La designación de López Zavaleta cumplió con los pasos previstos por la ley: el abogado presentó sus antecedentes, acudió a la audiencia pública en la que dio a conocer los lineamientos de su futura gestión y no recibió impugnaciones del resto de los bloques.
En su presentación ante la Junta de Ética y Acuerdos que conduce Matías Lammens, brindó un discurso de no más de 30 minutos en el que anticipó que impulsará un Ministerio “eficiente, rápido, cercano con las víctimas y respetuoso de las garantías constitucionales” mediante seis pilares que, según dijo, guiarán su gestión. “La primera prioridad es garantizar el acceso a la Justicia de manera real”, remarcó.
María Rosa Muiños seguirá al frente de la Defensoría del Pueblo
Así las cosas, luego de que el recinto de el visto bueno al pliego del abogado se debatió precisamente las designaciones en la Defensoría. A cambio del apoyo al fiscal, el justicialismo se aseguró la continuidad de María Rosa Muiños al frente del organismo.
Su mandato vence a fines del 2026, tras haber cumplido los cuatro años previstos, y buscaba renovar por otros cuatro más. Con 56 votos positivos, ningún negativo y dos abstenciones, provenientes de la izquierda, se confirmó a la exlegisladora en el cargo.
Su recorrido en el organismo comenzó en 2004 como consultora externa del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Tras cumplir sus tareas, dejó la entidad y se incorporó formalmente a la Defensoría. Ocupó diferentes cargos hasta llegar al gabinete, desde donde trabajó en el rediseño de las políticas públicas. Luego asumió como legisladora, cargó que desempeñó entre 2013 y 2021, año en que el Palacio de la calle Perú le dio el visto bueno para volver al organismo, pero esta vez como su presidenta.
En la previa, fuentes del peronismo aseguraron a este medio que estaban dadas las condiciones para que se ratifique su nombramiento, al igual que el de López Zavaleta. “Los votos están”, aseguraron a Ámbito.
Restaba definirse quiénes ganarían la pelea por los cinco defensores adjuntos, una discusión que hasta ayer a última hora estaba abierta. La discusión se centró en el reparto de los espacios, que se dividirían entre el peronismo, los libertarios y un tercer partido.
Allí, como informó este medio, quien buscaba terciar era Angelici, pero no para el oficialismo, que ya se sabía ganador por el pliego del Fiscal, sino para colar un nombre de la Unión Cívica Radical (UCR): el de Carlos Palmiotti, un dirigente del partido y empresario cercano al “Tano”.
Finalmente, el radicalismo logró, a través de las negociaciones impulsadas por el “Xeneixe”, quedarse con uno de los cinco lugares para Palmiotti. Los otros cuatro espacios serán para María Giorgione y Giselle Furcade de LLA, tal como estaba previsto, pero se metieron en la lista Silke Mayra Arndt (PRO) y Facundo Saez (Confianza y Desarrollo).
CABA declaró obligatoria la educación inicial desde los 3 años
Durante la jornada también se aprobaron en sesión ordinaria una serie de proyectos, entre ellos, el que propone ordenar la obligatoriedad de la sala de 3 años en los jardines de infantes de la Ciudad de Buenos Aires. La propuesta, impulsada por la presidenta del bloque de UCR-Ciudadanos Unidos, Manuela Thourte, logró un consenso unánime al reunir 57 votos afirmativos, sin rechazos ni abstenciones.
Entre los argumentos señalan que actualmente CABA atraviesa por “un contexto demográfico singular” por la caída sostenida de la tasa de natalidad registrada en la última década: entre 2014 y 2024 se desplomó 50% la cifra de nacimientos, marcando una tendencia descendente que comenzó décadas atrás.
Los legisladores firmantes afirman que este escenario genera “condiciones favorables para planificar la expansión de la cobertura educativa” en el nivel inicial, aprovechando la infraestructura existente y fortaleciendo la calidad de la oferta. Así, un escenario negativo, como lo es la caída de la natalidad, puede dar paso pensar “estratégicamente” la universalización “progresiva” de la sala de 3, lo que redundaría en un beneficio a las familias y, por consiguiente, podría frenar la tendencia decreciente de los nacimientos.
