo arbitrario de las vacunas en un momento en el que la emergencia sanitaria preocupaba a todo el mundo.
El extenso expediente reconstruyó una serie de irregularidades entre las que se constató un operativo clandestino montado en el segundo piso del Ministerio de Salud en febrero del 2021.
Allí se logró acreditar que funcionarios, bajo la protección del entonces ministro Ginés González García, consiguieron de forma clandestina dosis de la vacuna Sputnik V que inicialmente estaban destinadas al Hospital Posadas.
Es decir, las dosis que en un momento de escasez de vacunas debían ir destinadas a las personas de alto riesgo se destinaron para inmunizar a un grupo selecto de allegados políticos, empresarios y periodistas (como el caso de Horacio Verbitsky que, sin quererlo, fue quien dio inicio a la investigación) que no cumplían con los criterios de prioridad vigentes entonces.
Los elementos probatorios que logró acumular el expediente suma testimonios de médicos y directivos del Posadas que confirmaron haber recibido instrucciones directas del Ministerio de Salud para desvíar las vacunas.
A ello se suman los registros del sistema NOMIVAC que revelaron cómo los beneficiarios fueron anotados bajo categorías falsas, como personal de salud por ejemplo, para poder dar una apariencia de legalidad a un trato preferencial por pertenecer al círculo de poder.
A todo ello se suma la recolección de cruces de llamadas y mensajes que confirman la logística coordinada por Alejandro Costa, ex subsecretario de Estrategias Sanitarias, quien trasladó dosis destinadas al expresidente Eduardo Duhalde y su familia.
La responsabilidad penal está encabezada por el fallecido González García, procesado por peculado y abuso de autoridad, pero la figura del ex presidente Alberto Fernández sobrevoló el proceso debido a la presencia de sus colaboradores directos en las listas de privilegiados, aunque no fue procesado en este tramo de la investigación.
Este avance del expediente se produce de forma simultánea con otra investigación que también apunta al manejo de los recursos durante la pandemia por el coronavirus referente a la adquisición de vacunas.
Allí el fiscal Carlos Stornelli solicitó al juez Ariel Lijo que se produzca una serie de indagatorias entre cuyos involucrados se encuentran la sucesora de González García al frente del Ministerio, Carla Vizzotti, el empresario farmacéutico Hugo Sigman y el infectólogo Pedro Cahn.
La sospecha en este caso refiere a la articulación de lo que la fiscalía denominó una “matriz de corrupción” para favorecer a laboratorios locales bajo la sombra de Sigman demostrando el contrato con Pfizer que prometía la entrega rápida de nuevas dosis.
Como sea. Todo lo expuesto demuestra que la pandemia fue utilizada para beneficiar a los propios, ya sea con la inoculación como con los contratos, y los avances judiciales buscan finalizar las sospechas y concretar uno de los episodios más oscuros del milenio de la política argentina
