El ministro de Defensa, Luis Petri, y la de Seguridad, Patricia Bullrich, anunciaron esta mañana proyectos para aplicar cambios en las leyes de Legítima Defensa, de Atentado contra la Autoridad y Antimafia y aumentos de penas para quienes organizan piquetes, entre otros.
También habrá modificación de la Ley de Seguridad Interior en cuanto al rol de las Fuerzas Armadas para fortalecer la lucha contra las bandas narcocriminales en Rosario y en la Ley de ADN para delitos.
En relación a las marchas y bloqueos callejeros, se buscará modificar el artículo 194 del Código Penal, que amplía las acciones tipificadas para especificar que la pena para quienes “sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas” será de uno a tres años y seis meses de prisión.
El ministro de Defensa, Luis Petri, y la de Seguridad, Patricia Bullrich, anuncian esta mañana proyectos para aplicar cambios en las leyes de Legítima Defensa, de Atentado contra la Autoridad y Antimafia y aumentos de penas para quienes organizan piquetes, entre otros.
También habrá modificación de la Ley de Seguridad Interior en cuanto al rol de las Fuerzas Armadas para fortalecer la lucha contra las bandas narcocriminales en Rosario y en la Ley de ADN para delitos.
En relación a las marchas y bloqueos callejeros, se buscará modificar el artículo 194 del Código Penal, que amplía las acciones tipificadas para especificar que la pena para quienes “sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas” será de uno a tres años y seis meses de prisión.
Además, si el acto se hace “portando un arma propia, impropia, se causare daño a la integridad física de las personas, la pena será de dos a cuatro años de prisión, siempre que no constituyere un delito más severamente penado”.
Se buscará crear la figura penal para “quienes dirijan, organicen o coordinen una reunión o manifestación que impidiere, estorbare o entorpeciere la circulación o el transporte público o privado o que causare lesiones a las personas o daños a la propiedad”, los cuales “serán reprimidos con prisión de dos a cinco años, estén o no presentes en la manifestación o acampe”.
Esta condena aumenta hasta a 6 años si se lleva adelante “mediante intimidación, simulando autoridad pública o falsa orden de la autoridad, bajo promesa de remuneración o bajo amenaza de quita o de asignación de un beneficio, plan, subsidio de cualquier índole, obliguen a otro a asistir, permanecer o alejarse de una movilización o protesta”.
También, la idea del Gobierno es cambiar el delito de resistencia a la autoridad para remarcar que “será reprimido con prisión de uno a tres años y seis meses el que empleare intimidación o fuerza contra un funcionario público o contra la persona que le prestare asistencia a requerimiento de aquél o en virtud de un deber legal, mientras estuviere cumpliendo sus funciones”.
De avanzar el proyecto en el Congreso y contar con la aprobación, la pena podría endurecerse a un mínimo de cuatro y un máximo de seis años si el hecho se cometiere a mano armada o por una reunión de más de tres personas, o si el autor fuere funcionario público o pusiere manos en la autoridad.
