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cinco acusados quedaron en prisión preventiva

La Justicia dictó la prisión preventiva para cinco acusados de integrar una asociación ilícita que, según la investigación, durante meses cometió robos en distintos puntos del Gran Mendoza y el Este provincial. Los sospechosos están señalados como presuntos integrantes de una estructura que utilizaba una particular modalidad para concretar los golpes: sus miembros se presentaban como policías de Investigaciones, con chalecos, prendas identificatorias y armas de fuego.

La medida alcanzó a Tomás Alejandro Barisón, Alejo Ezequiel Peñalva, Sergio Daniel Leguizamón, Matías Alejandro Troncoso y Gastón Santiago Gabriel Mallón, quienes quedaron detenidos por su presunta participación en el delito de asociación ilícita, previsto en el artículo 210 del Código Penal. A otros imputados no les dictó la preventiva pero continúan privados de la libertad por diferentes robos.

La Justicia definirá la situación procesal de los sospechosos de integrar una presunta organización criminal que durante medio año habría cometido una serie de asaltos en distintos puntos del Gran Mendoza y el Este provincial utilizando una modalidad particular: sus integrantes…


La jueza Miriam Núñez, que dio a conocer la resolución a principios de esta semana, también rechazó el pedido de prisión domiciliaria presentado por la defensa de Mallón, quien a través de su defensa, ya apeló la medida cautelar que afecta la libertad.

La investigación comenzó a tomar forma a partir de distintos robos y terminó reconstruyendo, según la hipótesis fiscal, una organización con diferentes funciones.

Algunos de sus integrantes se habrían encargado de ejecutar los asaltos y escruches, mientras que otros conseguían vehículos, los limpiaban para eliminar rastros, almacenaban los elementos sustraídos o buscaban colocarlos en el mercado negro.

Uno de los hechos que permitió avanzar en la pesquisa ocurrió el 20 de agosto del año pasado en una casa de calle Los Álamos, en Fray Luis Beltrán, Maipú.

Cuatro hombres armados ingresaron vestidos con prendas oscuras con la inscripción PDI y aseguraron ser policías de Investigaciones. Tras golpear y amenazar al dueño de casa, escaparon en su camioneta Hilux con un televisor y un teléfono celular.

La investigación también avanzó a partir del seguimiento de un Peugeot 2008 gris oscuro utilizado en uno de los hechos. El vehículo fue localizado en una propiedad del barrio Chile, en Godoy Cruz, donde efectivos de Investigaciones secuestraron además teléfonos, dinero, relojes, herramientas, cartuchos calibre 9 milímetros, una pistola Beretta PX4 Storm con la numeración suprimida y elementos utilizados para ocultar los rostros.

Prendas, autos y registros de seguridad, las pruebas de la causa.

Entre esos objetos había gorras y prendas policiales. Los peritajes de Policía Científica permitieron levantar rastros y muestras de ADN, cuyos perfiles fueron incorporados al Registro Provincial de Huellas Genéticas Digitalizadas. Esos resultados permitieron individualizar a varios sospechosos y profundizar el análisis de sus vínculos y comunicaciones.

Otro de los golpes centrales ocurrió en un domicilio de calle Victoria, en Villa Nueva, Guaymallén, donde seis hombres irrumpieron con chalecos azules con la inscripción PDI, armas, guantes y los rostros cubiertos.

Los delincuentes preguntaban por dinero y droga. Una de las víctimas aportó luego una pista que llevó hasta uno de los sospechosos, que aparece en la causa principal.

La pesquisa también incorporó la declaración de Rodrigo Raía, detenido en otra investigación por estafas, quien aportó información sobre el funcionamiento interno de la organización y mencionó distintos roles y vínculos.

El análisis de las comunicaciones permitió, además, reconstruir conversaciones posteriores a algunos de los golpes y establecer contactos entre varios de los sospechosos.

Con las cinco prisiones preventivas dictadas recientemente, la causa avanza mientras continúa la instrucción sobre el resto de los imputados, entre ellos un sospechoso que permanece prófugo.

La acusación sostiene que existía una estructura estable que coordinaba los golpes, los vehículos, las armas, el ocultamiento de evidencias y la colocación de los objetos robados.

Las defensas, en tanto, cuestionaron la participación que se atribuye individualmente a los acusados y la existencia de elementos suficientes para mantenerlos privados de la libertad durante el proceso.

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