La situación judicial del exgobernador del Chaco y actual senador nacional, Jorge Capitanich, se complicó gravemente y podría generarle dolores de cabeza en el corto plazo.
Es que el pedido de procesamiento realizado por el fiscal federal Carlos Amad en la causa por la entrega irregular de tierras fiscales y lavado de activos es la muestra más explícita de que la investigación avanzó hacia la recolección de elementos probatorios que prometen complicarlo en relación al desvío de recursos públicos.
El expediente, que avanzó en indagar sobre la adjudicación fraudulenta de aproximadamente 3 mil hectáreas a través del Instituto de Colonización, sostiene que Capitanich fue el responsable político que facilitó, decretos mediante, el traspaso de tierras con fines sociales hacia manos de allegados y empresarios vinculados al poder.
Entre los elementos de prueba más comprometedores se encuentran expedientes con trámites acelerados fuera de toda norma, autorizaciones de desmontes en áreas protegidas y exenciones impositivas otorgadas de manera discrecional a firmas que, según la fiscalía, forman parte de un entramado de lavado de activos.
Este es, quizá, el contraste más drástico con la imagen de aquel funcionario que en 2015, siendo jefe de Gabinete de la ex presidenta Cristina Kirchner, protagonizó un fuerte episodio al romper un ejemplar del diario Clarín en plena conferencia de prensa.
Aquella chicana, que buscaba descalificar la información periodística, hoy es el eco de una época donde la confrontación con los medios de comunicación servía de escudo ante el avance de las investigaciones.
No obstante, hoy ese blindaje parece haberse roto. La justicia federal lo imputó por fraude a la administración pública, abuso de autoridad y lavado de dinero, un delito que la fiscalía considera tener probado tras el exhaustivo análisis de la firmas beneficiarias y sus vínculos con el entorno de la exministra de Ambiente de Chaco Marta Soneira y el propio exgobernador.
La complicación judicial de Capitanich es sustancial, debido a que el pedido de procesamiento lo ubica como la cabeza de una banda dedicada a saquear recursos públicos, una calificación difícil de eludir por cualquier defensa que busque descalificar por el desconocimiento de los hechos.
Mientras el juez federal Fernando Carbajal evalúa el dictamen de Amad para decidir si dicta o no el procesamiento, otro frente judicial ya se encuentra elevado a la etapa de juicio oral.
Se trata de la denominada “concesionaria paralela”, aquella que investiga la venta irregular de vehículos oficiales y la adulteración de documentos públicos para desviar bienes del Estado hacia particulares.
En este otro expediente, las pruebas sobre la falsificación de actas de subasta y formularios registrales son consideradas contundentes por el Ministerio Público Fiscal.
Es una situación que lo coloca a Capitanich ante la inminencia de sentarse en el banquillo de los acusados para responder por una asociación ilícita que operó bajo el amparo de su última gestión provincial.
Como sea. Todo indica que se le acerca la noche al ex gobernador chaqueño, quien en algún momento soñó con llegar a la presidencia, pero hoy parece estar más cerca de entrar en una celda.
