El Tribunal Oral Federal 1 de Mendoza condenó este jueves a 10 y ocho años de prisión respectivamente a los expolicías del “D2” Armando Fernández y Abelardo Garay, mientras la esposa del primero recibió 5 años de cárcel por el delito de sustracción y apropiación ilegitima de la hija de Carmen Moyano y Carlos Poblete, ambos desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar.
Esta sentencia, dictada por los jueces Alejandro Piña, María Paula Marisi y Daniel Carelli, constituye en rigor la segunda condena por apropiación ilegitima de bebes en la provincia de Mendoza. La primera fue en marzo 2019, con la condena a los apropiadores de Claudia Domínguez.
Fernández fue condenado a 10 años de prisión por ser “coautor penalmente responsable de los delitos de retención y ocultamiento de un menor de 10 años, por la alteración del estado civil y por hacer insertar datos falsos en documentos públicos destinados a acreditar la identidad de las personas, todo en concurso ideal”.
En tanto, Garay fue condenado a ocho años de prisión por ser partícipe necesario del delito en la modalidad de “retención y ocultamiento de una menor de 10 años y por resultar coautor de los delitos de “alteración del estado civil y por hacer insertar datos falsos en un documento público, en concurso ideal”
Por su parte, Iris Luffi, esposa del ex policía Fernández, fue condenada a cinco años de prisión por ser coautora de los delitos de “retención y ocultamiento de una menor de diez años, por la alteración civil de una menor y por hacer insertar datos falsos en documentos públicos destinados a acreditar la identidad de las personas, en concurso ideal”.
Finalmente, la sentencia en su punto seis dice: “Declarar que Miriam Fernández es víctima de delito de lesa humanidad cometido durante el terrorismo de Estado en la Argentina”.
El Tribunal antes de pasar a deliberar y de dar a conocer la sentencia preguntó a los imputados si querían hablar o manifestar algo. Y Fernández fue quien tomó primero la palabra y señaló.
“No soy abogado, soy policía, tengo 33 años de policía, nueve años estuve en el “D2″, ahora pregúnteme que hice durante los 23 años que quedaron. Tienen que mirar mi legajo y la calidad de policía que fui, tienen que mirar cuántos procesos administrativos tengo en contra. Ninguno”, sostuvo uno de los imputados.
Luego habló Garay quien manifestó estar conforme con su defensa y fue muy directo en sus palabras: “Quiero decirle al Tribunal que soy inocente”.
La jornada de hoy, con familiares en la sala, y el resto de manera virtual, comenzó cerca de las 11 y se extendió por más de cuatro horas con los alegatos finales por parte de la defensa de Luffi que le siguió una réplica por parte de la fiscalía y palabras de los imputados.
En este contexto, la defensa de Luffi pidió su absolución en el juicio por la apropiación ilegal de la hija de Poblete y Moyano.
Entre sus argumentos Mariano Tello buscó desligar a su defendida de los cargos que se le imputaban y al respecto el letrado sostuvo: “En todas las pruebas que se dijeron acá, no encuentro como se vincula a Luffi con el plan sistemático de robo de bebés, lo único que hay es la palabra de la testigo Cintia Troncoso pero no la hace parte de un eslabón necesario, ya que es parcial”.
Esta mención de la defensa de Luffi acerca de una testigo originó un pedido de réplica por parte de la fiscalía, a cargo de Daniel Rodríguez, quien entre otros considerandos le recordó al defensor que “Troncoso no fue la única testigo que señaló a su defendida”.
Una vez finalizada esta etapa técnica entre las partes, el Tribunal le concedió la palabra a los imputados y luego se retiraron a deliberar hasta pasadas las 18.30, cuando dieron a conocer el fallo.
En audiencias anteriores la Fiscalía solicitó la pena de 15, 13 y 10 años para Fernández, Garay y Luffi respectivamente.
La nieta recuperada identificada con el número 127 nació en la ex ESMA en junio de 1977 y fue sustraída de su madre luego del parto, para ser inscripta en Mendoza bajo un nombre apócrifo por el matrimonio Luffi-Fernández.
María del Carmen “Pichona” Moyano nació en Godoy Cruz, Mendoza, y luego de un primer allanamiento a su domicilio, a raíz de su labor en la villa San Martín, decidió mudarse a San Juan, donde formó pareja con Carlos Poblete, con quien compartió militancia en Montoneros, luego ambos se escaparon a Córdoba y fueron secuestrados en 1977.
De las investigaciones, testimonios y documentaciones la hija de Moyano nació en los primeros días de junio de 1977, en las instalaciones del centro clandestino de detención que funcionó en la ex Escuela de Mecánica de la Armada (exESMA).
En 2012, la Comisión Hermanos de la agrupación HIJOS Mendoza, radicó una denuncia ante la Oficina Fiscal de Asistencia en causas por violaciones a los derechos humanos cometidas durante el terrorismo de Estado sobre posibles casos de personas que podrían ser hijas de desaparecidos, y entre ellas, se encontraba la niña apropiada por Luffi y Fernández.
El 27 de diciembre de 2017 Estela Carlotto, presidenta de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, anunciaba que “la nieta 127 es hija de María del Carmen Moyano y Carlos Poblete, ambos desaparecidos”.
