La percepción de vulnerabilidad en las escuelas de Mendoza ha alcanzado niveles que mantienen en alerta tanto a padres como a docentes. Un exhaustivo estudio de opinión pública desarrollado por la consultora Opinión Mendoza pone de manifiesto que la inseguridad es hoy la principal inquietud que rodea a las instituciones educativas, superando incluso las discusiones sobre la calidad pedagógica o la infraestructura edilicia.
El informe detalla que una amplia mayoría de los ciudadanos considera que los entornos escolares se han vuelto escenarios propicios para el delito y el conflicto social, lo que impacta directamente en el normal desarrollo de las trayectorias de los estudiantes. A propósito, cabe mencionar que Mendoza, como el resto de la Argentina e incluso algunos países vecinos, está viviendo días de tensión por las recientes amenazas de “tiroteos”, que proliferaron en las redes sociales y los baños de algunos colegios en particular.
La medición sobre seguridad en las escuelas se sustentó en un riguroso diseño técnico que incluyó un muestreo probabilístico realizado en los principales centros urbanos del Gran Mendoza y zonas rurales de la provincia.
La ficha técnica de la encuesta especifica que el relevamiento se llevó a cabo sobre un universo de 1.200 casos efectivos, contemplando hombres y mujeres mayores de 18 años, con un margen de error del 2,8 por ciento y un nivel de confianza del 95 por ciento.
El trabajo de campo fue ejecutado mediante entrevistas domiciliarias y encuestas telefónicas durante el último bimestre, lo que permite trazar un mapa actualizado de la sensibilidad social respecto a la protección de los menores dentro y fuera de los edificios educativos.
Uno de los datos más reveladores del informe es la demanda social por herramientas de control más estrictas para cuidar las escuelas. El 72 por ciento de los consultados manifestó estar a favor de la instalación de cámaras de videovigilancia conectadas al sistema de monitoreo provincial en los ingresos y egresos de los establecimientos.
Asimismo, el estudio refleja una tendencia creciente hacia la aceptación de la presencia policial en los horarios de entrada y salida, una medida que históricamente generó debates pero que hoy cuenta con el respaldo de seis de cada diez encuestados debido al incremento de robos y amenazas en las inmediaciones de los colegios.
El sentimiento de desprotección en las escuelas no se limita únicamente a los hechos delictivos externos, sino que la encuesta también explora la violencia interna y el acoso entre pares. Los resultados indican que los mendocinos perciben que las escuelas no cuentan con los recursos humanos suficientes para contener situaciones de violencia.
Escuelas, seguridad privada y celadores capacitados
Un porcentaje significativo de los padres consultados subrayó la necesidad de incrementar el personal de seguridad privada o celadores capacitados en prevención de conflictos, argumentando que el personal docente se encuentra desbordado ante una realidad social que penetra las paredes del aula con una agresividad cada vez más difícil de gestionar.
En cuanto a la responsabilidad de la gestión de la seguridad en las escuelas, la opinión de los ciudadanos está dividida pero con una clara tendencia a exigir una mayor articulación entre la Dirección General de Escuelas y el Ministerio de Seguridad.
Según el sondeo de Opinion Mendoza, el 45 por ciento de los encuestados cree que la solución definitiva requiere un plan integral que combine mayor vigilancia en las calles con programas de contención social y prevención de adicciones en los barrios más conflictivos.
El dato técnico que refuerza esta idea es que en los sectores socioeconómicos más bajos la percepción de inseguridad escolar sube diez puntos respecto a los sectores medios, evidenciando una brecha de vulnerabilidad territorial preocupante.
La palabra clave para comprender el actual escenario es la prevención, ya que el informe advierte que la reacción estatal suele llegar cuando el hecho ya ha ocurrido. Los padres entrevistados destacaron que el trayecto desde la parada del colectivo hasta la puerta de las escuelas es el “momento crítico” donde se producen la mayoría de los asaltos a adolescentes.
Esta preocupación se traduce en un cambio de hábitos en las familias, donde muchas de ellas han tenido que modificar sus rutinas laborales para acompañar a sus hijos, ante la desconfianza que genera el espacio público en las zonas aledañas a las instituciones de enseñanza.
Finalmente, la encuesta concluye que el desafío para las autoridades provinciales es transformar esta percepción en políticas públicas concretas y sostenibles en el tiempo. La comunidad educativa espera que los resultados de esta medición sirvan como base para una discusión seria sobre el financiamiento de la seguridad escolar, entendiendo que el derecho a aprender está íntimamente ligado al derecho de hacerlo en un ambiente seguro.
La cifra final del estudio es contundente al señalar que el bienestar emocional de los alumnos está condicionado por el miedo, un factor que de no ser abordado con urgencia, seguirá erosionando la confianza en el sistema público mendocino.
El análisis de los consultores
Fundada por Víctor da Vila y Lucas Inostroza, la consultora Opinión trabaja en forma independiente desde fines de 2023, desde cuando empezó a concentrarse en la presencia y actividad de dirigentes políticos en las redes sociales. Ha realizado también encuestas virtuales y presenciales en sucesivas campañas electorales, con la premia de sostener un “espíritu crítico”, aseguran a Mendoza Today.
El sondeo sobre la inseguridad escolar tuvo una pregunta o guía central, que apuntó a saber si los encuestados consideraban que los colegios son lugares seguros. “Y las respuestas reflejan claramente que la preocupación de las familias es muy alta: 86 por ciento”, explican sus autores.
A modo de análisis, Da Vila confirma que el viernes y los días más conflictivos hubo un ausentismo notable. “Casi cuatro alumnos de 10 faltaron a clase por miedo, después de las amenazas. Es un número realmente alarmante. El miedo siempre es un sentimiento muy complicado de acompañar”.
A la hora de evaluar los resultados, surge otro dato fuerte. Hay una porcentaje muy grande de la población escolar, sobre todo las madres, quienes consideran que las escuelas no están preparadas para esta situación. “Y esto se traduce -precisa Da Vila- en una baja calificación para quien conduce la Dirección General de Escuelas: un 41% de aprobación que de alguna forma es contradictorio con el apoyo masivo que recibe la idea de avanzar con mano dura en relación a quienes impulsan las amenazas, falsas amenazas y a los padres en el caso de que sean menores”.
En opinión del consultor, ahora “se abre una ventana” en la cual el Gobierno provincial va a quedar en la mira y está obligado a tomar medidas de fondo. “Porque claramente estamos frente a una problemática que no es solamente escolar, sino es social”.
“(Tadeo) García Salazar muy probablemente recomponga su imagen si logra transmitir que hay seguridad en las escuelas. Si sigue con las medidas simbólicas que ha tomado hasta el momento, su liderazgo de la DGE puede entrar en crisis y la situación puede adquirir un carácter político”.
