Una organización criminal, pensada, diseñada y puesta en funcionamiento para lavar dinero de origen ilícito, fue la responsabilidad central atribuida a Cristina y a Máximo Kirchner durante la primera audiencia del juicio Hotesur- Los Sauces. A lo largo de la lectura del requerimiento que detalla los hechos investigados y el rol de cada uno de los imputados, la expresidenta, su hijo y otros 31 imputados siguieron la audiencia de manera virtual.
La audiencia se hizo este viernes, a sólo tres días del fallo de la Cámara de Casación que ordenó la realización de un único juicio para los expedientes Hotesur SA y Los Sauces S.A (empresas de la familia Kirchner). El Tribunal Oral Federal 5 (TOF 5) resolvió no postergar el comienzo del debate y garantizar la comparecencia de todos los involucrados en ambos casos.
Con un cuarto intermedio de 20 minutos, la primera audiencia se desarrolló desde las 10 hasta las 13. El juicio se reanudará el lunes y por el momento, mantendrá la frecuencia de dos encuentros semanales.
Sucede que el Código Procesal Penal contempla el plazo de diez días hábiles para que las partes preparen el juicio. Para este viernes estaba previsto, tal como se comunicó en septiembre, el inicio únicamente de Los Sauces. Con la decisión de esta semana de juzgar ambas investigaciones juntas, las partes pidieron que se respete el tiempo estipulado en el Código para afrontar el desarrollo de Hotesur.
El presidente del TOF 5, José Michilini, junto a sus pares Adriana Palliotti y Fernando Machado Pelloni e informaron que la lectura del requerimiento de elevación a juicio de Los Sauces demorará los diez hábiles que reclaman algunos imputados, para que después de es plazo se comiencen a escuchar los hechos investigados en Hotesur, el rol de los imputados y los delitos atribuidos.
La decisión altera el cronograma original de tres audiencias semanales y desde el TOF 5, aseguran que responde a la proximidad del fallo de la Casación.
Con esta discusión zancada al comienzo de la audiencia, por secretaría se comenzó a dar lectura al requerimiento de elevación a juicio que en 2018 firmaron los fiscales federales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques.
En 264 páginas se detallan las maniobras realizadas que posibilitaron que las operaciones de blanqueo de activos se concreten. Se determinó que la inmobiliaria fue el vehículo para blanquear más de 25 millones de pesos.
Se trató, dice el requerimiento del Ministerio Público Fiscal que en el juicio está representando por Diego Velasco, de una estructura criminal diseñada para operar durante más de doce años, “montada sobre una sincronizada división de roles dentro y fuera de la administración pública nacional, con el propósito excluyente de sustraer fondos del Estado y luego reciclarlos en el patrimonio privado de la familia presidencial”.
Mientras Lázaro Báez seguía la audiencia desde el penal de Ezeiza, Cristina Kirchner hacía lo propio desde San José 1111. Ambos están presos bajo distinta modalidad, en cumplimiento de la condena por administración fraudulenta en perjuicio del Estado juzgada en el caso Vialidad.
La lectura de las acusaciones en Los Sauces volvió a reunirlos como parte de una misma “organización criminal”. Así se describió el contexto de las operaciones de blanqueo: “Los negocios espurios fueron entablados con los “empresarios amigos”.
Toda maniobra de lavado de activos reconoce como paso previo uno o más ilícitos que la preceden y que constituyen el origen del dinero que luego será canalizado. La estructura de lavado de activos “fue instaurada en base a dos fuentes de financiamiento”, es decir, dos grupos de empresas: uno perteneciente a Lázaro Báez y el otro a Cristóbal López y Fabián De Sousa”.
La ex Presidenta volvió a escuchar la estructura delictiva que la llevó a prisión: la defraudación al Estado Nacional a través de la obra pública vial en la provincia de Santa Cruz entre 2003 y 2015. Esos fondos calificados de irregulares, con sobreprecios y un sistema de direccionamiento de los procesos licitatorios, fueron indispensables para poder canalizarlos a favor de la firma Los Sauces por parte de las empresas de Lázaro Báez.
Bajo esa definición categórica, el requerimiento acusador sitúa a Cristina Kirchner como jefa de una asociación ilícita y a su hijo Máximo Kirchner como organizador, en un esquema donde el empresario Lázaro Báez ofició de socio comercial estratégico e inquilino clave para consumar las maniobras de lavado de activos.
La acusación judicial determinó que la sociedad comercial Los Sauces S.A., constituida el 7 de noviembre de 2006 en Río Gallegos ante el notario Jorge Ludueña, jamás funcionó con los parámetros de una inmobiliaria convencional. La firma nació con un capital social de apenas 100.000 pesos, integrado en un 45 por ciento por Néstor Kirchner, un 45 por ciento por Cristina Fernández de Kirchner y el 10 por ciento restante por Máximo Kirchner, quien asumió la presidencia formal del directorio.
A lo largo de una década, la compañía careció de una sede comercial efectiva —fijando domicilios en estudios contables ajenos o en residencias particulares—, no registró empleados y concentró el 88 por ciento de toda su facturación histórica en solo dos clientes: los grupos empresariales de Lázaro Báez y de Cristóbal López y Carlos De Sousa.
Una vez que Los Sauces incorporó propiedades, hoteles y terrenos a su patrimonio, los integró a la “maniobra de lavado de dinero con el propósito de que, a partir de enero de 2009 y hasta marzo de 2016, el alquiler de aquellos fuera la causa jurídica que permitiera transferir con ropaje de legitimidad una parte del dinero de procedencia ilícita”, se escuchó en la audiencia.