Al inicio del debate, la legisladora del larretismo Guadalupe Tagliaferri destacó el trabajo realizado por Thourte. Luego ahondó sobre la situación del distrito. Explcó que pese a que la Ciudad tiene “una cobertura altisima para salas de 3”, también registra un déficit importante en la asistencia de los niños y niñas de la zona sur del distrito. “Ahí tenemos un desafío enorme”, dijo.
“Estamos haciendo obligatoria la sala de 3, que es sumamente importante, pero probablemente no tengamos la vacante para ese chico. Allí es donde más hace falta la presencia del Estado para desandar las desigualdades existentes”, continuó.
Además, afirmó que en los barrios de la región sur porteña la desigualdad de oportunidades para los menores “tiene más impacto en las familias” y en particular en las mujeres. “En las familias pobres, las escuela y los espacos de cuidado no solo benefician al chico o a la chica sino a toda la familia y a las madres”, remarcó.
Luego de destacar la contribución positiva que el proyecto podría generar sobre la tasa de natalidad, la exsenadora pasó revista al Gobierno porteño por la situación educativa de la Ciudad. En particular, centró su mirada en la crisis de los Centros de Primera Infancia (CPI).
“Les dieron un aumento del 6% cuando la inflación es del 20%. Eso es una desfinanciación. Está deshauciados”, se quejó Tagliaferri, para luego reclamarle al Ejecutivo que recomponga la situación y “deje de decirnos por Twitter que tenemos que tener hijos, mientras no hace una sola política concreta”, en alusión a las declaraciones de la vicejefa, Clara Muzzio.
A continuación Sergio Siciliano, del PRO, celebró la importancia de la ley: “Habla del compromiso de todos con la educación de los porteños. Hoy vamos a ser parte y vamos a tener el honor de contar que fuimos la Legislatura que por primera vez una jurisdicción tenga por ley la obligatoriedad de la sala de 3. Ojalá nos copien”.
El legislador también se refirió al ruido que genera esta ley en el ecosistema de los CPI. “Esto no elimina los CPI. De ninguna manera. Seguirán funcionando. Esto nos da la oportunidad de seguir avanzando en la oferta de chicos que no están escolarizados”, dijo.
En los últimos días, desde los CPI manifestaron su preocupación por la situación que atraviesan económicamente y a la que se enfrentan por la obligatoriedad de la sala de 3. “No van a desaparecer de un día para el otro” porque “no será sencilla la migración del CPI a la Sala de 3, porque pueden faltar vacantes y porque, seguramente, habrá familias que no confían en el sistema y les llevará tiempo”, agregó.
Qué dice el proyecto
En el dictamen de mayoría, aseguran que los niveles de asistencia escolar de los niños/as de 4 y 5 años en la CABA están “próximos al 100%” desde hace algunos años. Mientras que el nivel de asistencia en sala de 3 alcanza al 88%, según el CENSO 2022. Para más datos, la Encuesta Anual de Hogares de la Ciudad reportó en 2024 que el 91,2% de los niños/as de 3 años asistía a jardines o centros de primera infancia ante la disponibilidad de vacantes por la baja de la natalidad.
La incorporación de la sala de 3 años al tramo obligatorio del sistema educativo es -en palabras de los legisladores- una “oportunidad estratégica” para avanzar hacia condiciones más equitativas para la primera infancia, que además permitiría “mejorar las condiciones de organización social del cuidado, favorecer la participación laboral de las familias —especialmente de las mujeres— y fortalecer las políticas de igualdad de oportunidades desde los primeros años de vida”.
