Obligado por la oposición, el oficialismo abre este miércoles el debate por el crecimiento del endeudamiento familiar y la extensión de la emergencia en discapacidad.
Después de que las bancadas opositoras solicitaran una sesión especial para el 9 de septiembre por estos dos temas, La Libertad Avanza dio la orden de convocar a las comisiones de Finanzas -que se reúne a las 13.30- y Discapacidad -a las 16-, para empezar a discutir ambas cuestiones.
Los bloques no mileístas denuncian que es una jugada para hacer caer la sesión y dilatar el tema.
“Es una farsa para intentar voltear la sesión del 9, no es un avance concreto sino una maniobra para no poder tratar el tema. Lo único que podría dar un alivio es que el 9 haya quórum y las comisiones se reúnan para dictaminar los proyectos”, aseguró Itai Hagman, de Unión por la Patria.
Eso es porque no hay una fecha fijada para firmar dictamen -algo que los opositores quieren votar junto al emplazamiento en el recinto- y porque la mayoría de los proyectos tienen giro a más comisiones. Con lo cual, no discutirlo todo junto ya es una estrategia dilatoria.
Presidida por el libertario Santiago Pauli, la comisión de Finanzas se reúne a las 13.30. Están invitados para exponer los economistas Martín Tetaz; Victor Hugo Ruilova Quezada de FMyA; Osvaldo Giordano de IERAL; Jorge Colina de Idesa; Mariano Flores Vidal y Pablo Curat , ex director BCRA; el defensor adjunto de la Defensoría del Pueblo de CABA Arturo Pozzali; y Matias Huala, Director Académico de la Certificación Avanzada en Fintech en el Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA).
La Libertad Avanza puso sobre la mesa 34 de los 50 proyectos presentados sobre el tema. Hay proyectos de todos los colores políticos: de Unión por la Patria, la Izquierda, la Coalición Cívica, Provincias Unidas, e incluso de aliados de LLA, como el catamarqueño Sebastián Nóblega, la sanjuanina Nancy Picón y la salteña Yolanda Vega.
Vega plantea directamente decretar la emergencia financiera por un año y que durante ese plazo “las entidades financieras, emisoras de tarjetas de crédito y cualquier otra entidad que otorgue financiamiento destinado al consumo de personas humanas” no podrán cobrar una Tasa Nominal Anual (TNA) superior a 1,5 veces la TNA de los plazos fijos a 30 días para personas humanas publicada por el Banco Central. También limita la Tasa Efectiva Anual (TEA) y el Costo Financiero Total (CFT) que incluye intereses, comisiones, cargos, seguros y cualquier otro costo del préstamo.
Otras iniciativas también prevén un período de gracia de 60 días antes de comenzar a pagar las obligaciones, así como la implementación de instancias de mediación obligatoria que contemplen beneficios para los deudores de buena fe. Asimismo, proponen mecanismos destinados a fomentar un consumo financiero responsable, como la posibilidad de que las personas establezcan voluntariamente límites de gasto inferiores a los autorizados por la entidad financiera.
El pedido de sesión de la oposición incluye también el tratamiento del proyecto presentado por un grupo variopinto de legisladores para extender la emergencia en discapacidad -que termina en diciembre- por un año más.
Por eso, con la misma lógica forzada, el oficialismo también abre la comisión de Discapacidad este miércoles a las 16 y recibirá a funcionarios. Expondrán Alejandro Vilches, secretario nacional de Discapacidad; Esteban Giler, subsecretario de Políticas de Acceso y Apoyos; y Gianfranco Scigliano, subsecretario de Regulación, Certificación y Proyectos.
Días atrás, Juan Marino (UP) encabezó la presentación de un proyecto para extender la emergencia en discapacidad que reunió firmas de la jefa de bloque de Provincias Unidas, la santafesina Gisela Scaglia, que tiene 18 miembros; Nicolás Massot, de Encuentro Federal; Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica; la Izquierda y legisladores de Misiones y Salta que forman la bancada Argentina Federal. Y otros opositores como la cordobesa Natalia de la Sota y el puntano Jorge Fernández. Si todos ellos acompañaran en el recinto, tendrían número suficiente para aprobarlo.
El proyecto sostiene que la emergencia debe prorrogarse por un año, porque la Ley 27.793 tuvo una implementación efectiva tardía y limitada, como consecuencia del veto de Javier Milei, la posterior insistencia del Congreso, las trabas administrativas que dificultaron su aplicación y los fallos judiciales dictados en ese período.
