El colapso de la Colectora Máxima Noreste, el conducto que transporta los líquidos cloacales de unas 600.000 personas del Gran Mendoza, derivó en una sanción sin antecedentes recientes contra Aysam. El Departamento General de Irrigación aplicó una multa que casi $120 millones tras detectar vuelcos clandestinos en canales de riego y descargas de efluentes en la vía pública de Los Corralitos.
La sanción quedó plasmada en la resolución 481, del 11 de mayo, que evaluó el expediente caratulado “Vuelco cloacal Severo del Castillo y 2 de Mayo (Ramo 12)”.
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La multa fue de 100.000 Unidades Fiscales de Agua (UFA), equivalentes a $120 millones, por el vertido clandestino de líquidos cloacales en el canal Ramo 12, perteneciente al sistema Vertientes Corralitos. Irrigación sostuvo que existieron “múltiples factores agravantes”, entre ellos daño ambiental, intervención sobre infraestructura hídrica y reiteración de las maniobras.
A esa sanción se suman otras dos penalidades anteriores: una de $10.211.250 por vuelcos cloacales en la vía pública registrados el 25 de julio de 2025 y otra de $9.275.000 por descargas en el Colector Pescara sin autorización ni aviso previo.
La cronología
La reconstrucción oficial de Irrigación comienza el 5 de marzo. Según el Acta de Inspección N°48.236, ese día el organismo recibió una denuncia telefónica de la Inspección de Cauce Vertientes Corralitos alertando que Aysam había roto la pared del canal Ramo 12, ubicado sobre calle Severo del Castillo.
El expediente señala que esa misma estructura había sido reparada pocos días antes y que la nueva rotura provocó nuevamente el vuelco de efluentes cloacales al cauce de riego, una situación prohibida por la Resolución 778/96 y sus modificatorias.
Frente a ese escenario, Irrigación avanzó con una denuncia formal ante la Oficina Fiscal N°2, en la Unidad Fiscal de Delitos contra el Medio Ambiente. A partir de esa presentación se abrió el expediente judicial P-32247/26.
Once días después, el 16 de marzo, inspectores del organismo realizaron una nueva constatación en la intersección de Severo del Castillo y 2 de Mayo, en Los Corralitos. Allí verificaron que Aysam ejecutaba trabajos sobre un colector cloacal y que, durante esas tareas, se había roto nuevamente la pared del Ramo 12 del canal Vertientes Corralitos.
Según el acta oficial, esa intervención derivó líquidos cloacales crudos —sin ningún tipo de tratamiento— directamente al cauce de riego.
La situación continuó en los días siguientes. El 18 de marzo, una nueva inspección confirmó que el desborde cloacal seguía activo. Técnicos de Irrigación realizaron entonces un muestreo bajo protocolo para determinar el nivel de contaminación generado en el canal.
Los análisis de laboratorio posteriores terminaron de agravar el cuadro: los resultados confirmaron de manera concluyente la presencia de efluentes cloacales crudos con impacto directo sobre el recurso hídrico.
Con todos esos elementos incorporados al expediente, el Departamento de Operación y Control de Calidad del Agua —dependiente de la Subdelegación de Aguas del Río Mendoza— elaboró un informe técnico que luego fue avalado por la Dirección de Gestión Ambiental del Recurso Hídrico. Allí se calificó la conducta de Aysam como de “gravedad excepcional” por la acumulación de múltiples factores agravantes.
El dictamen sostuvo, en primer lugar, que el vertido se realizó sin autorización previa del Departamento General de Irrigación, incumpliendo la normativa vigente que regula cualquier descarga sobre cauces públicos.
Además, el informe señaló una “intervención ilícita” sobre infraestructura pública, al verificarse la rotura deliberada de un canal impermeabilizado. Según Irrigación, esa maniobra provocó daños sobre la obra hidráulica, alteró el régimen de escurrimiento y generó de manera intencional el punto de vuelco cloacal.
Los técnicos también cuestionaron las medidas implementadas para contener la contaminación. Aunque en el lugar se observó un equipo de cloración, los estudios detectaron ausencia total de cloro residual, por lo que el organismo concluyó que las acciones de mitigación fueron “totalmente ineficaces”.
Otro de los puntos observados fue la falta de comunicación previa al organismo. Según el expediente, esa omisión impidió alertar a usuarios aguas abajo, activar medidas de contingencia y proteger posibles usos agrícolas o poblacionales vinculados al canal afectado.
Con esa secuencia ya consolidada, Irrigación cerró su análisis con términos inusualmente duros. El organismo habló de un “vertido clandestino de extrema gravedad”, con daño directo al recurso hídrico público, y sostuvo que Aysam incurrió en una conducta “reiterada, dolosa y agravada”. Incluso, advirtió que el episodio “excede completamente los supuestos ordinarios de sanción”.
Multa récord
El caso quedó encuadrado dentro de la categoría más grave prevista en la ley provincial 9.589, que regula las sanciones vinculadas al uso y contaminación del agua en Mendoza.
Irrigación calificó el episodio como de “gravedad excepcional” y aplicó el máximo nivel sancionatorio por contaminación y alteración de los cursos hídricos en Mendoza: 100 mil Unidades Fiscales de Agua (UFA), equivalente a $120 millones.
El antecedente de 2025 y la vía penal
El antecedente inmediato ocurrió en 2025, cuando la misma colectora sufrió otro colapso. En aquella oportunidad, Irrigación autorizó de manera excepcional el vuelco al canal Pescara mientras se ejecutaban obras de emergencia. Esta vez, el organismo rechazó una nueva solicitud y luego detectó que la empresa avanzó igualmente con otro esquema de descarga.
La resolución administrativa derivó además en una denuncia penal por presunta contaminación ambiental. La causa quedó bajo análisis judicial y, de acuerdo con fuentes vinculadas al expediente, fiscales intervinientes recomendaron avanzar con imputaciones contra responsables de la empresa.
Más allá de la sanción económica, el episodio volvió a poner en foco el estado del sistema cloacal metropolitano. La Colectora Máxima Noreste transporta los efluentes de unas 600 mil personas y arrastra antecedentes de saturación desde hace al menos dos años.
Mientras continúan las tareas de contingencia en la zona, Irrigación intimó a Aysam a presentar un plan de reparación de la infraestructura dañada y advirtió que podrían aplicarse nuevas sanciones si persisten las irregularidades.
Las claves
En la resolución, Irrigación describió una serie de agravantes.
- Intervención sobre infraestructura pública.
- Generación de un punto de descarga clandestino.
- Riesgo ambiental.
- Ausencia de medidas efectivas para reducir el impacto de la contaminación.
- Las muestras tomadas en el canal detectaron presencia de efluente cloacal crudo.
- Irrigación cuestionó las tareas de mitigación informadas por la Aysam.
- Aunque Aysam había comunicado la utilización de equipos de cloración, los análisis posteriores determinaron que no existía cloro residual en el agua intervenida.
- Falta de alertas preventivas para regantes y usuarios aguas abajo.
- Inexistencia de un plan de contingencia suficiente frente a un problema que ya había mostrado señales de deterioro desde el año pasado.
