La agrupación Soberanxs, encabezada por Amado Boudou, Alicia Castro y Gabriel Mariotto, pretende el bloqueo del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y le exige al presidente Alberto Fernández que denuncie al organismo en los tribunales de La Haya.
El espacio dio a conocer un documento en el que pide al Gobierno nacional que “antes de sellar cualquier tipo de acuerdo” con el FMI “solicite a la Asamblea General de las Naciones Unidas que le pida a la Corte Internacional de Justicia una Opinión Consultiva, en la que se expidan sobre la forma discrecional y arbitraria en la que se celebró el acuerdo y establezca las responsabilidades pertinentes y la posibilidad de una reparación por los daños ocasionados”.
“Esta sería la primera vez en la historia que se cuestiona al Fondo Monetario en una instancia internacional, resultando hoy imprescindible hacerlo para poner en evidencia que debe terminarse con la impunidad de sus manejos”, agregan los dirigentes ultrakirchneristas.
El documento fue firmado por los líderes del espacio pero también por actrices como Rita Cortese y Cristina Benegas, la diputada Fernanda Vallejos, el metrodelegado Néstor Segovia, la epidemióloga Gabriela Piovano, el ex juez Luis Arias y el dirigente Mariano Pinedo, hermano del ex senador macrista.
“El Fondo celebró un stand by con el gobierno de Macri a sabiendas que era imposible pagar en 36 meses las sumas comprometidas en un acuerdo sin antecedentes en la historia de la institución, y que no respondió a las prácticas habituales del organismo”, dice el comunicado. “Está probado que el FMI incumplió con sus normas estatutarias y a través de sus acciones y omisiones permitió que los fondos desembolsados no fueran utilizados para su objetivo específico”, añadieron.
Boudou y compañía consideran que un acuerdo con el Fondo “supone la aceptación de un programa de política económica. “Ningún país con 50% de pobreza podría tolerar un programa de ajuste fiscal o una política de ajuste por la vía cambiaria (devaluación)”.
“Resulta difícil imaginar que el organismo acepte un acuerdo tal que los pagos a los que se obligue el Estado no tengan como contrapartida acentuar las carencias y la fragilidad de una situación social que ya no admite ajustes ni restricciones de ninguna naturaleza”, completaron.
