Más allá de esto, el titular del organismo, Gustavo Cantero, reveló a MDZ Radio (al programa Libre de Humo) que 3 de cada 10 adjudicatarios de todos los programas del IPV “están en mora”, aunque mostró el lado medio lleno al sostener que dicha morosidad, desde que comenzó su gestión, “se redujo en un 50%”.
Además, puso énfasis en la posibilidad de lograr mayores acuerdos con sectores privados para ampliar el número de construcción de viviendas que están apuntadas a la clase media; más allá de las casas sociales que construye el Instituto.
Mora en el pago de viviendas del IPV
Cantero explicó que el IPV administra cerca de 15.000 créditos, por lo que el nivel actual de incumplimiento en el pago de las cuotas por parte de familias mendocinas ronda por lo menos unas 5.000 personas.
El funcionario sostuvo que se trata de una situación que se encuentra “dentro de los parámetros habituales” para este tipo de organismos.
“Empezamos la gestión con más del 50%, hoy estamos cerca del 30 y algo”, señaló Cantero a la FM 105.5.
Prórrogas y descuentos para cancelar créditos
Una de las herramientas que está utilizando el organismo para depurar la cartera de créditos es la extensión de los plazos para cancelar determinados préstamos, particularmente los que se otorgaron hasta el 30 de noviembre de 2017, que tenían características diferentes a los posteriores, ya que no se actualizaban por CVS (Coeficiente de Variación Salarial) y quedaron con cuotas fuertemente desactualizadas e irrisorias.
Varias de ellas no llegan ni siquiera a los $5.000 por mes y señalaron que en estas situaciones “cuesta más el trámite que lo que se recauda”.
Este régimen de beneficios fue prorrogado por un año y estará vigente hasta agosto de 2027. Los descuentos para cancelar el crédito pueden llegar hasta el 60%, dependiendo de la situación particular del adjudicatario y de su comportamiento de pago.
Desalojos: el IPV endurece la posición con quienes alquilan las viviendas
La reducción de la morosidad también está acompañada, según Cantero, por una mayor presión sobre quienes incumplen sus obligaciones o utilizan las viviendas otorgadas por el Estado para otros fines.
De esta forma, tal como estableció la ley votada este año, “ya se comenzó a implementar” la nueva legislación que agiliza los procesos de desalojo y que están trabajando con los juzgados de paz con el objetivo de acelerar los procedimientos.
“Vamos a ir primero que nada contra la gente que está subalquilando la casa”, sostuvo Cantero, en referencia a los beneficiarios que ponen los inmuebles en alquiler y, especialmente, aquellos que los ofrecen mediante plataformas de alquiler temporario.
Viviendas para clase media: el Estado financia y el privado construye
Cantero confirmó que el IPV sigue trabajando en el programa de inversión pública para el desarrollo privado que lanzó a mediados de año, mediante el cual el Estado otorga financiamiento a desarrolladores para que construyan viviendas destinadas a sectores de clase media.
Esta medida ya se implementó con el viejo esquema de las “PPP” (Participación Público-Privado) en la gestión de Rodolfo Suarez.
En este caso, la operatoria actual es por 355 viviendas, en la que el IPV financia el 40% del proyecto, mientras que el desarrollador privado aporta el 50% restante y un 10% por parte del adjudicatario.
“Creemos que la solución viene por esa sinergia público-privada”, planteó Cantero.
Pero agregó que la vivienda “no es una inversión de dos meses, tres meses para recuperarla”, por lo que hace falta “estabilidad económica, seguridad jurídica y reglas de juego previsibles” para que más desarrolladores se sumen en estos programas y puedan ampliarlos.
2.600 soluciones habitacionales en ejecución
En paralelo al proceso de créditos y viviendas, Cantero detalló que actualmente el IPV tiene 2.600 soluciones habitacionales en ejecución, correspondientes a programas como Mejoro Mi Casa, Construyo Mi Casa y el de IPV Mi Casa; más líneas de mejoramiento habitacional.
“Esperamos terminar estos trabajos que llevamos adelante en el primer trimestre del 2027, sostuvo.
No obstante, respecto a los créditos hipotecarios y los problemas a la hora de llegar a la “casa propia” por parte de miles de argentinos y mendocinos, Cantero dijo que no alcanza con el IPV, al sostener que el Estado provincial construye entre 8.000 y 10.000 viviendas durante cada gestión de cuatro años, mientras que el déficit habitacional supera las 180.000 soluciones.
“El que dice que el Estado va a solucionar el problema habitacional, desde mi punto de vista, está mintiendo”, afirmó el titular del IPV.