Una vez aprobada, entrará en vigencia en el ciclo lectivo del 2027, aunque se dará un plazo de dos años al Ejecutivo para que, progresivamente, adecue la oferta en sala de 3 años e incorpore a la enseñanza oficial a los niños y niñas que asisten a Centros de Primera Infancia, Centros de Desarrollo Infantil y jardines.
La administración porteña deberá también garantizar “la inclusión y el sostenimiento de la asistencia en la población de 3 años” y también difundir la oferta educativa universalizada para las edades previas, haciendo especial hincapié en la población que menos asiste. Además, tendrá que asegurar “progresivamente” la disponibilidad de oferta “de doble jornada y la modalidad de asistencia flexible”.
La propuesta llega en un contexto en el que el Ministerio de Educación porteño avanzó en políticas de reestructuración de grados y de fusión de cursos ante la caída de las matriculaciones por la tendencia a la baja de los nacimientos, hecho que impacta también en el mundo docente, con cesantías o mayor carga de trabajo.
Vehículos abandonados: impulsan proyecto para que sean reutilizados
En la jornada también se debatió y aprobó por 36 votos positivos, 14 negativos (LLA) y dos abstenciones (FIT) un proyecto impulsado por el radical Francisco Loupias para modificar la Ley N° 342 y permitir que los vehículos abandonados en las calles de la Ciudad de Buenos Aires puedan ser reutilizados con fines públicos.
La Ley 342 vigente establece un régimen específico para este tipo de vehículos, considerados un riesgo para la salud, la seguridad pública y el medio ambiente. Según plantea el proyecto, los vehículos recuperados o las autopartes podrían ser destinados, de acuerdo con su estado y con las necesidades que determine el Gobierno de la Ciudad, a organismos públicos, instituciones educativas, organizaciones u otros fines vinculados con el interés general.
“Esta ley lo que modifica es que la Ciudad no solamente pueda compactar ese auto, sino también hacerse cargo de los mismos. Según el Ejecutivo, hoy hay entre 40 y 80 vehículos que podrían ser utilizados por los ministerios y la secretarías para generar un mejor vínculo del Gobierno con la ciudadanía”, dijo Loupias.
También destacó el beneficio social, ambiental y en términos del ordenamiento del espacio público que generaría la reutilización de los automóviles que actualmente están en situación de abandono en las calles porteñas.
El legislador agradeció a los bloques que propusieron mejoras al texto original, entre ellos, un artículo que ordena al Ejecutivo informar a la Comisión de Transporte de la Legislatura, que preside Loupias, los avances del proceso y cuáles son los automoviles que se incorporan para su uso público.
El peronismo acompañó, pero con criticas. Matías Barroetaveña pidió que en la reglamentación se especifique qué tipo de vehículos podrían ser reutilizados. “Se habla de mérito, oportunidad y conveniencia y es algo amplio. Se debería aclarar la antiguedad, el kilometraje o que tenga ciertas características, como que no contamine el medio ambiente”, señaló.
El proyecto plantea también que puedan ser recuperadas las autopartes de aquellos vehículos que no están en condiciones de ser reutilizados, pero el legislador del PJ pidió que se incorpore la trazabilidad. “Nos parece bien que un motor pueda ser recuperado para una Escuela Técnica o una instancia educativa. Pero deberían tener trazabilidad. Esas partes tienen un valor, el mercado de autopartes tiene muchas zonas grises y nos evitaríamos un problema”, dijo.
La Libertad Avanza argumentó su voto negativo al hablar del proceso de recuperación del vehículo. Juan Ignacio Fernández afirmó que la celeridad con que el Estado anoticia al dueño y luego ordena la compactación puede durar menos de un mes. “Constituye una afectación gravisima al derecho de propiedad”, dijo y lo calificó de “expropiatorio”.
Para Loupias, por el contrario, el texto le da al dueño un tiempo más para recuperarlo ya que, si el vehículo está en buenas condiciones, se abrirá la instancia de reutilización y eludirá la compactación directa. “Las instancias son extensas y además, podría volver a revertirse el procedimiento”, aclaró.