Así fue que, a través de esta “maniobra ilícita y en el período transcurrido entre 2009 y 2016, los fondos que fueron facturados por la firma Los Sauces las distintas empresas del Grupo Báez y del Grupo Indalo, en concepto de alquileres de propiedades y hoteles alcanzaron un total de 25.968.042,30 pesos”.
De esa cifra global, las empresas de Lázaro Báez aportaron directamente 6.851.650,97 pesos (un 23 por ciento del total facturado), distribuidos entre Kank y Costilla (1.999.431,18 pesos), Loscalzo y Del Curto (1.691.580 pesos), Austral Construcciones (323.915,76 pesos) y Valle Mitre (2.836.724 pesos).
El grueso restante, equivalente a 18.554.725,76 pesos, provino de Inversora M&S y Álcalis de la Patagonia, pertenecientes a Cristóbal López y Fabián De Sousa, además de 561.665,57 pesos canalizados indirectamente a través de Idea S.A., pagos tipificados por la fiscalía bajo la figura penal de admisión continuada de dádivas derivadas de prebendas impositivas y contratos de obra pública.
Esa inyección permanente de “fondos espurios, provocó un incremento contable artificial: el patrimonio neto de la firma Los Sauces se disparó en más de un 12.000 por ciento, pasando de los 100.000 pesos constitutivos a superar los 12,1 millones de pesos”.
Cristina y Máximo Kirchner todo el tiempo supieron para qué se constituía la inmobiliaria y las operaciones que se realizaron con el fin de blanquear dinero.
Se escuchó durante la audiencia que la ex Presidenta formó parte de la asociación ilícita en “calidad de jefe. Diseñó, ejecutó y dirigió entre los meses de enero de 2009 y marzo de 2016 un esquema de reciclaje de fondos de origen ilícito a través de la firma Los Sauces por medio del cual se logró legitimar una porción de dinero de procedencia ilegítima”.
Fue la ex mandataria la que desde su rol de accionista de la sociedad familiar “aprobó cada uno de los ejercicios económicos de la empresa entre 2006 y 2016, avaló la compra de propiedades, terrenos y hoteles, ratificó la contratación con las empresas de sus socios Lázaro Báez, Cristóbal López”.
También fue ella quien realizó aportes irrevocables para la “formación y ejecución de la maniobra de lavado de dinero, designó a las autoridades del órgano de administración —del cual participó en calidad de directora suplente— a lo largo de todo el desarrollo de la maniobra”.
Como etapa final de la maniobra de blanqueo, Cristina Kirchner -versa la acusación-, se “benefició con el crecimiento de la sociedad familiar en más de un 12.000%, con el retiro personal de fondos y con la utilización particular de bienes a nombre de la sociedad”.
¿Qué hizo Máximo Kirchner?
El accionar de Máximo Kirchner fue igual de preponderante. El dictamen fiscal que se leyó le atribuye haber utilizado a Los Sauces para “entregar en locación las propiedades y complejos hoteleros previamente adquiridos a un grupo cerrado de firmas: Kank y Costilla, Loscalzo y Del Curto, Austral Construcciones, Valle Mitre, Álcalis de la Patagonia, Inversora M&S e Idea S.A”. Para los acusadores, esos contratos de alquiler funcionaron como la “causa jurídica simulada” necesaria para justificar un flujo millonario de fondos y otorgar apariencia de licitud al dinero de origen ilícito.
Con ese objetivo, el hijo de los expresidentes asumió un rol operativo directo: suscribió los contratos de arrendamiento y coordinó los movimientos bancarios requeridos para canalizar los fondos, interviniendo en el depósito de cheques y en las transferencias entre las compañías y los miembros de la familia Kirchner.
En consecuencia, para el Ministerio Público Fiscal, Máximo Kirchner —junto a Néstor, Cristina y posteriormente Florencia Kirchner— empleó a la firma como “un andamiaje permanente para reciclar activos”. En el caso del Grupo Báez, los fondos provenían del fraude al Estado por la adjudicación irregular de obras viales en Santa Cruz, pesquisada en la causa Vialidad. En lo relativo al Grupo Indalo, la fiscalía encuadró los desembolsos como la “aceptación encubierta de dádivas originadas en los contratos públicos y las ventajas impositivas concedidas a sus compañías”.
Desde el plano institucional, la acusación remarcó que el diputado nacional intervino de principio a fin en la vida societaria: como accionista convalidó los ejercicios económicos de Los Sauces entre 2006 y 2016 —balances que entre 2006 y 2013 también firmó en su carácter de presidente— y avaló la compra de terrenos, hoteles e inmuebles urbanos.
Asimismo, ratificó los vínculos comerciales con Báez, López, De Sousa y el Sanfelice, concretó aportes irrevocables de capital para ejecutar la maniobra y designó a las autoridades del directorio que integró tanto como titular como en calidad de suplente. Ese circuito le permitió beneficiarse de un incremento del patrimonio neto de la sociedad superior al 12.000%, materializado en retiros continuos de fondos y en la percepción de honorarios.
La última fase de la operatoria criminal consistió en la apropiación de ese dinero ya legitimado. Sin cumplir con las previsiones de la Ley de Sociedades Comerciales para el reparto formal de dividendos, Cristina y Máximo Kirchner extrajeron más de 10 millones de pesos en efectivo de las cuentas societarias, anotándolos bajo la fachada de “devolución de créditos” personales o percibiendo sueldos y honorarios.
Como corolario de esa confusión patrimonial, la sociedad adquirió residencias que los propios imputados usufructuaron gratuitamente sin pagar locación: la casona de calle Mascarello 441 en Río Gallegos, donde Cristina Kirchner fijó su residencia, y el departamento de San José 1111 en la Capital Federal, utilizado por Florencia Kirchner, cerrando así el circuito delictivo por el cual los fondos del Estado terminaron convertidos en bienes y efectivo a entera disposición de la familia.
