El diputado provincial Gustavo Cairo, actualmente del bloque de La Libertad Avanza, presenta mediante el siguiente escrito, las supuestas falacias con la que pretenden deslegitimar el proyecto de Carolina Losada sobre las “falsas denuncias”.
El escrito de Gustavo Cairo
Informe sesgado y falaz sobre Falsas denuncias
El Consejo Federal de Política Criminal, integrado por los procuradores (jefes de fiscales) de todo el país, publicó recientemente un informe sobre falsas denuncias, que pretende deslegitimar el proyecto que busca agravar las penas por falsas denuncias, próximo a tratarse en el Congreso de la Nación.
El método usado, fue contar todas las investigaciones penales registradas en tres años en 17 provincias, que fueron 8 millones y dividir esa cifra por la cantidad de falsas denuncias comprobadas. Esa cuenta da que el 0,09 % de las investigaciones devienen en el delito de falsa denuncia y por lo tanto, aseguran que es un fenómeno marginal y no vale la pena modificar nada.
El marcado sesgo del informe que lo torna absolutamente falaz, es que no consideran falsa denuncia, a la que se realiza y luego el acusado queda absuelto y declarado inocente. Tampoco consideran todas aquellas que se archivan y ni siquiera se elevan a juicio por carecer de pruebas o porque el acusado demostró con pruebas en la etapa preliminar, que no era cierta la acusación.
Es decir, sólo toman en consideración para este informe como “falsa denuncia” cuando el acusado falsamente acciona por este delito contra su denunciante. Es una muestra absolutamente mentirosa, porque esto ocurre sólo marginalmente, pues al ser irrisoria la pena prevista, casi nadie se embarca en un nuevo juicio en el cual no habrá consecuencia alguna para el falso denunciante. Actualmente, el Código Penal en su artículo 245, contempla como pena para una falsa denuncia, una multa irrisoria o un pena excarcelable (de dos meses a un año). Es decir, la nada misma, para alguien que ha sido procesado y muchas veces, encarcelado con prisión preventiva, por una falsa denuncia. La pena es tan incoherente, que el “falso testimonio” en una causa criminal tiene una pena mucho más elevada, de 1 a 10 años de prisión para el falso testigo (art. 275 CP).
Además, en esos 8 millones de procesos relevados, mezclan las denuncias por abuso sexual y violencia de género, con el resto de los delitos investigados, lo cual tergiversa más aún la cifra porcentual obtenida.
Entonces, si bien con un sofisma técnico alguien podría intentar defender este informe, diciendo que las falsas denuncias comprobadas son pocas, y que la mayoría de esas son por delitos distintos al abuso sexual, todos saben que el mismo no refleja el flagelo de la proliferación de falsas denuncias impunes, que se ha esparcido en los tribunales de todo el país.
Miles de casos como el de Pablo Ghisoni, el del papá de Lucio Dupuy o el de los deportistas franceses denunciados falsamente en Mendoza por abuso sexual, no figuran en ese falaz “análisis”, sencillamente porque las víctimas de falsas denuncias por este tipo de delitos, no quieren seguir con ese dilema que les ha perjudicado la vida. Además, la orden a sus fiscales de muchos procuradores que proporcionaron esos “datos”, es no accionar de oficio por falsa denuncia, sino esperar a que el perjudicado haga una denuncia por calumnias, cuya pena máxima es de 20 mil pesos de multa, totalmente irrisoria.
Es sumamente importante intentar distinguir la denuncia verdadera de la falsa, porque esta última, deslegitima la profundidad de la causa de la violencia de género. Eso lo entendieron perfectamente en el vanguardista movimiento “Me too”, y salieron a repudiar públicamente a la pareja de Johnny Depp, cuando ésta lo acusó falsamente de haberla golpeado, pues eso banalizaba la causa de las verdaderas víctimas. El documental de Netflix “Depp vs Heard” lo refleja cabalmente. En Argentina, muchos en cambio prefieren usar esta noble causa para hacer politiquería barata o cobarde seguidismo, preocupándoles muy poco la verdad, el estado de derecho y las garantías constitucionales.
Quiero creer que los señores procuradores no han querido producir este informe falso, sino que se han limitado a proporcionar los datos solicitados por ese consejo de política criminal”, que después los ha manipulado para dar esta información sesgada, que busca que nada cambie y siga entonces, el padecimiento de miles de personas denunciadas falsamente con total impunidad en nuestro país. De lo contrario, sería mucho más preocupante aún, porque ellos son los que fijan la política de persecución penal en cada provincia.
Gustavo Cairo. Diputado provincial en Mendoza.
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