El tema minería en Mendoza vuelve a tomar impulso por estos días, y así lo ha demostrado el gobierno provincial con su gira por Canadá, más los recientes dichos de Rodolfo Suarez, y las embestidas que a menudo pone en agenda el Ejecutivo.
Anoche, durante la emisión del programa Séptimo Día por Canal 7 de Mendoza, el intendente de Malargüe, Juan Manuel Ojeda, y el diputado Jorge Difonso, protagonizaron un interesante debate respecto a dicha explotación.
Al aire del medio colega, el jefe comunal del sur no anduvo con vueltas y dijo que insistirá con la exclusión de su departamento de la ley antiminera, la emblemática y resistida 7.722. En la vereda opuesta, el legislador dijo que intentará frenar esta iniciativa.
“Por respeto a todos los que participan en el proyecto mantenemos en reserva los detalles. Tenemos expertos y especialistas trabajando y queremos llevar el mejor proyecto a la Legislatura. Queremos que se abra el debate cuando corresponda y convocar a científicos, universitarios, investigadores… Nosotros solo somos dirigentes, administradores y tenemos que escuchar a los que saben“, lanzó el sureño ante la mirada del referente de Unión Popular.
Difonso, que escuchaba atentamente al jefe comunal ligado políticamente a Rodolfo Suarez, expresó: “La ley 7.722 fue aprobada en 2007 y sufrió embates, primero por vía judicial y luego por vía legislativa. En el primer caso la Suprema Corte de Justicia falló en pleno a favor de la constitucionalidad y en el segundo la expresión popular hizo que se volviera para atrás con las modificaciones a ley. Ahora intentan descuartizar la ley con esta zonificación. Entonces tememos que hoy digan Malargüe, mañana Las Heras y después Tupungato. Cuando salió la 7.722 trajimos ejemplos del mundo. Ahora los tenemos cerca. Esta semana se conoció un informe de derrame de cianuro en Jáchal, San Juan”.
El cacique sureño dejó bien en claro que no pretende “derogar la ley”, solamente pide “minería para Malargüe”. Y amplió: ” Me comprometo en ser el principal aliado de los vecinos de San Carlos o de General Alvear a luchar con ellos si no quieren minería. Sólo pedimos por Malargüe, que está sufriendo un daño al derecho humano de desarrollarse”.
Acto seguido, el legislador explicó que “La ley 7.722 no prohíbe, sino que regula y controla. Malargüe tiene proyectos aprobados como Potasio Río Colorado y Hierro Indio y nos los llevan adelante. Están buscando implementar métodos nocivos para el agua, con químicos que generan conflictos como en Jáchal”.
Y Ojeda respondió: “Que me den una sola fuente de información de una persona que haya muerto por cianuro en el tema minería. Hay que romper mitos. No se puede comparar minas que están a 4.000 metros de altura con con las que están a 500 metros, como en San Juan. Lo importante es discutir con gente que sabe. Escuchar y aprender”.
El diputado provincial entiende que Malargüe, y parte del oficialismo, pretende bajar la famosa ley. “Si lo hacen será una derrota para Mendoza. En San Juan no existe y miren lo que pasó”, añadió.
“Lo que sucede es que en el país hay situaciones críticas, como la inflación galopante, el 50% de pobreza, la corrupción en los entes de control y entonces se hacen promesas a las que con el tiempo se les cae el maquillaje. Trabajemos en conjunto para generar empleo con desarrollo sustentable e inclusivo. No comprometamos a generaciones futuras. Podemos trabajar en turismo, innovación y la misma minería que, insisto, no está prohibida por la ley que quieren derogar”, continuó el ex intendente sancarlino.
Fue ahí cuando el intendente de Malargüe volvió a dejar en claro que no pretende la derogación, si no “la excepción para Malargüe”.
“No tenemos siquiera un régimen de exploración. Tenemos dos proyectos de factibilidad y 68 de exploración de superficie pero la 7.722 no nos deja avanzar. Por eso no sabemos cuánto tenemos abajo y no podemos cuantificar”, amplió.
