Este miércoles ingresó en Diputados un proyecto de Ley que tiene como objetivo la disolución del Ente Provincial del Agua y de Saneamiento (EPAS) y el pase de parte de sus funciones al Departamento General de Irrigación.
Con este proyecto de ley, el Gobierno de Mendoza pretende transferir la asignación de las funciones de regulación, protección de los derechos de los usuarios y control de los servicios de agua potable y cloacas, al Departamento General de Irrigación.
Actualmente, según se menciona en el documento, el Departamento General de Irrigación “interviene activamente en la asignación del recurso hídrico, tiene presencia permanente en el territorio”, y “cuenta con una estructura institucional y de profesionales idóneos”.
Aspectos claves del proyecto de Ley
- El texto propone una nueva estructura regulatoria que permitirá adaptar la regulación del sector a las evoluciones y desafíos.
- Supone que, al ampliar las funciones del Departamento General de Irrigación, éste tendrá un rol central para establecer las pautas tarifarias y el control de la calidad del servicio. El Ente, según el proyecto, “atenderá a objetivos económicos, sociales y ambientales”.
- Se detalla que las tarifas deberán reflejar los costos de operación, mantenimiento, inversiones en expansión y renovación del sistema y amortización de los servicios y, en su caso, una retribución razonable para el operador, en el contexto de una administración eficiente.
- Se garantizarán los derechos a acceder a un servicio de agua potable de calidad y a un saneamiento adecuado. Se establecerán mecanismos para que los usuarios puedan presentar reclamos y participar en la toma de decisiones.
- Busca incentivar las inversiones en infraestructura y tecnología para mejorar la calidad y la eficiencia del servicio, especialmente en áreas rurales y periurbanas.
- Se fomentará la participación ciudadana a través de audiencias públicas y mecanismos de consulta para garantizar la transparencia y la legitimidad de las decisiones.
EPAS: transferencia de patrimonio y planta de personal
El proyecto detalla que el total del patrimonio del EPAS será transferido a entidades u organismos que se determinarán en su momento.
Sobre la situación de la planta de personal, el proyecto sostiene que “el Poder Ejecutivo dará pleno cumplimiento a las normativas vigentes en materia laboral, priorizando la situación del personal del Ente. Previa preselección del personal que se realizará antes de la fecha de su disolución, se ofrecerá a los trabajadores en relación de dependencia con el Ente Provincial del Agua y de Saneamiento una alternativa definitiva de conformidad”.
Esas opciones serán, por un lado, “una incorporación voluntaria al Ente Regulador o al operador Agua y Saneamiento Mendoza SAPEM, siempre que ello se ajuste a las necesidades de la entidad y medie aceptación expresa por los interesados. A los efectos, se tendrá en consideración la capacitación y las funciones desarrolladas en el Ente Provincial del Agua y de Saneamiento y la idoneidad para las actividades que desarrollará”.
La otra opción será la de “optar por aceptar la reubicación en otra dependencia de la Administración Pública Provincial, en el caso de ser posible y en la medida que se manifieste esa necesidad, o en su defecto una desvinculación y cese laboral debidamente indemnizada”.
