El juicio contra Walter Bento tuvo un momento explosivo tras la declaración de Diego Barrera, condenado a perpetua por el crimen de Diego Aliaga. Los dichos del hombre aún retumban en el arco político y judicial de Mendoza.
Barrera afirmó que fue “obligado a declarar en contra del exjuez” por el fiscal Dante Vega, dirigentes políticos, funcionarios judiciales y agentes de seguridad. Esto generó todo tipo de reacciones, principalmente sorpresa y enojo en los señalados. Se trata del exministro de Francisco Pérez, Leonardo Comperatore, el exvicegobernador Carlos Ciurca, Anabel Fernández Sagasti y a su propio exabogado, Antonio Carrizo.
Aún así, funcionarios, legisladores y magistrados provinciales o federales tienen fueron, por lo que no pueden ser citados a declarar. Se les enviará un oficio con preguntas que los convocados deben responder por escrito, bajo juramento.
La contundente respuesta
Carlos Ciurca aseguró que “no conozco al personaje y rotundamente desconozco de qué habla”.
Por su parte, Fernández Sagasti expresó: “Es una pérdida de tiempo hablar sobre un tema que es un verdadero disparate. Mis energías están concentradas en balotaje del próximo domingo. Que la Justicia haga su trabajo tranquila y si necesita alguna opinión mí, sobre este absurdo, estoy siempre a disposición”.
Allegados al Procurador de la Justicia Provincial Alejandro Gullé informaron que “no tuvo nada que ver con la maniobra de la que se le acusa”. Barrera aseguró que Gullé impidió que la investigación por el asesinato de Diego Aliaga quedara en el ámbito de la Justicia provincial, donde podía recibir una condena más leve.
Pedido de citación
El fiscal Vega solicitó sumar como testigos a las figuras públicas que el condenado a prisión perpetua por el crimen de Aliaga nombró.
“Vamos a pedir que se admita como nueva prueba la testimonial de Carlos Comperatore, Antonio Carrizo, Carlos Ciurca, Anabel Fernández Sagasti, Elena Quintero, Andrea Lazo, Carlos Torres, Víctor Virlanda, Jorge Vicchi, Eduardo Orellana (director del Servicio Penitenciario provincial), un abogado de apellido Legrand y también Romina Cucchi (quien se desempeña en la dirección de Derechos Humanos de la Corte provincial”, pronunció Vega. Sumó también al abogado Rodrigo Sánchez Buscema y al fiscal federal Fernando Alcaraz, quien investigó la muerte de Diego Aliaga.
Además, agregó que “vamos a evaluar la eventual citación de otras personas que mencionó el testigo que son Alfredo Cornejo y Alejandro Gullé“.
